‘Mochasueldos’: ¿Por qué los casos de Magaly Ruiz y los otros diez legisladores no avanzan en el Congreso?

Si hacemos un recuento, hay una sensación de impunidad. La serie de denuncias que se han conocido contra parlamentarios sindicados de ‘mochasueldos’, ciertamente, han caído en sanciones mínimas, si acaso las ha habido; mientras que varias de las acusaciones presentadas por la Fiscalía de la Nación ─claves para seguir el proceso en la vía judicial─ están estancadas.

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El domingo 20 de octubre, “Punto Final” dio a conocer la declaración de un testigo protegido, que narró ante el Ministerio Público cómo se les descontaba hasta S/400 al mes a trabajadores de la legisladora Magaly Ruiz (Alianza para el Progreso), haciendo sumas en conjunto que ascenderían a S/1.600 cada mes.

Según el dominical, este dinero sería destinado a una supuesta “caja chica”, desde la que se habrían cubierto gastos de la legisladora de APP, como el combustible para su traslado y otros elementos. Todo presuntamente con el dinero de sus trabajadores en el Congreso.

La parlamentaria por La Libertad aún no ha respondido por este nuevo hecho. Sin embargo, ya en junio del año pasado, en la Comisión de Ética Parlamentaria, Ruiz fue blindada a fuerza de votos, al modificarse la suspensión inicial de 120 días que había sido planteada, tras justamente haber sido acusada de recortarle el sueldo a sus trabajadores.

Esta se redujo drásticamente y solo se aprobó una amonestación pública escrita, con una multa de 30 días de descuento de su remuneración. La propuesta provino de su misma bancada, siendo respaldada, además, por Perú Libre, Renovación Popular, Acción Popular y Perú Bicentenario. Nueve votos a favor frente a cinco en contra.

En marzo de ese año, se había difundido en “Punto Final” el testimonio de un extrabajador, que denunció públicamente que tuvo que pagar, a manera de cupo, S/1.500 mensuales provenientes de su sueldo para poder trabajar en una comisión especial que presidía Ruiz. El dinero se entregaba en efectivo a su asesor principal quien, según el testimonio, indicaba que esto era porque ella estaba “endeudada hasta el cuello”.

A pesar del blindaje en el Congreso, el caso llegó al Ministerio Público y, en abril de este año, fue denunciada constitucionalmente como presunta autora de los delitos de concusión y colusión agravada (en concurso real).

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La denuncia no sólo contiene el testimonio de un aspirante a colaborador eficaz, tal como lo reveló El Comercio, sino grabaciones en donde se evidencia que Ruiz habría buscado dirigir las declaraciones que se iban a brindar en sede fiscal por parte de una extrabajadora, a propósito del caso de recorte de sueldos.

Sin embargo, esta denuncia aún sigue sin ser tramitada al interior del Congreso. A esta se suma una segunda acusación constitucional, presentada en julio, por presunto tráfico de influencias agravado y negociación incompatible, por sus acercamientos con el fiscal Richard Rojas. Ninguna de las dos prosperan en el Parlamento.

No obstante, esta parece ser una constante al interior de este Poder del Estado. Varios de los legisladores acusados de recortar sueldos han sido denunciados por la Fiscalía de la Nación, pero los expedientes, en su mayoría, aún no son aprobados por el Congreso, a pesar de ser un requisito indispensable para que el caso pueda continuar en la vía judicial y dilucidarse la verdad [ver gráfica]:

El abogado constitucionalista Alejandro Rospigliosi apuntó a El Comercio que “es execrable en una democracia que los congresistas elegidos por el pueblo estén hurtando, robando, pidiendo un diezmo, a sus trabajadores”.

Mencionó que los trabajadores del despacho parlamentario dependen directamente de los congresistas, por lo que ahí viene una suerte de “coacción” hacia ellos.

Rospigliosi apuntó que, luego de varios años de demora, hay un antecedente importante que es el caso del exparlamentario Michel Urtecho, que fue condenado a más de 20 años de cárcel en agosto de 2023 y cuyo proceso está actualmente en apelación.

“Ya hay un antecedente de que ‘mochar’ el sueldo es el tipo penal sancionado con 20 años de pena privativa de libertad. (...) Hay un encubrimiento de unos con otros para evitar que esto se concrete. Bueno, faltan tan solo 18 meses aproximadamente para que acabe el quinquenio congresal. Y los nuevos parlamentarios y la nueva subcomisión, parte de su tarea pendiente, serán estas denuncias que están congeladas. El poder es el efímero y ellos van a seguir el mismo camino ”, cuestionó Rospigliosi.

Por su parte, Martín Cabrera, consultor en Gestión Pública y Asuntos Parlamentarios, consideró que el Congreso debe realizar una reforma a sus instrumentos internos para poder abordar y sancionar este tipo de casos. Recordó que los legisladores son, al final de cuentas, funcionarios públicos al servicio de la Nación y, por ende, no se encuentran libres de fiscalización o sanción.

“Así como se les ha aplaudido por algunas reformas estructurales y repudiado y criticado por las contrarreformas (la ley universitaria, en el sistema electoral, etc.) nadie dice nada sobre la necesidad que el Congreso se plantee reformas así mismo. El Congreso hace reformas, pero en ningún momento se le exige o se le ha planteado: ‘refórmate tú también, revisa tú también nueva mente cómo te va en tu organización parlamentaria’”, sostuvo Cabrera en diálogo con El Comercio.

Cabrera cuestionó que, tal como están planteadas las normas, este tipo de casos únicamente solo pueden verse desde el punto de vista de ética parlamentaria, con una sanción temporal de 120 días de suspensión con descuento de haberes. Esto, a diferencia de lo que ocurre en el resto del aparato estatal en donde pueden imponerse sanciones administrativas y hasta la inhabilitación.

“El Congreso, de una buena vez por todas, y con el único propósito de salvarse a sí mismo de este nivel insostenible de deslegitimidad, debe iniciar una revisión de su propio estatuto parlamentario, de su propio reglamento y se plantee la posibilidad de aprobar un catálogo de infracciones y sanciones que considere desde la amonestación, pasando por el pago de multas, hasta incluso la suspensión por encima de los seis meses hasta la inhabilitación por el propio Parlamento”, aseveró.