El Consejo Directivo del Congreso aprobó el último lunes la propuesta de agenda legislativa para el periodo 2021-2022. El documento fue elaborado en base a las prioridades enviadas por las bancadas del Parlamento y el presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido. Contempla como primer punto la “defensa del principio constitucional de balance y equilibrio de poderes”, así como “el fortalecimiento de la seguridad jurídica y la institucionalidad”.
La agenda incluye 71 proyectos de ley agrupados en cuatro bloques. Deberá ser debatida y refrendada en el pleno del Parlamento, que se desarrollaría luego de la semana de representación.
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Estos son los cuatro ejes de la agenda legislativa. Cada una de ellas comprende de uno a seis proyectos de ley.
- Democracia y Estado de derecho
- Equidad y justicia social
- Competitividad del país
- Estado eficiente, transparente y descentralizado
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Propuestas
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Se trata de temas priorizados, de acuerdo a las políticas públicas presentadas o abordadas en el Acuerdo Nacional.
La agenda enviada por la PCM registra como primer punto la reforma del artículo 206 de la Constitución, que busca incorporar la figura de la asamblea constituyente. El proyecto es impulsado, sobre todo, por el partido oficialista Perú Libre, que recorre el país recolectando firmas con el objetivo de plantear un referéndum.
En cambio, la propuesta estructurada por el Congreso menciona que se priorizarán reformas constitucionales y plantea como primer punto la “defensa del principio constitucional de balance y equilibrio de poderes. El fortalecimiento de la seguridad jurídica y la institucionalidad”.
En cuanto a la lucha contra la corrupción, la PCM propuso fortalecer la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN) y mejorar el marco normativo para la prevención y sanción de actos de corrupción. De acuerdo con lo recogido por el Congreso, se ha incluido en la propuesta priorizar “leyes para la lucha contra la corrupción”.
El Congreso busca también regular la selección de altos funcionarios del Estado y los requisitos para ser ministro de Estado.
El anterior periodo legislativo había enviado un proyecto de ley de “meritocracia en la elección de autoridades y funcionarios públicos”. La lista de la PCM no incluía ninguna propuesta que tenga que ver con la designación de personal en altos cargos del Ejecutivo.
Respecto a materia electoral, el sector Justicia propone una reforma constitucional sobre elección del representante de los colegios de abogados de todo el país ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Sin embargo, esta no fue incluida en la lista aprobada el lunes. Para este sector, se propone en el documento preparado por el Congreso modificar la Ley de organizaciones políticas y leyes electorales.
Para el sector Interior, la PCM se enfocaba en la lucha contra el terrorismo, fortalecer el Cuerpo General de Bomberos, adecuar el marco normativo sobre el pase a la situación de retiro del personal policial y fomentar la ejecución de proyectos de inversión pública.
Mientras que la propuesta del Congreso contempla proyectos de seguridad ciudadana, problemática migratoria, y coincide con el Ejecutivo respecto al apoyo al Cuerpo General de Bomberos.
Una de las propuestas contempladas por el Congreso tiene que ver con el fortalecimiento de la libertad de expresión y opinión, un eje no abordado en la propuesta de la PCM.
Sin embargo, un aspecto coincidente tiene que ver con el sector Educación: el Congreso recoge la propuesta de reforma magisterial y derrama magisterial.
La PCM había planteado modificar la Ley de Reforma Magisterial “para fortalecer la carrera pública magisterial en favor de los maestros y los estudiantes del país”.
En cuanto a la educación superior, el Congreso plantea atender el licenciamiento de universidades, aunque no especifica bajo qué iniciativas concretas.
El Ejecutivo, por su parte, había propuesto la ampliación de plazo para docentes universitarios que aún no cumplen los requisitos de la Ley Universitaria para su continuidad, medidas para el aseguramiento de la calidad de la educación superior mediante la acreditación posterior a su licenciamiento institucional y la asistencia a las universidades privadas asociativas con licencia institucional denegadas en proceso de cese.
Revise aquí la lista de propuestas enviadas por la PCM:
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