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Tal como se había adelantado, el Congreso 2020-2021 aprobó este jueves por insistencia la autógrafa de ley que suspende el cobro de peajes administrados por concesionarios privados, durante la emergencia producida por el coronavirus (COVID-19).
El referido texto había sido observado por el presidente Martín Vizcarra, el pasado 29 de abril, advirtiendo las consecuencias que podría acarrear al Estado ante posibles arbitrajes.
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En su primera sesión virtual, el Congreso aprobó esta insistencia con 102 votos a favor, 1 en contra y 25 abstenciones. La bancada del Partido Morado optó por la abstención en bloque, mientras que Fuerza Popular y Acción Popular se fraccionaron al momento de marcar su posición.
La autógrafa de insistencia será remitida nuevamente a Palacio de Gobierno para su enumeración y posterior promulgación en el diario oficial El Peruano. La norma entra en vigencia un día después de su publicación.
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En la víspera, los ministros María Antonieta Alva (Economía) y Carlos Lozada (Transportes) participaron en la reunión virtual de la Junta de Portavoces y expusieron varios puntos en contra del texto legislativo.
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Ministra de Economía María Antonieta Alva se presentó se manera virtual ante la Junta de Portavoces para sustentar la oposición del gobierno ante la norma que suspende el cobro de peajes administrados por concesionarios privados.
La titular del MEF reiteró que la norma generaría un perjuicio al Estado por los arbitrajes que podrían interponer los concesionarios privados. Mientras que el ministro Lozada sostuvo que, ante una suspensión del cobro de peajes sin compensación, los concesionarios podrían dejar de cumplir con sus obligaciones de operación (atención de emergencias) y conservación (bacheos, renovación de pavimento).
“El concesionario podría dejar de cumplir con sus obligaciones de inversión lo que traería pérdidas sociales, en por ejemplo, tiempos de viajes y seguridad social”, alegó tras precisar que los concesionarios podrían reclamar lucro cesante, daño emergente y/o daño moral.
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Luis Valdez (Alianza para el Progreso, La Libertad), primer vicepresidente del Congreso, estuvo a cargo de la conducción del debate sobre la insistencia de la ley que suspende el cobro de peajes.
Firmes en su ley
Luis Simeón Hurtado (Acción Popular, Pasco), presidente de la Comisión de Transportes, sustentó la postura de insistencia y negó que esta suspensión vaya a generar costos compensatorios. “Los ingresos por los peajes se destinan en mayor parte a favor de los concedentes”, refirió tras indicar que se trata de una norma de carácter temporal que duraría aproximadamente tres semanas.
En esa misma línea, Isaías Pineda (Frepap, Lima) cuestionó que el Poder Ejecutivo solo haya suspendido el cobro de peajes administrados por el Ministerio de Transportes. “La concesionarias no deberían tener ventaja sobre otras empresas por más que administren un bien público. Estamos hablando de un evento de fuerza mayor y el Estado puede negociar antes de ir a un arbitraje”, indicó el legislador.
Martha Chávez (Fuerza Popular, Lima), alegó que respetar los acuerdos firmados no significa que el Estado no deba buscar mecanismos para renegociar los contratos con privados. Pese a ello, criticó los alcances reales que podría tener la norma. “Son muy pocos los peajes que serían tocados por esta norma, serían solo seis. Además, ¿cuánto va a durar esta norma? Teóricamente la cuarentena termina el día domingo”, dijo la legisladora fujimorista.
El Partido Morado se mostró en la misma línea que Fuerza Popular. Daniel Olivares (Lima) advirtió que, de afectar los contratos, las empresas concesionarias dejarán de cumplir las labores que realizan como el mantenimiento de las vías.
“Esta norma solo beneficiaría a un grupo reducido de transportistas que siguen cobrando flete y a las concesionarias les damos la excusa perfecta para que cobre más”, manifestó el representante morado.
Por su parte, el parlamentario Robinson Gupioc (Podemos, Lima) se refirió al tema sanitario. Según alertó, se viene poniendo en riesgo tanto a los trabajadores de los peajes como a los usuarios. A esto, el legislador Paul García (Acción Popular, Callao) acusó que las empresas concesionarias no están cumpliendo con entregar material de protección para sus trabajadores.
Rennan Espinoza (Lima), vocero de Somos Perú y autor de uno de los proyectos que dio origen a la norma, aseveró que el Estado deberá asumir la responsabilidad de haber establecido contratos que no contemplen situaciones de crisis como la que se afronta frente al coronavirus.
“En un estado de emergencia, donde la gente se está muriendo, estas empresas quieren ser indolentes. En otros países las empresas están contribuyendo, pero acá los empresarios se molestan cuando se les envía protocolos de seguridad para los trabajadores”, dijo.
Mientras que su colega de bancada, Jorge Pérez (Lambayeque) leyó un contrato donde supuestamente se estipula que la concesionaria no puede demandar al Estado por temas de “fuerza mayor”.
Casi al final del debate, Humberto Acuña (Alianza para el Progreso, Lambayeque) propuso que se revisen todos los contratos que ha suscrito el Estado con las concesionarias de peajes. “El Ejecutivo primero salió a favor de las AFP y ahora favor las concesionarias de peajes”, criticó.
Aunque su colega de bancada, Napoleón Puño (Tumbes) expresó la necesidad de que este tema sea revisado al detalle en la Comisión de Transportes, para que el Congreso “tome una mejor decisión”.
Esta norma fue aprobada el pasado 3 de abril y remitida tres días después a Palacio de Gobierno. El presidente Martín Vizcarra esperó hasta el último día del plazo legal del 15 días útiles para presentar la observación formal, el pasado 29 de abril. Así, la insistencia fue aprobada más de un mes después del primer pronunciamiento del pleno.
Desde las 00:00 horas del lunes 30 de marzo se suspendió el cobro de los peajes administrados por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), a través de Provías Nacional, mientras dure el estado de emergencia nacional.
El presidente Martín Vizcarra precisó, desde Palacio de Gobierno, que se suspendió el cobro en los 24 peajes de la Red Vial Nacional, ubicados en 12 departamentos del país que administra Provías Nacional. Es decir, ningún vehículo estará sujeto al sistema de cobranza por estos peajes. Lo aprobado por el Congreso extendió la suspensión a los peajes administrados por las empresas privadas.
