Contraloría halla irregularidades en declaraciones juradas de Edgar Alarcón

La Contraloría General de la República emitió su informe respecto a las 26 modificaciones realizadas en las declaraciones juradas de bienes y rentas del actual congresista Edgar Alarcón (Unión por el Perú, Arequipa), durante su paso por dicha institución. Los cambios en los documentos fueron revelados por El Comercio.

En su reporte, la Contraloría sostiene que las modificaciones fueron “irregulares” y que existen indicios respecto a que la información inicial consignada no respondería a la verdad.

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“Está acreditado que, el indicado exfuncionario [Edgar Alarcón], presentó declaraciones juradas de ingresos, bienes y rentas “rectificadas”, las cuales tienen datos distintos a las declaraciones juradas de ingresos, bienes y rentas presentadas inicialmente, denotando indicios de que las primeras no responderían a la verdad de la información en ellas declaradas, afectando la fe pública en cuando a la confiabilidad, legitimidad y validez de las declaraciones que emiten los funcionarios y servidores públicos”, concluye la Contraloría.

Asimismo, el documento señala que con las “rectificaciones” de Alarcón se “propició el trámite de un procedimiento no contemplado en la normativa específica”, además de que fue realizado por una “unidad orgánica sin competencia”.

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La institución informa a la la Procuraduría Pública sobre los hechos detectados y solicita deslindar responsabilidades sobre funcionarios que permitieron las modificaciones fuera de ley.

La Contraloría formalizó una auditoría interna respecto a las 26 declaraciones juradas de bienes y rentas del actual presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso. Esto después del informe de El Comercio donde se revela que las modificaciones se continuaron realizando incluso después de que Alarcón dejara el cargo de contralor, en 2017.

Consultado al respecto, Edgar Alarcón reconoció que la posibilidad de rectificar una declaración jurada es un trámite no previsto expresamente en la normativa vigente.

“Sin embargo lo que el órgano de control y la actual gestión de la Contraloría quieren desconocer es que este reglamento la facultó para dictar las medidas que considere necesarias”, aseveró en unos descargos que nos envió por escrito.

Asimismo, Alarcón indicó que la rectificación no es una sustitución de lo declarado, porloque “no se afectó la transparencia”. También señaló que son más de 600 funcionarios públicos que se han acogido al mecanismo de rectificación.

“La Contraloría tiene aprobado un procedimiento de rectificación a través del sistema de declaraciones juradas en Línea, por lo que el órgano de Control de la Institución sin haberlo analizado a profundidad no puede determinar que mi trámite fue ilegal, en segundo término, la actual gestión de la Contraloría conoce de estos procedimientos de manera formal hace 03 años, llama la atención que recién quieran actuar al respecto”, refirió.

La Contraloría, en su informe, señala que la habilitación a la que se refiere Alarcón fue irregular y sin sustento legal. Este mecanismo fue habilitado cuando Alarcón era vicecontralor.

Cabe recordar que la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, presentó, ante el Congreso de la República, dos denuncias constitucionales contra el legislador y excontralor, quien actualmente preside la Comisión de Fiscalización. Una es por enriquecimiento ilícito, tras detectarse un presunto desbalance patrimonial ascendente a S/201,337.24.

Los hallazgos

El informe de la Contraloría consta de 41 páginas. Desde la página cinco, refiere que Alarcón presentó declaraciones juradas rectificadas mediante las cuales “modificó el valor de los bienes, así como incorporó y retiró información de bienes muebles e inmuebles, situación que no estaba regulada ni permitida por las normativas”.

“El exfuncionario Edgar Arnold Alarcón Tejada, al ser designado en los cargos de gerente general, gerente central de operaciones, y vicecontralor durante el periodo 2019 al 2016, presentó extemporáneamente sus declaraciones juradas de bienes y rentas correspondientes al periodo 2011-2016, lo cual generó que no pudiera ejercer dichos cargos por el lapso de un año”, consigna el informe.

Es decir, Alarcón realizó modificaciones pese a que estaba prohibido en el artículo 9 del reglamento de la ley que regula la publicación de la declaración jurada de ingresos y de bienes y rentas.

Los funcionarios a cargo del cumplimiento de esta normativa, no comunicaron esta “situación irregular”, propiciando -según el informe- que Edgar Alarcón “continúe prestando servicios en la institución permitiendo de manera indebida la regularización de sus declaraciones juradas, en contravención a la normativa que regula la presentación de las mismas”.

Los funcionarios tampoco advirtieron sobre la falta de presentación de declaraciones juradas de Alarcón, y permitieron la regularización extemporánea, algo fuera del plazo legal.

Cuando la Contraloría revisó el detalle de las rectificaciones corroboró los cambios en los montos, tal cual había advertido este Diario.

“Se advierte que en el expediente Nº 08-2016-09291 (de subsanación) el exfuncionario [Edgar Alarcón] declaró en el rubro de bienes la suma de S/ 999.000, mientras que en el expediente Nº 08-2016-26863 (de rectificación) lo modificó por asuma de S/ 1′142.300”, apunta el informe.

Como se aprecia en el siguiente cuadro, Alarcón incluyó dos propiedades y reemplazó dos vehículos.

Asimismo, se determinó que Alarcón se disminuyó el monto del bien inmueble Nº 3 en S/ 10.000 para agregar por ese valor 2 bienes inmuebles (S/ 5.000 cada uno); mientras que en el rubro de bienes muebles, se retiró el vehículo Nº 1 por el valor de S/ 3.300 y se agregó el vehículo Nº 4 por el valor de S/ 147.600.

“La rectificación solicitada por el obligado [Edgar Alarcón] no habría sido una subsanación, sino que tratarían de modificaciones a la información registrada en la declaración inicial y que fue presentada de forma extemporánea, tratándose de la variación en los valores de los bienes inmuebles, el registro de otro bien inmueble, el retiro de un bien mueble e incorporación de otro bien mueble”, especifica el informe.

La normativa vigente -La ley Nº 77482, el Decreto Supremo Nº 080-2001-PCM y la Directiva 013-2015-CG/GRPROD- no regula la posibilidad de realizar las modificaciones como las de Alarcón.

Sin embargo, el informe indica que se verifica que, en el Sistema de Declaraciones Juradas de la Contraloría, se habilitó la posibilidad rectificar los documentos. Esto sucedió el 17 de octubre del 2014, cuando Alarcón ocupaba el cargo de vicecontralor.

Dicha opción, al ser irregular y no tener sustento legal, fue suprimida del sistema el 5 de enero del 2018, cuando Nelson Shack asumió como contralor de la República.

Las modificaciones de Alarcón se realizaron desde las declaraciones juradas presentadas durante su inicio en la Contraloría.

“En la declaración jurada rectificada correspondiente a su cargo de gerente general, en el 2011, se observa que se disminuyó el valor de los siguientes inmuebles: inmueble Nº 1 en S/ 12.000, inmueble Nº 2 en S/ 5.000, inmueble Nº 3 en S/ 5.000, inmueble Nº 4 en S/ 87.310; y agregó el inmueble Nº 5 por el valor de S/ 12.000; asimismo, se agregó el vehículo Nº 2 por el valor de S/ 97.310″, especifica el informe.

La misma dinámica ocurrió en la declaración jurada de Alarcón en su calidad de vicecontralor, dos años después. “Se disminuyó el valor de los siguientes inmuebles: inmueble Nº 1 en S/ 7.000, inmueble Nº 3 en S/ 5.000, bien inmueble Nº 4 en S/ 36.360; y se agregó el inmueble Nº 5 por el valor de S/ 12.000; asimismo, no se consignó el bien mueble Nº 2 y agregó los vehículos Nº 3 y 4 coaduno por el valor de S/ 44.480″, agrega.

Un año después, en el 2014, se repitió la misma figura para disminuir los valores de los inmuebles: “inmueble Nº 1 en S/ 7.000, inmueble Nº 3 en S/ 5.000, inmueble Nº 4 en S/ 102.062; y se agregó el inmueble Nº 5 por el valor de S/ 12.000; asimismo, se incrementó el valor del vehículo Nº 2 en S/ 4.090 y agregó los vehículos Nº 3 y Nº 4 por los v valores de S/ 97.972 y S/ 27.243″, concluye la revisión.

En el informe, la Contraloría involucra a cinco funcionarios -dos exgerentes, dos profesionales y un técnico- por la tramitación irregular de las rectificaciones de Edgar Alarcón en sus declaraciones juradas de bienes y rentas.

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