Las negociaciones entre bancadas parlamentarias por la Mesa Directiva del Congreso y la distribución de las comisiones ordinarias también han involucrado a la presidencia de la Comisión de Ética. Esto a pesar de que el congresista Diego Bazán había asumido el mando de esa comisión por dos años (2023-2025).
El Congreso ya evalúa ceder la presidencia de Ética a un congresista del Bloque Magisterial, como adelantó el titular de ese poder, Eduardo Salhuana, el último lunes. “La puede presidir el Bloque Magisterial o también otra bancada que nos ha solicitado. Justamente vamos a definir”, dijo a la prensa.
Al Bloque Magisterial le correspondían dos comisiones ordinarias, pero finalmente se le designó solo la presidencia de Energía y Minas. Por esa razón, se evalúa darle también la conducción de Ética.
La propia bancada ha solicitado presidir la comisión, pese a que públicamente no lo ha reconocido hasta el momento, señalaron diversas fuentes parlamentarias.
Las mismas fuentes precisaron que los congresistas Alex Paredes y Óscar Zea (ambos del Bloque Magisterial) están en el bolo para reemplazar a Bazán. No obstante, consultado por El Comercio, Zea dijo: “No hemos tocado ese tema en absoluto. No tenía idea. La reunión [de bancada] se ha postergado para mañana [jueves 15] y ahí seguramente se va a tocar. [...] No puedo adelantar nada. Mañana hablaremos a ver qué pasa, si hay para presidir esa comisión y, de ser así, quién la preside”.
Paredes ya es miembro titular de la Comisión de Ética. En tanto, Zea integró ese grupo entre el 2021 y el 2023.
En abril pasado, Paredes defendió al congresista Edgar Tello (Podemos Perú) ante la denuncia en su contra por recortes de sueldo. Incluso, cuando la Comisión de Ética planteó solo sancionarlo con 60 días multa, Paredes pidió que se rebaje la sanción a 30 días multa.
El Bloque Magisterial tiene entre sus filas a la congresista Katy Ugarte, denunciada constitucionalmente por la Fiscalía de la Nación por el presunto delito de concusión, por supuestamente recortar el sueldo de sus trabajadores. La legisladora ha rechazada las imputaciones en su contra.
También cuenta con el congresista Paul Gutiérrez, quien copió y pegó en un proyecto de ley de su autoría contenido generado por inteligencia artificial. El legislador culpó a su asesor principal por ese hecho.
Además, en el 2023, la Fiscalía de la Nación comprendió como investigados en el Caso Los Niños a Germán Tacuri, Paul Gutiérrez y Segundo Quiroz por los presuntos delitos de organización criminal y tráfico de influencias agravado. Los tres son del Bloque Magisterial. Ninguno respondió a los intentos de comunicación de El Comercio hasta la publicación de esta nota.
Bazán en silencio
Diego Bazán asumió la presidencia de la Comisión de Ética en el 2023, cuando formaba parte de la bancada de Avanza País.
Congresistas y funcionarios del Parlamento cercanos a él señalaron a El Comercio que ha mostrado su interés por dejar el cargo. Esto porque no ha logrado el objetivo de sancionar a quienes infringieron el código de ética parlamentario. Por el contrario, la comisión ha blindado a diversos congresistas acusados de ‘mochasueldos’.
Señalaron que la presidencia de Ética es un cargo “difícil”, que genera “enemistades”. En abril pasado, la entonces tercera vicepresidente del Congreso, Rosselli Amuruz (Avanza País), amenazó públicamente a Bazán con publicar información en su contra durante una sesión de Ética, ante el asombro de los integrantes de ese grupo.
Fuentes cercanas a la Mesa Directiva precisaron que hasta el momento, Bazán no ha presentado ninguna carta de renuncia. El legislador podría ceder el cargo o simplemente ser apartado por decisión de la mayoría parlamentaria. El Comercio intentó comunicarse con él durante varios días, pero no respondió ni llamadas ni mensajes.
El legislador regresó a la bancada de Renovación Popular en mayo último. Su compañero en esa agrupación, Alejandro Muñante, dijo a El Comercio que, hasta el momento, no les ha informado su intención de dejar la presidencia de Ética.
“No hemos conversado al respecto. Pero para que el Congreso elija a un nuevo presidente [de Ética], él tendría que renunciar. Le falta un año para completar el periodo”, dijo.
Muñante añadió que “el congresista Bazán en más de una oportunidad ha presentado informes para suspender y sancionar a congresistas acusados por diversos motivos, pero finalmente los miembros de la comisión proponen un texto sustitutorio que finalmente gana”.
“Por más que seas presidente o no, no puedes hacer nada frente a la decisión de la mayoría”, aseveró.
Por último, dijo que alista un proyecto de ley para replantear el procedimiento parlamentario ante denuncias por faltas éticas.
Planteó que las denuncias sean recibidas por la Mesa Directiva, que asigne una comisión ad hoc integrada por dos o tres congresistas. Esta elaboraría un informe en siete días para que el pleno lo evalúe.
Salhuana también aseguró recientemente que la Mesa Directiva está interesada en que se realicen reajustes al procedimiento, pero no detalló cuáles.
“La ciudadanía no puede continuar con la impresión de que Ética es un escenario donde se protege a los parlamentarios que tengan una conducta irregular. Vamos a ver de qué manera mejoramos el procedimiento para que se sancione cuando corresponda”, dijo.
Blindaje permanente
En julio del 2022, la Comisión de Ética, entonces presidida por Karol Paredes, rechazó informes que declaraban procedentes las denuncias en contra de cuatro congresistas de Acción Popular sindicados como ‘Los Niños’.
La decisión libró a Raúl Doroteo Carbajo, Darwin Espinoza Vargas, Juan Carlos Mori Celis e Ilich Fredy López de ser sancionados.
Este Diario informó que hasta el 2023, los miembros de la Comisión de Ética rechazaron incluso 18 informes de calificación que recomendaban abrir investigación. Es decir, desestimaron la posibilidad de indagar denuncias contra sus colegas.
Ética también ha blindado a congresistas acusados de mochasueldo, como Magaly Ruiz, Rosio Torres, Heidy Juárez y Edgar Tello.
Además, blindó a la congresista Amuruz al exculparla de interceder presuntamente en la contratación en el Congreso de al menos ocho personas vinculadas a su pareja. Solo la sancionó con una amonestación pública y una multa equivalente a 60 días de sueldo por otro caso.
