La Mesa Directiva del Congreso se reunirá este viernes a las 10:00 a.m. para definir el camino que se seguirá respecto a la pensión vitalicia otorgada a Alberto Fujimori, en su condición de expresidente, tras la controversia generada a lo largo de los últimos días. Así lo confirmaron fuentes de El Comercio.
La propuesta que el titular del Parlamento, Eduardo Salhuana (Alianza para el Progreso), llevará a la reunión es que el tema sea sometido a una consulta con expertos y que, en tanto, se ello resuelva, esta sea suspendida. “Es una iniciativa de la Presidencia, que espero que sea acogida con receptividad por nuestros vicepresidentes”, dijo Salhuana en la víspera a Canal N.
La situación —inédita en sí misma— tendrá que ser discutida con el resto de los integrantes: Patricia Juárez (Fuerza Popular), Waldemar Cerrón (Perú Libre) y Alejandro Cavero (Avanza País). La discusión legal abierta es si, al haber sido condenado por la justicia y con un indulto de por medio, Fujimori puede recibir este beneficio, de conformidad con la Ley N°26519.
Tanto Juárez como Cavero han remarcado públicamente que el tema es meramente técnico; sin embargo, se han mostrado abiertos a debatir la propuesta de Salhuana en la mesa. En tanto, Cerrón no se ha pronunciado; aunque el legislador presentó —en mayo— un proyecto para derogar este beneficio para los exjefes del Estado.
Así, es muy probable que la propuesta de Salhuana sea aceptada por el resto de los integrantes de la mesa directiva, según distintas fuentes consultadas. Sin embargo, el tema no está del todo cerrado. El vocero del partido Fuerza Popular, Miguel Torres, adelantó a este Diario que votarían en contra de la iniciativa y dijo que les sorprende “una propuesta como esa”.
En el marco de esta discusión, en el Legislativo también se aprovecharía la oportunidad para zanjar cualquier discusión legal sobre el otorgamiento de las pensiones. El propio Salhuana adelantó en la víspera que priorizará la decena de proyectos de ley sobre este tema.
Distintos juristas como Aníbal Quiroga y Natale Amprimo han opinado que al exmandatario no le corresponde este beneficio. El expresidente del Tribunal Constitucional Ernesto Álvarez opinó en esa misma línea y dijo a El Comercio que un indulto —como el que se otorgó a Fujimori— “no borra ni el delito ni borra la sentencia [condenatoria], lo único que hace es evitar que el condenado continúe cumpliendo una pena”.
“Por encima de la opinión que podamos tener de Alberto Fujimori, evidentemente no le corresponde. No le corresponde por una interpretación a la norma, que indica que no puede otorgarse pensión a un expresidente cuando ha sido materia de una acusación constitucional. Este impedimento se levanta si es que obtiene una resolución judicial, como consecuencia de la acusación constitucional”, dijo Álvarez.
“Por tanto, lo que se necesita para tener la pensión, es tener la condición de inocencia. Alberto Fujimori tiene la condición no solamente de culpable, sino que habiendo sido objeto de una acusación constitucional tiene varias sentencias ya consentidas y ejecutoriadas por las cuales, muy lejos de tener la condición de inocencia, tiene la condición de culpabilidad. Ahora, esas sentencias nos pueden merecer también diversas opiniones, pero jurídicamente es lo que hay”, agregó.
No responden
El otorgamiento de la pensión se aprobó administrativamente durante la gestión anterior, y fue notificada al propio Alberto Fujimori el pasado 10 de julio por el Departamento de Recursos Humanos del Congreso. El pedido se realizó a fines de abril.
La Procuraduría Anticorrupción busca retener parte de la pensión que el Congreso aprobó a Fujimori, tal como lo informó este Diario, a raíz de la deuda acumulada que mantiene el exmandatario que asciende aproximadamente a S/57 millones por concepto de reparación civil.
Fuentes de El Comercio confirmaron que el Parlamento aún no ha notificado formalmente a la citada procuraduría la decisión de otorgar este beneficio a Fujimori. Esto a pesar de que en junio —tras conocerse el pedido de Fujimori— se envió un documento solicitando ser informados ni bien se tome una decisión.
Las fuentes también indicaron que el pasado viernes, tras conocerse públicamente de la decisión administrativa del Congreso, la Procuraduría Anticorrupción reiteró su pedido. En tanto no se notifique de manera formal, este órgano no podría iniciar el proceso de solicitud de embargo, según las fuentes.
