El presidente del Congreso, Alejandro Soto, cumplió ayer un mes en el cargo y ya acumula siete denuncias en su contra, que incluyen un inicio de juicio oral ordenado por el Poder Judicial, una investigación abierta por la Fiscalía de la Nación y una evaluación de la contraloría.
En promedio, Soto ha recibido una denuncia cada cuatro días durante su primer mes de gestión.
Las acusaciones en su contra son por omitir una deuda en su hoja de vida al momento de postular, acogerse al beneficio de prescripción por una ley que respaldó, contratar a la hermana de la madre de su hijo, un proceso por estafa, “donaciones voluntarias” del personal de su despacho para temas de imagen, irregularidades en la licencia para la construcción de un inmueble y supuestos pagos en entrevistas de un programa televisivo en su región Cusco.
—Perdiendo peso—
El cúmulo de denuncias contra Soto ha generado críticas desde el mismo bloque que lo llevó a la presidencia.
“Nos preocupa a todos cuando sale una nueva noticia respecto a nuevos hechos que tendría que explicar el presidente. Debe de sentarse y explicar cada uno de los casos”, dijo la legisladora Patricia Juárez, en una de las primeras críticas. Aunque el vocero de su bancada Fuerza Popular, Arturo Alegría, salió de manera inmediata a aclarar que no apoyarían una censura.
Cuando las críticas parecían apagarse en el bloque que impulsó a Soto, la legisladora de Avanza País Patricia Chirinos volvió a sacar chispas con unas declaraciones más contundentes que las de Juárez: “Creo que, con todas estas denuncias, me apena decirlo, pero creo que el señor Soto debería dar un paso al costado antes de que venga la censura”, dijo en Canal N.
Fuentes legislativas del bloque de derecha indicaron que Soto no solo ha ganado disidencias en bancadas como Avanza País y Fuerza Popular, sino también en su propio grupo legislativo de Alianza para el Progreso (APP).
Esto ocurre, según una de las fuentes del bloque, porque los legisladores están dispuestos a salvar a Soto con el voto ante una eventual censura, pero no todos están prestos a salir a defenderlo de manera pública.
Un hecho que sustenta esta versión es que este Diario buscó a legisladores de APP para que escribieran una columna de opinión en defensa de Soto, y estos rechazaron pronunciarse o simplemente no contestaron la invitación.
La defensa política de Soto, según explicó la fuente consultada, proviene desde la estructura orgánica del partido, liderada por los Acuña, quienes buscan que no se repita el mismo escenario de censura de Lady Camones.
—Espacios de coordinación—
La estructura orgánica de APP confirmó que se encontraban apoyando a la gestión de Soto frente al escenario de investigaciones que afronta, y ante las críticas que han surgido desde las bancadas.
“Existe un espacio de coordinación que en la época de Lady [Camones] no había. Hasta el momento, las bancadas lo que piden es más coordinación interna”, explicaron las fuentes partidarias consultadas en APP.
En la interna consideran que Camones fue censurada “por menos”, pero insistieron con señalar que, en el 2022 no existió el “espacio de diálogo” desde el partido. En esa línea, atribuyeron las críticas en Avanza País a una molestia por la participación de figuras partidarias en la gestión de Soto. “Nosotros funcionamos como un partido orgánico, ellos [Avanza País] no”, dijo otra fuente desde APP.
“Las bancadas del bloque saben que si cae Soto no hay votos asegurados [para elegir a un reemplazo]”, anota otra fuente. Si renuncia o censuran a Soto, el panorama es complicado porque Fuerza Popular y Avanza País ya tienen representantes en la Mesa Directiva, y no habría consenso para que alguno tenga doble cupo, y a Perú Libre no le darían la presidencia por ningún motivo.
Fuera de esa fórmula, no ven opciones a elegir entre Somos Perú o alguna de las bancadas de izquierda.
Por ello, desde APP han sostenido conversaciones con Somos Perú, Podemos, y para la siguiente semana tienen previsto conversar con Acción Popular y hasta con Cambio Democrático-JP, la bancada de Roberto Sánchez, quien viene recolectando firmas para la censura de Soto. El objetivo es asegurar que no haya votos si la moción llega al pleno. Con el único grupo que no piensan reunirse es con Renovación Popular.
“Soto parece tener siete vidas”, ironiza una fuente de APP. La duda es si sobrevivirá ante la octava denuncia.
-Iván Saldaña, quien ingresó al Congreso en el 2018 como técnico de Richard Acuña en la segunda vicepresidencia, acaba de ser designado jefe del Área de Administración de Edificios del Congreso. Es abogado (2019).
-Carina Palacios es la nueva jefa de la Oficina de Cooperación Internacional. Es afiliada a Perú Libre, con el que, en el 2021, postuló sin éxito al Congreso. Pese a declarar domicilio en Junín, postuló por los peruanos en el extranjero.
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