Hace casi un mes, el congresista Alejandro Muñante (Renovación Popular) le envió una carta al presidente del Parlamento, Alejandro Soto (APP), donde le demanda poner a debate la norma que amplía los impedimentos para postular a cargos de elección popular. No obstante, no ha recibido una respuesta. El legislador advirtió que de no aprobarse esta reforma en el 2026 puede haber candidatos que antes hayan purgado cárcel por terrorismo, homicidio, secuestro, entre otros.
— Desde diciembre se encuentra en cuarto intermedio el dictamen que establece mayores candados para postular a sentenciados por asesinato, secuestro, entre otros. ¿Por qué no se ha vuelto a debatir esta reforma en el pleno del Congreso?
Nosotros estamos muy preocupados por eso. El Consejo Directivo del Congreso incluyó el 6 de junio de 2023 este tema en agenda, y el 13 de setiembre pasado, la Junta de Portavoces también acordó su debate. Es decir, desde setiembre esta reforma estaba en la agenda del pleno y recién el 15 de diciembre, que fue la última sesión de la legislatura anterior, se debatió, pero se pasó a un cuarto intermedio. ¿Por qué se pasó a esta etapa? Porque hubo voces de que se incluyan otros delitos a la lista. También había opiniones encontradas sobre los años de impedimento, nosotros, desde Renovación Popular, sugerimos 15 años y no 10 años. La legislatura fue cerrada abruptamente por el señor Soto sin que se haya acordado un nuevo texto. Y al día de hoy no se ha puesto [a debate], este dictamen ya está en la agenda.
— ¿De quién o quiénes es la principal responsabilidad de esta dilación?
Mira, en principio, si un dictamen ya está en la agenda del pleno, entonces, yo creo que es el presidente del Congreso el que tiene la responsabilidad de volver a colocarlo en el debate. Si no estuviera en la agenda del pleno, le correspondería a la Junta de Portavoces incluirlo en la agenda. Esto depende del presidente del Congreso [Alejandro Soto] en coordinación con la presidenta de la Comisión de Constitución del Parlamento [Martha Moyano].
— ¿Ha faltado voluntad política de Soto y de Moyano?
Yo creo que lo está sucediendo es que están dudando sobre si se cuenta o no con los votos para la aprobación de este dictamen, pero esto no debe ser determinante para seguir aplazando el debate. Si bien es cierto que, al tratarse de una reforma constitucional, necesita 87 votos para ser aprobada, al ponerse esto en debate vamos a poder ver, de acuerdo con la participación de los congresistas, cuántos votos se tiene. Y si hay mucha resistencia, entonces Moyano puede postergar el debate. La vez anterior solo participaron dos o tres congresistas, no se pudo sondear si quiera la posición de las demás bancadas. Con especulaciones no se podrá.
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— ¿Existe consenso en el Congreso para aprobar esta reforma a la Constitución? El dictamen propone impedir la postulación de sentenciados por una serie de delitos, entre ellos peculado. Por ejemplo, Vladimir Cerrón, secretario general de Perú Libre, tiene una condena por ese ilícito.
Sí, claro, tiene una condena por ese delito, está prófugo y también es procesado por terrorismo. Por ese lado, Perú Libre podría presentar objeciones para aprobar este proyecto. Sin embargo, habría que precisar que este proyecto es solo para aquellos con sentencia firme. Si los congresistas anteponen los intereses del país y no los de su líder partidario deberían aprobar esta norma. Lamentablemente, creo que van a priorizar los intereses de Cerrón. De ellos no vamos a tener respaldo, apelo a las otras bancadas con quienes podríamos llegar a los 87 votos.
— De no llegar a los 87 votos, ¿se podría llevar a referéndum?
Lo más probable es que esa iniciativa se apruebe con más de 66 votos, llegar a los 87 votos es lo que algunos dudan. Si se aprueba con más de 66 votos puede ir a referéndum. El problema es cuándo, si es en el 2026 sería tarde, no tendría efectos retroactivos para los que postulen en ese momento. El referéndum tendría que ser mucho antes, pero para hacerlo se requieren S/12 millones. Esto se puede evitar si los congresistas se ponen del lado de la democracia.
— Antauro Humala- condenado por homicidio agravado, secuestro y sedición por el “andahuaylazo”- ha referido que si aprueban esta reforma constitucional habrá “medio millón de reservistas frente al Congreso”. ¿Cómo interpreta sus palabras? ¿Es una amenaza al Parlamento?
Como un atentado abierto contra la democracia, como una práctica antidemocrática que debería ser evaluada seriamente por el fiscal de la Nación. Yo soy autor de una denuncia ante la Fiscalía de la Nación para que, en razón de la Ley de Organizaciones Políticas, pueda el señor Villena denunciar ante la Corte Suprema al partido de siglas ANTAURO para que se anule su inscripción por incurrir en prácticas antidemocráticas. Ayer [martes], el fiscal de la Nación estuvo en la Comisión de Constitución y le hice recordar que mi denuncia estaba pendiente de resolver. Y esta expresión debe ser tomada en cuenta.
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— Por la redacción del dictamen, esta ley también aplicaría para el expresidente Alberto Fujimori. ¿Cree que por eso viene la demora de Martha Moyano, de Fuerza Popular, en presentar una nueva fórmula?
No estoy seguro si el expresidente Fujimori ha sido sentenciado por corrupción…
— Fue sentenciado por homicidio y secuestro…
No tengo esa precisión, el expresidente Fujimori ha sido indultado y como tal tiene otras prerrogativas y esta norma, a mí juicio, no le alcanzaría, es solamente para aquellos que han cumplido su pena, no es para otro tipo de sentenciado. En el caso de Fujimori al haber sido indultado se le ha exculpado de todo delito, por ende, podría, no le debería afectar…
— Con el indulto no se le ha exculpado a Fujimori de los delitos por los cuales fue sentenciado, se le perdonó parte de la pena…
Perdón, ese es el término correcto, a él se le ha perdonado, y por ende ese efecto que genera el indulto, hace una especie de borrón y cuenta nueva…
— En la redacción de la norma dice “sentenciado” y el señor Fujimori fue sentenciado. El dictamen no tiene una condición especial para un indultado. ¿Por qué la norma no aplicaría a Fujimori, si él ha sido condenado por homicidio y secuestro?
Por la propia naturaleza del indulto, cuando una persona es indultada es perdonada de su pena […] En este caso en particular la norma solo es para aquellos que fueron sentenciados y cumplieron su pena. Las normas que restringen derechos deben ser taxativas.
— Esa es la interpretación que usted hace…
En todo caso, deberán definir eso en la reglamentación y lo tendría que hacer el Jurado Nacional de Elecciones.
— ¿Cuáles son los riesgos de no colocar mayores candados a las candidaturas?
Lo que pasaría es que tendríamos a un Antauro Humala postulando [en el 2026], a pesar de haber sido sentenciado por rebelión y por asesinato. También tendríamos a varios que han cumplido su pena por terrorismo y que pululan a nivel nacional incursionando en colegios o participando en marchas violentas. Estas personas que han salido de las cárceles han ingresado a diversos sectores podrían fácilmente postular al Congreso o a la Presidencia, sería nefasto tener este tipo de gobernantes. Ellos no cambian de pensamiento, no han sido resocializados, la cárcel no ha servido para eso. Y al no cambiar de pensamiento tienen una ideología antidemocrática.
— ¿Cuál es su balance sobre el rol de Soto en esta reforma constitucional?
He visto poca voluntad [de Soto] para fomentar el debate de la reforma sobre impedimentos, pero también he visto desconocimiento. ¿Por qué? Porque en un tuit que me respondió dijo que no depende de él que el tema se agende, sino de la Junta de Portavoces. Sin embargo, al ya haber sido puesto en la agenda del Parlamento, ya no se necesita de la Junta de Portavoces, sino de él, parece que él no tiene conocimiento exacto del estado de esta importante iniciativa que ya se encuentra en la agenda del pleno desde hace ya bastante tiempo.
“Los congresistas no estamos para ser amigos ni de presidentes ni de ministros, nosotros somos fiscalizadores del Ejecutivo”, afirmó Muñante. (Foto: Hugo Pérez | El Comercio)
— ¿Está de acuerdo con el aumento de S/3.382 por el concepto de asignación de función congresal? ¿Es necesario que este tema sea debatido en el pleno de manera abierta y transparente?
Para mí, sí es necesario que esto se debata [en el pleno]. Considero que [este aumento] es inoportuno, no es ilegal porque sí le corresponde a la Mesa Directiva, pero por tratarse de un asunto de interés político y nacional y al ser el Parlamento una institución política debemos tener gestos políticos con la población. Y decisiones de esta naturaleza, si no se postergan, deberían tratarse con la máxima transparencia posible, esto se ha podido tratar en el pleno.
Al haber sido aprobado como un acuerdo de Mesa Directiva sin el conocimiento de todos nosotros, por supuesto que el aumento genera una gran incomodidad y un enorme deterioro para la imagen del Parlamento. Me fastidia que tengamos nosotros, los congresistas que no participamos de estas decisiones, responder ante los medios de comunicación.
— ¿Y está de acuerdo con el aumento?
No, yo no estoy de acuerdo. Quien postula al Congreso de la República sabe muy bien las limitaciones que tiene, saben muy bien el trabajo que va a realizar y sabe muy bien el dinero que va a ganar, llegar al Congreso para cambiar las reglas de juego no es correcto, no es un buen gesto para la población. Si quieren ganar más deberían postular a otros cargos.
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— Usted dice que la Mesa Directiva tomó la decisión, pera esta ha señalado que lo hizo a pedido de los portavoces de las bancadas…
Bueno, en todo caso que se identifique quiénes son los voceros que lo han pedido. Pero aún cuando haya una solicitud de los voceros de las bancadas, quienes toman la decisión de manera unilateral son los integrantes de la Mesa Directiva. Que de una u otra manera traten de justificar esta decisión señalando que ha sido a pedido de algunos portavoces, no es la manera correcta. Ellos son responsables de sus decisiones y deben salir a responder. Esto debió haber sido tratado, al menos, en el Consejo Directivo y eso tampoco sucedió.
— Este Congreso ha destinado más de S/126 millones en bonos y en aumentos de sueldo desde el 2021. ¿Es lógico ese alto gasto cuando el país está en recesión? ¿No hay una autocrítica que realizar?
Mira, yo considero que muchas decisiones de esa naturaleza pudieron haberse evitado justamente en aras de salvaguardar la imagen del Parlamento y en aras de tener mayor empatía con la población. Si bien es cierto es un dinero que es del presupuesto del Congreso, no se está tocando dinero adicional o de otras entidades, pero aún cuando el Congreso tenga autonomía de su presupuesto tiene pues que manifestar estar en consonancia con lo que hoy la población está pasando […]
— La presidenta Boluarte confrontó al ministro de Economía y Finanzas por decir que su gobierno “es débil”. ¿Cómo calificaría al actual Ejecutivo?
El Ejecutivo tiene muchos problemas estructurales, considero que hay muchas cosas que se deben mejorar. Sin embargo, un ministro no puede salir a declarar ese tipo de cosas, se supone que los ministros deben seguir una misma línea aún cuando los peruanos no creamos en sus versiones. Esto lo que demuestra es que el gobierno no solo adolece de un rumbo, de una hoja de ruta, sino que también adolece de una coordinación y de comunicación más efectiva en la interna. De lo contrario, no tendríamos ese tipo de declaraciones de un ministro de Economía que ha incomodado a la presidenta. Lamentablemente, el gobierno no se está conduciendo de la mejor manera y una muestra de ello son las discordancias públicas.
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— Boluarte también dijo que no tiene una bancada en el Congreso, pero sí tiene “grandes amigos” en las agrupaciones. ¿Es este el reconocimiento de un pacto entre el Ejecutivo y el Parlamento?
No, yo creo que no, yo creo que la presidenta- al igual como tuvo otras frases inoportunas, como cuando dijo que era la “mamá de todos los peruanos”-ha dicho que tiene grandes amigos en el Congreso, es una frase que no debió darse. Los congresistas no estamos para ser amigos ni de presidentes ni de ministros, nosotros somos fiscalizadores del Ejecutivo. Yo creo que ese término lo ha utilizado como para señalar que existe una especie de diálogo y coordinación entre el Parlamento y el gobierno que no hubo en el tiempo del señor Pedro Castillo. Sin embargo, el término que usó no fue el más apropiado.
— La agencia S&P Global Ratings rebajó la calificación soberana de largo plazo en moneda extranjera de Perú de ‘BBB’ a ‘BBB-’. Dentro de su argumentación, señaló que “un Congreso fragmentado y el limitado capital político del Gobierno” son obstáculos para el crecimiento. ¿Cuál es la responsabilidad del Parlamento en este deterioro?
Hay responsabilidad conjunta, yo realmente veo con mucha preocupación y me genera suspicacia este tipo de pronunciamiento que solamente ven el problema en una o dos instituciones, cuando el problema es estructural. Y, además, esta crisis no es ajena a otras organizaciones. Por ejemplo, tenemos a un Poder Judicial y a una Fiscalía que están perdiendo legitimidad al escuchar y oír casos de jueces y fiscales que liberal delincuentes. Precisamente, la delincuencia es la que está generando la pérdida de incentivos para seguir invirtiendo en nuestro país, la delincuencia extorsiona a microempresarios y a grandes empresarios, incluso se ha metido al sector minero. Entonces, chancar por todo eso al Congreso es un análisis bastante limitado.
— ¿Cuál es la responsabilidad que sí puede asumir el Congreso, a su juicio?
Yo creo que es materia de priorizar agendas que sean realmente importantes para los peruanos. Por ejemplo, la agenda sobre la lucha contra la inseguridad ciudadana, hay varias leyes en el Parlamento que están esperando ser aprobadas y no se están viendo. También normas que fortalezcan la institucionalidad, como la de impedimentos, que no se está debatiendo. Si se ve la agenda del Congreso y si se acude a este, se observa que estamos aprobando leyes declarativas todo el día, eso lamentablemente empaña el trabajo que puede hacer el Parlamento en aras de incrementar la reactivación económica.
— ¿El Congreso debe investigar, por medio de una comisión especial, el Caso Rolex?
Ese es un tema bastante complejo, ahí hay versiones encontradas, podría darse, sí, podría investigarse. El Congreso tiene la facultad de poder iniciar investigaciones de todo asunto que sea de interés público y vaya que el tema de los Rolex ha sido de interés público, lo puede hacer, sí, pero lamentablemente vemos que en este tema en particular hay mucha conflictividad política, de uno y otro bando. Esto puede empañar una verdadera y eficaz investigación al respecto. Entonces, yo soy de la posición de que sobre este tema en particular deberíamos dejar a la Fiscalía de la Nación hacer su trabajo.
— ¿Por qué el Parlamento sí investigó los presuntos actos de corrupción de Castillo, y no esta denuncia contra Boluarte?
No, no todas las acusaciones de corrupción contra Castillo se investigaron, se investigaron algunas y fue por consenso de la mayoría. Y no todas llegaron a buen puerto tampoco. A raíz de esa experiencia es que te puedo decir que no siempre cuando el Congreso investiga lo hace de la mejor forma. Hemos aprendido que no siempre tenemos que agarrar la batuta de cosas que le competen a la fiscalía.
