Congreso incluyó proyectos por más de S/2 mil millones en los últimos 3 años

En el debate sobre los miles de millones de soles de la ley de presupuesto, suelen pasar desapercibidos los cambios introducidos por el Congreso de la República, ya sea en la Comisión de Presupuesto o en el pleno mismo.

Una revisión realizada por este Diario a esas modificaciones muestra que el Parlamento introdujo más de 900 proyectos de obras, valorizadas en más de S/2 mil millones, en las leyes de presupuesto de los últimos tres años. A simple vista, estos montos pasan desapercibidos, pues representan menos del 1% del presupuesto anual.

El jueves, el primer ministro Salvador del Solar y el ministro de Economía, Carlos Oliva, comenzaron la ronda de sustentación del proyecto de presupuesto del Ejecutivo para el 2020. El Congreso tiene 90 días para revisarlo y proponer modificaciones. Entre los anexos del proyecto destaca el número 5, en el que se incluyen las obras directamente financiadas por el Estado.

La Constitución actual (artículo 79) estipula que los congresistas “no tienen iniciativa para crear ni aumentar gastos públicos, salvo en lo que se refiere a su presupuesto”. Sin embargo, nuestros padres de la patria le han sacado la vuelta a esta prohibición, ya sea a través de las leyes declarativas o por las modificaciones a la ley de presupuesto.

–Confesión de parte–
Los congresistas tenían iniciativa de gasto hasta 1979, pero esta facultad fue suprimida en la Constitución firmada a fines del gobierno militar. Esto se mantuvo en la Carta Magna de 1993. Lo que ocurría hasta el ‘79 era que el Parlamento aprobaba normas para la creación de obras de infraestructura, pero el Ministerio de Economía alegaba que no tenía presupuesto para financiar todos los proyectos.

Tras la prohibición, los congresistas encontraron la manera de sacarle la vuelta y comenzaron a introducir sus proyectos en la ley de presupuesto. Este Diario entrevistó a 9 parlamentarios (6 de períodos pasados y 3 del actual) y ninguno supo precisar desde qué año empezó esta práctica, pero sí reconocieron que se ha dado en los últimos cuatro mandatos.

“Yo entré en el Congreso del 2006-2010, y no entendía por qué todos se peleaban por entrar a la Comisión de Presupuesto. Luego fui entendiendo que el negocio del congresista estaba en colocar los proyectos de los gobiernos regionales y locales. Hay gente que se pelea por un interés de desarrollo en su región, pero un gran porcentaje de los cambios introducidos tiene un diezmo de por medio”, señala un excongresista nacionalista.

La Comisión de Presupuesto es la de mayor número de miembros (23) entre los 24 grupos de trabajo.

El excongresista Mesías Guevara (Acción Popular) –actual gobernador de Cajamarca– refirió que nunca vio esta negociación de manera directa, pero admite que conocía sobre esta práctica. “Había un monto para que se negocie con algunos congresistas en busca de facilitar obras. Esto en coordinación con el presidente de la Comisión de Presupuesto. Escuché que el monto libre era de S/200 millones”, dijo Guevara, quien integró la referida comisión.

Algo parecido explicaron los exlegisladores Sergio Tejada y Juan Pari, quienes también formaron parte de la comisión. “Algunos van con los oficios que llegan de las autoridades locales, pero también se escuchaba que en algunas regiones acordaban con los congresistas para que se introduzca una obra cuando ya tenían a la empresa que ganaría la licitación”, contó Tejada.

Juan Pari señaló que “es por eso que el debate sobre el presupuesto es pobre, donde la gran mayoría de intervenciones, más que abordar la esencia, asumen pedidos de proyectos que son recogidos según lo conversado con autoridades”.

Diferente percepción es la que tiene el actual congresista Juan Sheput (Contigo), quien destacó el lado positivo de esta negociación. “Los presidentes regionales o alcaldes acuden al Parlamento para solicitar apoyo. Hay veces que corren al ministerio en busca de que se transfiera el presupuesto y ejecutarlo rápidamente. Entonces el congresista interviene para generar un desarrollo dinámico. Que se haya contaminado en algunos casos, es otra cosa”, dijo.

Otro legislador actual, quien pidió no revelar su nombre, también defendió la negociación y refirió que el MEF es quien tiene el poder de decisión. “Algunos hablan de una bolsa, pero es feo decirle así. Lo que hay, en realidad, es un margen hacia arriba y hacia abajo, que ellos [MEF] pueden mover. Por ejemplo, a la provincia Condesuyo le corresponden S/450 mil, que puede llegar hasta S/600 mil o reducirse a S/150 mil. Eso lo define el MEF, ellos tienen la sartén por el mango”, acota la fuente.

Alejandra Aramayo (Fuerza Popular) tuvo una visión más autocrítica y aseguró que los legisladores no deberían correr traslado de los oficios que reciben de autoridades subnacionales, pues ellos deberían enviarlos directamente el MEF. “Yo traslado oficio, pero no puedo garantizar que se ejecute porque [su realización] es voluntad del Ejecutivo. Pero de ahí sacan este tema de los lobbies creados por algunos, que no trasladan el oficio, sino que concertan de alguna manera para obtener algún beneficio a futuro”, afirmó tras resaltar que las denuncias sobre el mal uso de esta facultad vienen de años atrás.

Aramayo advirtió que también hay congresistas que realizan lobby para otros sectores del Estado. “En el debate ves a congresistas que hablan en representación de sectores. Hay de todo. La verdad es que no deberíamos ver proyectos particulares, sino temas institucionales”, añadió.

El exlegislador Jorge Rimarachín denominó a este monto un “bolsón congresal”. “El Ejecutivo le da una bolsa al Congreso que el presidente de la Comisión de Presupuesto administra. Este presidente lo reparte políticamente entre los miembros de su bancada o del resto de grupos. Cuando se otorga a otras bancadas es por maniobra política, ya sea por votos o porque son aliados”, aseguró.

La presidencia de la Comisión de Presupuesto siempre estuvo en manos del oficialismo. En este quinquenio, eso cambió debido a que Fuerza Popular consiguió una mayoría de 73. En el 2016, el gobierno buscó mantener la presidencia, pero Fuerza Popular no la cedió. 

–Denuncias sobre malas gestiones presupuestales –
1-La existencia de este bolsón congresal en la ley de presupuesto dejó de ser un rumor cuando el fiscal contra el crimen organizado de Chiclayo Juan Carrasco abrió investigación contra seis parlamentarios por supuestamente gestionar obras en el Parlamento. Los legisladores investigados son Héctor Becerril (Fuerza Popular), Javier Velásquez Quesquén (Apra), Clemente Flores (Peruanos por el Kambio), Marvin Palma (Contigo) y Carlos Bruce (no agrupado). Todos los legisladores han negado las imputaciones del fiscal.
En esa indagación fiscal, la empresaria Mirtha Gonzales Yep aseguró a “Cuarto poder” (Canal 4) que compró materiales valorizados en más de S/74.000 para remodelar la casa de Héctor Becerril, en Trujillo, con el fin de que el congresista intervenga a favor de la empresa Constructora CRD Filial Perú. En el 2017, esta empresa obtuvo la licitación de una obra valorada en aproximadamente S/11 millones. Becerril ha negado las imputaciones.

2-En el 2018, una serie de videos y audios mostró a congresistas ofreciendo votos en contra de la vacancia de Pedro Pablo Kuczynski a cambio de obras de infraestructura en regiones. Kenji Fujimori, uno de los protagonistas, afirmó que en la Comisión de Presupuesto del Parlamento, presidida por FP, hubo una repartija de obras. “Se repartieron obras por el valor de S/5 millones a cada parlamentario de Fuerza Popular con su lista de proyectos en mano”, manifestó.

3-Otras denuncias quedaron en el aire. En junio del 2018, por ejemplo, “Panorama” (Canal 5) publicó un video en el que Luisa Meneses, la entonces alcaldesa del distrito de Pacarán, Cañete, asegura que el congresista Percy Alcalá (FP) realizó gestiones para poner en marcha una obra de agua potable. A cambio de ello, este ordenó qué empresa debía supervisar los trabajos, según el relato de la exalcaldesa. El legislador Alcalá negó lo dicho por Meneses y afirmó que la denunciaría por difamación. Dos meses después, Alcalá fue nombrado presidente de Presupuesto.

4-El Congreso pasado también registra denuncias. A Martín Belaunde Lossio, ex jefe de campaña de Ollanta Humala, se le investiga por supuestamente ayudar a empresas a ganar licitaciones por S/150 millones. Entre las pesquisas en su contra, se refirió que Belaunde Lossio habría utilizado sus influencias en la bancada nacionalista para modificar la ley de presupuesto del 2013, y así incluir una partida para la construcción del polideportivo Elías Aguirre, en Chiclayo, obra que recayó en la empresa Antalsis, vinculada a él. Pese a que en su momento lo negaron, en el registro de visitas del Congreso se confirmó que se realizó, por lo menos, una reunión con Víctor Isla y otra con Josué Gutiérrez, cuando el primero era presidente del Congreso y el segundo presidía la Comisión de Presupuesto. La coordinación era más fácil debido a que todos eran oficialistas.