A menos de dos semanas para que se termine la legislatura parlamentaria, el Congreso mantiene ‘congelada’ la reforma constitucional que impediría postular a cargos de elección popular a condenados por asesinato, secuestro y otros delitos, aún cuando estén rehabilitados.
La propuesta no fue abordada en la Junta de Portavoces del martes último. “Ningún portavoz lo propuso”, explicó el primer vicepresidente del Congreso, Arturo Alegría (Fuerza Popular), en breve diálogo con El Comercio.
La iniciativa no se encuentra en la lista de los temas que priorizará el pleno del Congreso este miércoles 5 y jueves 6, a pesar de que se trata de una de las reformas más importantes de cara a las elecciones generales del 2026.
El congresista Alejandro Muñante (Renovación Popular), uno de los impulsores de la iniciativa, solicitó el martes último que la presidenta de la Comisión de Constitución, Martha Moyano (Fuerza Popular), pida al pleno que el tema se debate y someta a votación.
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“Se tiene que insistir. Ya la congresista Moyano ha dicho que ella lo pondrá [a debate] cuando se aseguren los 87 votos para su aprobación, pero la pregunta es: ¿Cómo saber eso si no lo pones a debate y no escuchas los comentarios de los congresistas?”, dijo en diálogo con la prensa.
"Solicito a la congresista Moyano que pueda poner a debate y evaluar, de acuerdo a las opiniones que se generen, si se tienen los votos. Bajo la especulación no vamos a lograr nada”
Por tratarse de una reforma constitucional, necesitará ser aprobada en dos legislaturas distintas, con al menos 87 adhesiones en cada votación. De aprobarse, se impediría, por ejemplo, una eventual postulación de Antauro Humala, quien purgó prisión por homicidio, rebelión, secuestro agravado y otros delitos por la toma de la comisaría de Andahuaylas en enero del 2005.
La convocatoria a las elecciones generales 2026 se realizaría en abril próximo.
Discrepancias
Una fuente de El Comercio señaló que aún no existe consenso sobre los delitos que se incluirán en el texto final. “Hay temas en los que no hay discrepancias, como sublevación, narcotráfico y terrorismo, pero los problemas empiezan con el delito de homicidio; si se considerá homicidio culposo, con lo cual alguien que atropelló a una persona luego de pasarse una luz roja, no podría postular aún cuando esté rehabilitada; o si se considerará homicidio por omisión [...]”, dijo.
La misma fuente agregó que los parlamentarios tampoco se ponen de acuerdo sobre incluir el delito de corrupción: “[Argumentan] que por la llamada politización de la justicia o judicialización de la política, un fiscal y un juez que se pongan de acuerdo podrían tumbarse a un candidato”.
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“Entonces, qué se mete dentro de la canasta. Ese es el problema, y no hay consenso”, añadió. No obstante, agregó que ya se le está pidiendo a la presidenta de la Comisión de Constitución que de una vez ponga el tema en debate, “y si no hay los votos, ni modo, pero que se vea ya, porque nos estamos acercando al periodo electoral”.
Para otros temas, como el cuestionado dictamen que modifica la definición de crimen organizado y obliga a que los allanamientos se realicen con presencia del involucrado y su abogado, este mismo Congreso encontró consenso en menos de 24 horas. También encontró consenso, en primera votación, para eliminar a los movimientos regionales, que implica una reforma constitucional. Su primera aprobación contó con 92 adhesiones.
Buscando votos
Moyano dijo el pasado 31 de mayo que continuaba “buscando los votos” para la aprobación de la propuesta. Intentamos comunicarnos con ella el martes último, para conocer cómo marcha con esa labor, pero no respondió nuestras llamadas ni mensajes.
“Se tiene que conseguir consenso. Todavía no lo logro. ¿O quieren que pongamos el proyecto y lo perdamos?”
El dictamen fue presentado por la Comisión de Constitución en marzo del 2023, cuando ese grupo de trabajo lo presidía el fallecido congresista Hernando Guerra García, también de Fuerza Popular.
En la Comisión Constitución, el dictamen fue aprobado por mayoría. Ese grupo de trabajo precisó que 22 propuestas legislativas fueron acumuladas para elaborar el dictamen, por existir afinidad en cuanto al problema identificado, el objetivo y el fin constitucional que buscaban alcanzar.
La propuesta de Constitución se debatió en el pleno en diciembre de ese año. No obstante, pasó a cuarto intermedio; es decir, se interrumpió el debate para que el texto se modifique, en busca de consenso.
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El dictamen precisa que no podrán postular a cargos de elección popular las personas sobre quienes recaiga una sentencia condenatoria emitida en primera instancia, en calidad de autoras o cómplices, por la comisión de delito doloso.
En el caso de las personas condenadas a pena privativa de la libertad efectiva o suspendida, con sentencia consentida o ejecutoriada, por los tipos penales referidos al terrorismo, tráfico ilícito de drogas, violación de la libertad sexual, colusión, peculado, corrupción de funcionarios, homicidio, trata de personas, secuestro, contra la seguridad nacional y traición a la patria, contra los poderes del Estado y el orden constitucional, el impedimento resulta aplicable hasta 10 años después de haber sido rehabilitadas.
Además, estarán impedidas de ejercer la función pública mediante designación en cargos de confianza.
Muñante protestó porque el tema sigue sin resolverse. Durante una sesión del pleno el pasado 16 de mayo, mostró una cartulina donde escribió: “¿Y el impedimento para sentenciados por terrorismo y otros delitos graves, pa’ cuándo?”
DATO
El Congreso realizará este miércoles 5 un pleno dedicado a temas ambientales y agrarios. También verá la reforma de pensiones entre este miércoles y el jueves.
La mencionada reforma se aprobó en primera votación la semana pasada, y quedó pendiente de segunda votación.
