Congreso: Las razones de las demandas de amparo contra la elección del TC

El Poder Judicial admitió a trámite una demanda de amparo que busca anular el proceso que realiza el Congreso de la República para elegir a los nuevos miembros de Tribunal Constitucional. La decisión fue de la jueza Soledad Blácido Báez, a cargo del Tercer Juzgado Constitucional Transitorio.

La magistrada determinó que el recurso -presentado por el abogado Walter Ayala contra el Parlamento- cumplió con todas las formalidades y requisitos establecidos por el Código Procesal Constitucional.

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El amparo se planteó contra la presidenta del Congreso, Mirtha Vásquez; el presidente de la comisión especial para el proceso de evaluación de candidatos al TC, Rolando Ruiz; y el procurador público del Poder Legislativo.

La jueza también ha concedido la medida cautelar interpuesta por Ayala, y ha ordenado al Congreso que suspenda el proceso de elección.

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Un grupo de abogados constitucionalistas, entre los que se encuentran Walter Albán y Luciano López han presentado un segundo pedido para declarar inválido el proceso de selección.

Sobre el plazo para resolver las demandas de amparo, esto dependerá de la carga procesal de los jueces a cargo. López explicó que se espera que “como es de urgencia se cumpla con los plazos procesales, porque con ellos es un caso que debería estar resuelto en no más de dos o tres meses”.

Agregó que el caso podría llegar hasta el TC “siempre y cuando el Poder Judicial, en segunda instancia (apelación), desestime la demanda, declarándola improcedente o infundada. En esos casos, solo el demandante puede llevar el caso al TC”.

Motivos

La demanda de amparo pide la nulidad de todos los actos realizados en el Parlamento y la comisión especial, así como la convocatoria de los plenos para los días miércoles 7 y jueves 8 de julio y cualquier otro acto parlamentario que tenga como finalidad “nombrar a los miembros del Tribunal Constitucional hasta que sea el nuevo Parlamento quien lleve a cabo dicha tarea”.

El abogado Ayala señala que existió vulneración al derecho a tener una “justicia justa y transparente en el sistema constitucional del país” y de un debido procedimiento en la elección de miembros del TC.

Cuestiona, además, que no se hayan publicado las notas y las motivaciones por parte de los miembros de la comisión especial sobre los candidatos al TC. También señala que hay conflicto de intereses y falta de transparencia en todo el proceso.

En la resolución que admite la demanda de amparo se indica que Ayala “agrega que las notas obtenidas como consecuencia de las entrevistas personales no han sido debidamente detalladas, vulnerándose así el reglamento de selección de magistrados del Tribunal Constitucional, esto en vista que de una apreciación del informe contenido en el Oficio N°148-2021-CESCAEMTC-CR, no se evidencia la existencia de motivación alguna, la cual de existir no ha sido debidamente publicada, vulnerándose así la transparencia y motivación del procedimiento de elección”.

Otro argumento es que el proceso de elección carece de transparencia, y que esto se refleja en la ampliación de una cuarta legislatura.

“La Comisión Especial de Selección de Candidatos Aptos para la Elección de Magistrados del Tribunal Constitucional no ha tenido tiempo necesario y suficiente para llevar a cabo un proceso transparente, tanto así que incluso han ampliado una cuarta legislatura”, se indica.

Ayala considera también que los ciudadanos tiene derecho a contar con autoridades elegidas respectando el procedimiento establecido en la ley.

“Por lo que habiéndose llevado a cabo un proceso viciado y con evidente conflicto de intereses, no existe garantía alguna de contar con autoridades idónea, por lo que la elección de magistrados del Tribunal Constitucional debe suspenderse hasta que sean los nuevos congresistas elegidos quienes asuman dicha tarea”, señaló.

El Poder Judicial, tras verificar los requisitos y admitir la demanda de amparo, concede un plazo de cinco días al Congreso para que responda ante esta medida constitucional, caso contrario se expedirá una sentencia sin su participación.

Segundo pedido

Los abogados constitucionalistas Walter Albán, Luciano López, Renzo Cavani, César Higa y Alfredo Villavicencio, presentaron otra demanda de amparo contra el proceso de elección de magistrados del TC. También presentarán una medida cautelar.

En declaraciones a este Diario, Luciano López explicó que el primer cuestionamiento “es que la cuarta legislatura es inconstitucional, entonces todo lo que haga el Congreso en ella está viciado”.

“Hay un tramo del proceso de selección, las últimas sesiones que son como tres, que la comisión sesionó en el marco de la cuarta legislatura. Las dos sesiones que se van a desarrollar mañana y pasado serán en ese marco. Todo lo que se se haga en la cuarta legislatura está viciado”, sostuvo.

Según indicó, el segundo argumento de la demanda de amparo es que el reglamento de selección, en su artículo 36, establece una escala de puntaje en la solvencia e idoneidad moral y establece un puntaje del 1 al 12 punto. “Eso es irrazonable”, dijo.

“Los estándares internacionales justamente aconsejan que cuando se trata de la evaluación de requisitos como la solvencia e idoneidad moral, eso se califica como apto o no apto. No es que se tiene un punto de idoneidad o 12, no tiene sentido. Eso es irracional y por ende inconstitucional”, indicó.

López agregó que otro cuestionamiento son las entrevistas personales a los candidatos del TC. “El reglamento de selección en su artículo 35 dice que la calificación va acompañada de una motivación. Los congresistas que evaluaron tenían que haber entregado al presidente de la comisión la calificación y su informe con las razones de la calificación. Y a la hora que revisamos las sesiones del 21, 22 y 23 de junio en que se llevan las entrevistas, se consigna expresamente en el acta que solo se entregaron calificaciones, no se entregó ningún informe de motivación por cada uno de los congresistas”, apuntó.

El letrado recalcó que se ha solicitado al juez que declare inválido el proceso de selección y que orden su inmediato archivamiento para que sea el siguiente Congreso el que elija a los magistrados del TC.

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