Tan solo en 2024, la presidenta Dina Boluarte ha enfrentado seis mociones de vacancia de las cuales salió airosa en las votaciones del pleno del Congreso.
Seis meses después del último intento que se dio en mayo, en el hall de los pasos perdidos se vuelven a escuchar rumores para una sétima moción a raíz de la polémica desatada por las declaraciones del ex primer ministro Alberto Otárola, quien reconoció que la jefa del Estado se realizó una intervención a la nariz en 2023. La gran pregunta vuelve a surgir en el terreno político: ¿existen votos para tramitar una vacancia presidencial?
Todas las mociones de vacancia presentada durante el 2024 han sido impulsadas desde las bancadas de izquierda, y todas han fracasado hasta la fecha.
Las seis mociones se quedaron en la primera etapa tras rechazarse sus admisiones a debate en el pleno, pese a que este paso apenas requiere de 52 votos para su aprobación (una cifra menor si tomamos en cuenta la votación final donde la valla es de 87 adhesiones).
Los votos que sostienen al gobierno
Matemáticamente, la vacancia parece complicada. La revisión de las anteriores votaciones anticipan que las mociones solo logran votos del bloque de bancadas de izquierda, y ni siquiera al 100% de su capacidad. Pero más allá de la vacancia, las votaciones en acciones de control político en general (ademas de vacancia, censuras, interpelaciones, invitaciones ministeriales y facultades investigadoras) nos brindan un mejor panorama de la correlación de fuerzas legislativas al cierre de este 2024.
El Comercio revisó las 38 votaciones que se realizaron en el pleno sobre acciones de control político para determinar las posturas de las bancadas frente al gobierno de Dina Boluarte. Los índices arrojan que Alianza para el Progreso (APP) es la bancada que más vota a favor del Ejecutivo. En acciones de control político, esto quiere decir que ha votado en contra o en abstención en la mayoría de las vacancias, censuras, interpelaciones, y demás ítems analizados.
En esa línea, le siguen las bancadas de Fuerza Popular, Somos Perú y Avanza País: todos estos grupos forman parte del autodenominado “bloque democrático”. Esto representa un cambio respecto a las posturas políticas que mostraron estas agrupaciones legislativas durante el gobierno de Pedro Castillo, donde sus votaciones frente al Ejecutivo los ubicaban en la orilla opositora.
El Bloque Magisterial es la única bancada de izquierda que se mantiene dentro del bloque que tiende a votar a favor del gobierno. El resto de grupos izquierdistas está en la orilla opositora.
Con un tono opositor medio en las votaciones tenemos a Podemos, Renovación Popular, Acción Popular y Honor y Democracia. Renovación Popular es el único partido del bloque de derecha que empezó a marcar distancia clara en las votaciones, y Honor y Democracia va en la misma línea dado a que sus miembros son exintegrantes de la bancada celeste.
Por su parte, Acción Popular mantiene un rol más calculador, en especial desde que Julio Chávez asumió la presidencia del partido y su dirigencia ha tomado control sobre el accionar de la bancada de la lampa. Una de sus primera acciones fue expulsar a algunos de los legisladores acusados como líderes de la facción ‘Los Niños’.
Podemos es otro partido que se mantiene calculador y juega con sus posturas políticas, votación a votación. Por ejemplo, votaron a favor de la censura del ministro Rómulo Mucho pero blindaron al ministro Julio Demartini. Además, si bien su congresistas Juan Burgos impulsó desde la Comisión de Fiscalización la investigación del Caso “cofre” que involucra a la presidenta Dina Boluarte, la bancada no apoyó en bloque en la votación del pleno donde no se alcanzaron los votos para obtener facultades investigadoras sobre el mencionado caso.
El Comercio analizó 38 votaciones de control político en el pleno del Congreso (vacancias, interpelaciones, censuras, invitaciones, facultades y reconsideraciones vinculadas) para determinar las posturas de las bancadas existentes respecto al gobierno de la presidenta Dina Boluarte.
¿Una nueva vacancia?
“La señora presidenta de la República, en las fechas indicadas, pasó efectivamente por un procedimiento quirúrgico”. Las palabras del ex primer ministro Alberto Otárola han sido suficientes para que la izquierda parlamentaria vuelva a plantear la idea de una vacancia presidencial. Incluso, la legisladora Margot Palacios -quien se mantiene como no agrupada pero está afiliada a Juntos por el Perú- ya presentó una denuncia constitucional.
El otro bloque legislativo -el mayoritario- es el que ha salido a poner los paños fríos. Patricia Juárez, primera vicepresidenta del Congreso y representante de Fuerza Popular, rechazó que se considere una causal de vacancia la reciente intervención quirúrgica de la presidenta Boluarte. “Eso no te inhabilita para el ejercicio de la labor que tienes que hacer. No hay alguna norma que diga que cualquier enfermedad la tiene que reportar Congreso”, comentó en Canal N.
Este Diario también consultó con APP, la segunda fuerza legislativa, donde el portavoz Alejandro Soto coincidió en que no procede una vacancia. “En todo caso [procedería] una acusación constitucional por violación del artículo 115 de la Constitución, siempre que se compruebe una incapacidad temporal ocasionada por una intervención quirúrgica. Previamente habría que contrastar lo dicho por Otárola, ya que no sería responsable dar crédito a una una declaración sin tener la versión de la otra parte”, especificó el expresidente del Parlamento.
Soto hace referencia a la acusación constitucional debido a que su bancada tiene la presidencia de la subcomisión encargada de tramitar este tipo de acusaciones. Es decir, APP tiene la última palabra -y la correlación de fuerzas- para avanzar o demorar una posible denuncia constitucional contra la presidenta Boluarte.
En Podemos, la tercera fuerza numérica en el Parlamento, prefieren derivar el caso a la Comisión de Fiscalización que presiden a través de su legislador Juan Burgos. El dirigente de Podemos, Aron Espinoza, sostuvo que su bancada impulsará una indagación desde dicho grupo de trabajo, previo pedido de facultades al pleno. “Se debe realizar una investigación sobre cuántas operaciones estéticas se realizó la presidenta Boluarte y cómo se procedió con el mandato presidencial mientras se daban dichas intervenciones”, alegó el excongresista.
Esto es algo secundado por otros grupos como Renovación Popular, donde la legisladora Norma Yarrow ya envió un oficio a la Comisión de Fiscalización solicitando que en la próxima sesión se incorpore en el debate el caso de la intervención quirúrgica de la presidenta Boluarte, y que se pida facultades al pleno para realizar una indagación.
De concretarse el pedido de facultades ante el pleno, una vez más se pondrá a prueba la correlación de fuerzas legislativas. La última vez que la Comisión de Fiscalización pidió facultades por un caso que involucraba a la presidenta Boluarte -por la fuga de Vladimir Cerró en el denominado Caso “cofre”- no se lograron los votos necesarios.
