Desde la cúpula: Estos son los lineamientos que debe contener la nueva Ley Agraria, según autoridades y expertos

El Estado tiene que ir renovando progresivamente las formas de inyectar presupuesto para el sector agricultura. Existen programas como Procompite y Agroideas que, de la mano de las asociaciones de agricultores, pueden invertir en la adquisición de infraestructura productiva, o pueden industrializarse para poder vender hacia mercados internacionales.

El presupuesto nacional en el sector agrario no pasa del 1,5%. Esto significa que no hay voluntad política. El porcentaje debería estar en el 5%. Todos tenemos que aportar en la estructura productiva, en todo lo que sea equipamiento para poder mejorar la industrialización, también mediante la asociatividad.

Pero todo esto va a depender de que el gobierno pueda entender que no solo se trata de es extraer un producto. Tenemos que invertir en todo lo que es infraestructura productiva para que el tema agrario siga creciendo para un mundo que está demandando, por ejemplo, productos orgánicos. Tenemos que buscar productos orgánicos en la sierra, la selva y la costa. Tenemos que realizar un llamado a todos los gobernadores, alcaldes y a la misma presidenta de la República para articular un plan de inversión en infraestructura productiva para ser competitivos. Tenemos que dotarnos de carreteras, puentes y hasta puertos. En la macrorregión centro estamos a la espera de la nueva Carretera Central y del puerto de Chancay.

Nuestra agroexportación aún está en etapa de crecimiento, pero en algún momento se va a tener que imponer frente a otros sectores. Para esto necesitamos articular con el Congreso y el Ejecutivo, y trabajar rápidamente. Lo que nos preocupa en las regiones es que los mercados internacionales cada vez son más exigentes, por ejemplo, con las certificaciones. El mercado internacional está pidiendo productos que tengan mucha afinidad con el medio ambiente. Otro punto importante es la titulación de tierras para garantizar la seguridad jurídica.

La Ley de Promoción Agraria inicial fue parte de los factores que llevaron a este buen desempeño en las agroexportaciones, sumado a la inversión en infraestructura, la apertura comercial a través de los tratados de libre comercio, los protocolos sanitarios de Servicio Nacional de Sanidad Agraria del Perú, entre otros.

Hubo un proceso de discusión para la renovación de esta ley en el Congreso que después, debido a protestas sociales mal manejadas, llevaron a su derogatoria que se llevó a cabo en días, sin mayor discusión, y acabó con la aprobación de una nueva ley que está actualmente vigente. Como asociación de exportadores, junto con otros gremios empresariales, hemos expresado nuestro llamado a que se defina una nueva Ley de Promoción Agraria.

Creemos que es un contexto en el cual el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo están en la capacidad de sentarse y discutir un mejor marco jurídico que le dé mayor previsibilidad y estabilidad a este sector. No solo debe tratarse de los aspectos tributarios, sino también de los aspectos laborales y, por qué no, también hablar de beneficios que puedan permitir a la agricultura familiar y a los esquemas asociativos y cooperativos sumarse a la agroexportación.

La actual ley está desincentivando la inversión, que se está yendo a países que están con esquemas mucho más favorables como Colombia, Ecuador y otros que compiten con el Perú. Necesitamos una nueva ley que realmente genere puestos de empleo. El actual régimen de Bonificación Especial por Trabajo Agrario, que no está conectado con la productividad del trabajador, es un desincentivo hacia las empresas para la contratación. Esto no existía en la anterior ley, y creemos que debería revisarse.

Hay que respetar los derechos laborales de los trabajadores, pero también tenemos que encontrar un balance en la normativa laboral que incentive la contratación de más trabajadores.

Hemos coincidido todos en la asociatividad, trabajarla con la agricultura familiar y tener como nexo al empresario privado que brinde lo que el Estado no puede brindar. Está demostrado que el Estado no puede brindar almacenamiento de agua superficial. El Estado no puede brindar tecnología. El Estado no puede brindar asesoramiento a los agricultores. El Estado no garantiza la cadena productiva de la agroexportación o de la agricultura familiar. La solución es la asociatividad; con la empresa privada sería un poco más rápido sacar a este sector del estrés en el que se encuentra en estos momentos.

Tenemos que elaborar una nueva ley cuidando el objetivo que tiene que ser el desarrollo agrario. Si vamos a ver tributos y si vamos a incluir también temas laborales a la Ley de Promoción Agraria, creo que ese fue el error cuando se debatió la actual ley. Hubo protestas porque metieron temas laborales y tributarios a una ley que debería ser específicamente para el desarrollo agrario. Estoy de acuerdo en que la actual ley se tiene que renovar. Se tiene que modernizar.

¿Cómo manejamos otros temas como el laboral, que tendría que pasar de todas maneras por la Comisión de Trabajo? Estamos trabajando un proyecto de ley con la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP), que nos está ayudando a elaborar la nueva fórmula.

Se ha presentado otra propuesta legislativa para la asociación con la empresa privada. Es decir, que la empresa privada se haga cargo de ayudar al pequeño agricultor, le brinde la asesoría, el apoyo técnico, el riego tecnificado, la logística para sacar adelante su producción. Esto también lo hemos trabajado con la AGAP, y es una iniciativa multipartidaria. 

La nueva Ley de Promoción Agraria queremos trabajarla un poco más y luego ya dar más alcances sobre ella. Se va a convocar a mayores especialistas y a mayores instituciones para que nos puedan ayudar a tener una fórmula completa.