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Pese a la crisis de inseguridad que golpea al país y el pedido que realizaron diversos gremios empresariales afectados por este problema, la Junta de Portavoces del Congreso, donde están representadas las trece bancadas parlamentarias, rechazó por mayoría debatir la derogación la Ley N°3210, que cambió la definición de crimen organizado y estableció que para los allanamientos debe estar el abogado del imputado.
Esta norma a pocos meses de haber entrado en vigor viene dificultando duramente la labor de la Policía Nacional y el Ministerio Público frente a la delincuencia.
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El titular del Poder Legislativo, Eduardo Salhuana (Alianza para el Progreso), propuso que, en la sesión de este lunes 30 de septiembre, se evalúe y debata la iniciativa de la parlamentaria Ruth Luque (Bloque Democrático) que busca que la norma sea derogada. La parlamentaria había solicitado que su proyecto de ley se aborde directamente en el pleno y sea exonerada del trámite en comisiones.
Sin embargo, la propuesta fue rechazada por la mayoría de agrupaciones y ahora tendrá que seguir un largo camino en la Comisión de Justicia, presidida por Perú Libre, la bancada que promovió la polémica ley y tiene a su líder, Vladimir Cerrón, prófugo de la justicia.
Fuentes parlamentarias detallaron a El Comercio que la propuesta solo recibió el respaldo del Bloque Democrático Popular, Juntos por el Perú-Voces por el Pueblo y la Bancada Socialista. Y que Salhuana no expresó postura alguna durante el debate, como sí lo había hecho horas antes ante las cámaras de la televisión.
El rechazo vino del resto de agrupaciones. Estas son APP, representada por Alejandro Soto, colega de Salhuana; Podemos Perú, Renovación Popular, Perú Libre, Fuerza Popular, Somos Perú, Acción Popular, Avanza País y Honor y Democracia.
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En la sesión también estuvieron presentes Patricia Juárez (Fuerza Popular) y Waldemar Cerrón (Perú Libre), quienes ocupan la primera y segunda vicepresidencia del Congreso, respectivamente. Este último es investigado junto a su hermano por organización criminal. En tanto, el tercer vicepresidente, Alejandro Cavero (Avanza País), participó de forma virtual.
Las mismas fuentes señalaron que ellos no participaron de la votación.
Votaron en contra
- José Williams (Avanza País), Guido Bellido (Podemos Perú), Flavio Cruz (Perú Libre), Elvis Vergara (Acción Popular), Arturo Alegría (Fuerza Popular), Alejandro Muñante (Renovación Popular), José Cueto (Honor y Democracia), Héctor Valer (Somos Perú), Segundo Quiroz (Bloque Magisterial), Alejandro Soto (APP).
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Horas antes de la Junta de Portavoces, el titular del Parlamento afirmó, en declaraciones a los medios de comunicación, que propondría un pleno extraordinario sobre seguridad ciudadana para este martes 1 de octubre en el que se aborde la derogatoria o modificación de la ley del crimen organizado y también el dictamen que plantea tipificar la figura de terrorismo urbano.
Además, opinó que la norma del crimen organizado debía ser modificada “en cuanto se refiere al allanamiento y a definición del delito que, aparentemente, habría excluido varios ilícitos penales”.
No obstante, parlamentarios que participaron en la sesión, como José Cueto, vocero alterno de Honor y Democracia, indicaron que Salhuana no llegó a proponer la realización de la sesión extraordinaria y la Junta de Portavoces solo aprobó que el tema del terrorismo urbano sea visto recién el jueves 3 de octubre por la representación nacional.
Por la tarde, tras salir de la sesión, Salhuana aseguró que la Comisión de Justicia será la responsable que evaluar la ley del crimen organizado, pero con miras a modificarla y no derogarla. “Eso vendrá con el dictamen de la Comisión de Justicia [...] Mi posición personal es que deben modificarse varios aspectos [...] Se ha exhortado al presidente [Isaac Mita] que lo trabaje con celeridad”, remarcó.
Además, justificó la decisión de no abordar la tipificación del terrorismo urbano bajo el argumento de que se va a convocar el miércoles a “una mesa técnica para incorporar aportes” de más de diez especialistas.
“El miércoles vamos a presentar un texto sustitutorio a lo acordado por la Comisión de Justicia”, acotó.
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En tanto, la legisladora Ruth Luque, cuestionó la decisión de la Junta de Portavoces. “Solo mi bancada, Bloque Democrático Popular; Juntos por el Perú y la Bancada Socialista votaron a favor de que el proyecto se vea en el pleno. Todas las demás bancadas han defendido la ley”, dijo a este Diario.
“Los argumentos han sido de defensa de la ley y el presidente del Congreso no ha tenido ninguna postura. El mensaje que dan es que defienden su ley y sus intereses”, agregó.
En tanto, en diálogo con El Comercio, los parlamentarios Guido Bellido (Podemos Perú) y José Cueto (Honor y Democracia) justificaron sus votos en contra de que la iniciativa para derogar la ley pase directamente al pleno.
“El proyecto no cuenta con dictamen de la Comisión de Justicia. Lo que hemos quedado es que tiene que la iniciativa tiene que pasar por trámite regular. No hubo mayor debate”, declaró Bellido.
“[Que la norma pase al pleno] sin ver motivos y razonamientos que se debatan en la comisión respectiva, no me parece”, respondió Cueto.
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La decisión de la Junta de Portavoces deja de lado la solicitud que hicieron la semana pasada diversos gremios empresariales para que la norma sea derogada y que se tipifique en el más breve plazo el delito de terrorismo urbano.
En un comunicado, la Accep, ACP, Asociación de Bodegueros del Perú (ABP), Ahora Perú, Adex, Anacab, ARMAP, Aspan, Aprores Perú, Asociación Pyme Perú, Canatur, CCL, Agrupación de Ferreteros del Perú, SNI, Unión de Gremios y Asociaciones de Restaurantes del Perú, Perúcámaras, MUP, Plataforma Nacional Gremios Mipymes, Mesa Redonda, Comexperu, Confiep y la Asociación Empresarial Gamarra Perú demandaron al Gobierno de Dina Boluarte y el Congreso acciones más firmes contra la inseguridad.
“Las industrias, bodegas, salones de belleza, restaurantes, ferreterías, comercios textiles, transportistas y hasta los comedores populares somos víctimas diarias de este flagelo. Vivimos bajo el asedio de una criminalidad organizada que ha tomado el control del país ante la ausencia alarmante del Estado”, expresaron en su mensaje.
Ejecutivo presentará proyecto propio sobre terrorismo urbano
Anuncia ministro Santiváñez
- El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, anunció que el Poder Ejecutivo presentará su propio proyecto de ley sobre terrorismo urbano, a fin de enfrentar la ola de delincuencia que afronta el país. En declaraciones a la prensa tras asistir al Congreso, indicó que la iniciativa del Gobierno incluye cuatro delitos: sicariato, extorsión, secuestro y posesión ilegal de armas de fuego.
- “El Ejecutivo está presentando un proyecto de ley de terrorismo que incluye diversas figuras típicas, diversos delitos. Están el sicariato, la extorsión, el secuestro y también la posesión de armas de fuego de manera ilegal”, expresó.
- Sin embargo, no dijo una sola palabra con respecto a la ley sobre el crimen organizado y reiteró sus críticas a la labor del Ministerio Público.
- Posteriormente, en diálogo con El Comercio, Santiváñez precisó que el proyecto se estaría presentando mañana (martes) o el miércoles luego de que los ministerios den su “opinión técnica”.
Cuestionan decisión de la Junta de Portavoces
En diálogo con El Comercio el exministro del Interior Carlos Basombrío, el exviceministro Ricardo Valdés y los exprocuradores Luis Vargas Valdivia y Antonio Maldonado cuestionaron la decisión de la Junta de Portavoces y opinaron que la norma del crimen organizado debe ser derogada porque sino se estaría dando un mensaje a favor de la delincuencia. Además, señalaron que tipificar el delito de terrorismo urbano no sería la solución para el problema de inseguridad de afronta el país.
Basombrío opinó que el mecanismo más “sencillo” es derogar la norma y elaborar una “con más calma”, que tome en cuenta las opiniones de especialistas, como la Fiscalía de la Nación y la Policía Nacional.
Bajo su lectura, la norma aprobada por el Congreso, que entró en vigencia en junio pasado, tiene diversos aspectos “confusos”, entre ellos que solo puede investigarse el delito de organización criminal cuando se afecta a toda una “economía criminal”.
“Si eso no lo eliminan sigue abierta la ambigüedad sobre si la extorsión es o no un delito investigable por crimen organizado”, destacó.
Basombrío subrayó que, al aprobar esta norma, el Parlamento quito 59 tipos penales del delito de extorsión y que, el alcance es tan extenso, como para pensar que “los congresistas que la aprobaron para protegerse no vayan a mantener” las modificaciones.
“Acá estamos ante una búsqueda de impunidad de congresistas que ha, además, afectado toda la lucha contra el crimen organizado [...] Derogan la norma, forman un grupo de trabajo serio, invitan a especialistas, y se realizan modificaciones razonables”, expresó.
También dijo que la decisión de la Junta de Portavoces “refuerza el mensaje” de que de que el Congreso “está a favor del crimen”.
Con respecto a la tipificación del delito de terrorismo urbano, Basombrío indicó que “cambiarle el nombre a las cosas no soluciona los problemas” y que lo importante es tener una estrategia para atrapar a los culpables.
“A este gobierno le gusta cambiar el nombre a las cosas. La presidenta dijo que iban a cambiarle de nombre al Ministerio del Interior como una gran cosa y no se han atrevido a hacerlo porque iba a ser un ridículo. Más importante que cambiarle el nombre a las cosas es hacer las cosas bien. El problema principal que tenemos ahora es que el Gobierno da palos de ciego en la lucha contra el crimen organizado”, agregó.
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Una opinión similar tuvo Valdés. A su criterio la derogación de la ley sería la medida más efectiva debido a que “carece de lógica” y ha “generado una serie de problemas”. Uno de ellos tiene que ver con los allanamientos, dijo el exviceministro, “porque está dificultando muchas intervenciones policiales y fiscales”.
Otro con la definición del delito y que se tenga que “comprobar de que la intencionalidad de la organización es controlar una cadena de valor de un mercado ilícito”. Y luego que se haya elevado la valla de los 6 años, con lo que “sacaron del camino” varios tipos penales, dentro de los cuales prácticamente se fueron todos los de corrupción.
A su juicio, la decisión del Congreso va en la línea de todos los proyectos de ley que se han presentado para debilitar el sistema de justicia, entre ellas las normas sobre la colaboración eficaz y la que favorece a la minería ilegal.
Finalmente, calificó de “engaña muchachos” y “vende humo” la propuesta para tipificar el terrorismo urbano. “No se requiere de eso, lo que se requiere es gestión. Las normas están ahí, la cuestión es aplicarlas bien y darle recursos a las entidades que investigan”.
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Para Vargas Valdivia, con esta decisión, lo que el Congreso comunica es: “Yo soy el rey y hago lo que quiero. No me importa lo que la gente piense”.
El exprocurador cuestionó, además, que haya parlamentarios que pongan trabas a la derogatoria y defiendan la norma.
“Yo creo que a lo mejor es derogar”, remarcó. No obstante, advirtió que, aunque la norma sea abolida, el Parlamento ya ha ocasionado un grave daño al haberla aprobado “porque todos aquellos actos cometidos o imputados durante la vigencia de la norma derogada se mantienen”.
Sobre el proyecto para tipificar el terrorismo urbano, opinó que el dictamen no reúne los criterios y que no se especifica, por ejemplo, en qué se diferencia de la figura de terrorismo.
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A su turno, Maldonado también afirmó que la vía es derogar la ley. Bajo su análisis, no correspondía que el Congreso haya aprobado una norma de esa naturaleza debido a que “no cabía, ni correspondía hacer ningún cambio” al texto.
“Tanto en el fondo, como en la forma, esa norma es altamente ineficiente e innecesaria y tiene que ser derogada en términos absolutos”, sentenció.
Para Maldonado, con la decisión de la Junta de Portavoces, el mensaje es de “impunidad”. Además, calificó los proyectos para tipificar el terrorismo urbano como “demagogia pura”.
