Ampliación del Reinfo y el regreso de la inmunidad: Los temas que definirá el Congreso en el cierre de la legislatura

El Congreso celebra este miércoles 3 y jueves 4 las últimas sesiones plenarias de la actual legislatura, con una agenda cargada de temas clave: la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) —cuestionado por abrir espacio a actividades ilegales y agravar los impactos ambientales y sociales del sector— y el restablecimiento de la inmunidad parlamentaria.

Aunque la legislatura está prevista para concluir el 15 de diciembre, las sesiones del pleno solo se realizarían esta semana, ya que la siguiente los congresistas cumplirán con la semana de representación, programada del miércoles 10 al martes 16.

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Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

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El dictamen que propone ampliar la vigencia del Reinfo fue incorporado a la agenda del pleno el último lunes, por acuerdo de la Junta de Portavoces.

Las bancadas de Juntos por el Perú y Podemos Perú presionaron para que se incluya, con el respaldo de la mayoría de grupos parlamentarios.

En paralelo, cientos de mineros informales e ilegales mantienen protestas en la avenida Abancay, a pocos metros del Congreso, para intensificar la presión a favor de la medida.

Riesgo

La iniciativa plantea que la vigencia del Reinfo se extienda hasta el 31 de diciembre de 2027 o, alternativamente, hasta la entrada en vigor de la nueva Ley Mape y su reglamento. Además, permite el regreso de miles de registros ya excluidos y propone suspender todos los procedimientos de exclusión que están actualmente en trámite.

El abogado César Ipenza, especialista en derecho ambiental, advirtió que “ya existe un acuerdo entre diversos partidos para ampliar el Reinfo, bajo la excusa y la lamentable justificación de lo que ellos denominan ‘derecho al trabajo’”. Precisó que “no se puede considerar trabajo cuando se opera con las peores prácticas, las más esclavistas”.

Para Ipenza, la ampliación del Reinfo hasta el 2027 permitirá que los mineros ilegales permanezcan “en un eterno proceso de impunidad” .

“No solo se pretende reincorporar 50,000 registros, sino también que estos no tengan ninguna posibilidad de control. Se genera impunidad y un tremendo desincentivo para que los mineros quieran formalizarse”, dijo en diálogo con El Comercio.

El pasado 17 de noviembre, 56 gremios empresariales —entre ellos la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep) y la Sociedad Nacional de Industrias — manifestaron que la extensión del Reinfo “promueve la ilegalidad y amenaza a la industria y a las exportaciones del país”.

En un pronunciamiento conjunto, las organizaciones advirtieron que la Comunidad Andina de Naciones (CAN) podría imponer restricciones comerciales a productos fundamentales de la oferta exportadora peruana, al considerar que el Perú estaría vulnerando los compromisos asumidos en la Política Andina de Lucha contra la Minería Ilegal.

También destacaron que la minería ilegal se ha consolidado como la principal actividad ilícita del territorio nacional.

Retorno a la inmunidad

El Congreso tiene en agenda el restablecimiento de la inmunidad parlamentaria, cuatro años después de su eliminación.

La iniciativa plantea que los futuros legisladores —tanto senadores como diputados— recuperen la protección desde el momento de su elección y hasta un mes después de dejar el cargo. Durante ese periodo no podrán ser procesados penalmente ni detenidos sin autorización de su respectiva cámara o de la Comisión Permanente, instancia que deberá resolver en un plazo máximo de 30 días.

La propuesta se encuentra pendiente de segunda votación y, por tratarse de una reforma constitucional, requiere al menos 87 votos para ser aprobada.

En la primera votación, realizada el pasado 12 de junio, obtuvo 92 votos a favor, 24 en contra y una abstención. Respaldaron la medida Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Perú Libre, Podemos y Renovación Popular. En contra votaron principalmente las bancadas de izquierda, entre ellas Juntos por el Perú – Voces del Pueblo y la Bancada Socialista.

Aquella vez, la propuesta fue sustentada ante el pleno por el ahora presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi. Este argumentó que restablecer la inmunidad parlamentaria “responde a la necesidad de resguardar la independencia del Poder Legislativo y la libertad de sus miembros frente a las presiones o injerencias de otros poderes del Estado”.

No obstante, el especialista en asuntos parlamentarios Alejandro Rospigliosi apuntó que “los líderes políticos de las bancadas del Parlamento creen que serán elegidos senadores, y están diseñando un marco legal propicio para lograr impunidad”.

En opinión de Alejandro Rospigliosi, la inmunidad parlamentaria “es una figura anacrónica”, que de aprobarse generará “un retroceso grave para el país” en materia de buenas prácticas en la gestión pública y en los esfuerzos de lucha contra la corrupción.

Inhabilitaciones

El pleno del Congreso aprobó este miércoles 3 el informe que recomienda inhabilitar por diez años para el ejercicio de la función pública a la suspendida fiscal suprema Delia Espinoza.

También fue acusada por los presuntos delitos de usurpación de funciones, abuso de autoridad, prevaricato y falsedad genérica, a raíz de la emisión de un reglamento que permitió al Ministerio Público continuar con las investigaciones preliminares, pese a la ley aprobada por el Parlamento que trasladó esa facultad a la Policía Nacional.

El martes, el abogado Rodolfo Pérez, defensor de la suspendida fiscal suprema, confirmó a El Comercio que acudirá al pleno para ejercer su defensa.

“Mi expectativa es que se preserve el Estado de derecho, la autonomía del Ministerio Público y los derechos fundamentales de la doctora Espinoza”, señaló.

Consultado sobre una eventual inhabilitación, Pérez dijo: “Los congresistas tendrán que reflexionar muy bien lo que harán. Habrá consecuencias políticas y penales. Los votos motivados por fines ilícitos o inconstitucionales no están protegidos por el artículo 93 de la Constitución”.

Dicho artículo establece que los parlamentarios no pueden ser procesados por los votos que emiten en el ejercicio de sus funciones.

El Congreso también debe decidir si inhabilita por 10 años al expresidente Pedro Castillo, acusado de vulnerar 18 artículos de la Constitución al dar un golpe de Estado en diciembre del 2022.

La denuncia constitucional contra el exmandatario es evaluada desde las 5 p.m. Este proceso avanza en paralelo a su reciente condena judicial: la semana pasada, el Poder Judicial lo sentenció en primera instancia a 11 años de prisión efectiva.

Con estos y otros temas en agenda, el Congreso cerrará una legislatura que pasará a la historia por la vacancia de Dina Boluarte, bajo el argumento de una incapacidad moral permanente.