Fiscalía advierte que un centenar de casos vinculados a crimen organizado se verán afectados: las implicancias de la norma aprobada

En diálogo con El Comercio, Chávez Cotrina resaltó que, en el fondo, “esta norma no solo lesiona, sino que convierte algunos delitos de gran criminalidad en delitos de bagatela”.

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La fórmula plantea una serie de modificaciones al Código Penal, a la Ley Contra el Crimen Organizado y a la ley de procedimiento para investigaciones preliminares. Surgió a raíz de un proyecto del parlamentario Waldemar Cerrón (Perú Libre), siendo aprobado por la Comisión de Justicia —que dirige su colega de bancada, Américo Gonza— y ratificado por mayoría en el pleno y en la Comisión Permanente, respectivamente.

Entre otras modificaciones, se busca delimitar que para considerar una organización criminal esta debe tener “una compleja estructura desarrollada”, siendo conformada por tres o más personas “con carácter estable”, que se reparten roles “para la comisión de delitos graves sancionados con pena privativa de libertad mayor de seis años, con el fin de obtener, directa o indirectamente el control de la cadena de valor de una economía o mercado ilegal”.

El problema es que muchos de los delitos que se investigan en el marco de organización criminal, según advierte Cotrina, parten de penas menores a esa nueva ‘valla’. Esto, en la práctica, dejaría fuera una serie de casos seguidos, por ejemplo, por tráfico de terrenos, tala de ilegal, estafas agravadas, delitos monetarios, etcétera. Y ya no podrían ser sancionados como parte de redes criminales.

Chávez Cotrina puso como ejemplo una investigación seguida en Arequipa y Cusco en donde se han creado supuestas ‘cooperativas de ahorro’ y captado a más de 15 mil agraviados y estafado por, al menos, S/200 millones. “Pero la pena del delito fin, que es la estafa agravada, es de cuatro a ocho años; ya saldría del marco de organización criminal, en consecuencia, todos estos casos quedarían obviamente impunes”, cuestionó.

También mencionó, como ejemplo, los casos de tala ilegal en la selva, que traen como consecuencia a su vez el asesinato de líderes de comunidades amazónicas, y cuya pena es menor a los seis años requeridos. “También saldría del marco de organización criminal, existiendo organización criminal. Temas como esos, tráficos de terrenos, tráfico de combustibles hacia la minería ilegal, el gota a gota del Tren de Aragua, también podrían correr riesgo estas investigaciones”, cuestionó.

Desde el Ministerio Público, se estima que unos cien casos a nivel nacional, tan solo en el subsistema de crimen organizado, se verían vulnerados. Según explicó Cotrina, de aprobarse la norma perderían competencia sobre estos expedientes y tendrían que ser derivados a fiscalías penales comunes, con las dificultades logísticas que ya tienen.

“Con esta norma se está poniendo a la población a merced de la delincuencia y del crimen organizado”, manifestó el fiscal coordinador. Dijo que esperar que el Ejecutivo observe la fórmula legal, la cual aún no es enviada al Ejecutivo.

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Pero no es la única modificación. También se bloquea la posibilidad de que un fiscal pueda solicitar la inmovilización de bienes y activos de organizaciones políticas. Además, se establece la obligatoriedad de que, tras un allanamiento, el registro de un inmueble se realice con la presencia del abogado del investigado, desconocimiento la operatividad fiscal y policial.

“Si cuando vamos a un operativo, en esos segundos que entra la policía y el delincuente se da cuenta que están allanado su domicilio, comienza a desaparecer celulares, chips, todo lo que tiene en esos minutos, imagínese si se va a esperar cinco o seis horas para empezar el registro”, mencionó Cotrina.

La presidenta de la República, Dina Boluarte, evitó pronunciarse el lunes sobre el fondo del tema y dijo que esperarán la autógrafa que envíe el Congreso. “No es conveniente adelantar opinión de algo que no tenemos entre manos”, refirió.

Pero las modificaciones también podrían tener repercusiones en otros casos de organizaciones criminales aún más mediáticas y cuyas investigaciones están actualmente en curso, como ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’, ‘Los Waykis en la Sombra’, ‘La Fiscal y su cúpula de poder’ y muchos otros. Sin embargo, ello no implicaría necesariamente que se vengan abajo y se archiven, tal como apuntó el abogado penalista Andy Carrión.

Carrión explicó que al elevar y poner aún más sofisticada la estructura de una organización criminal para ser considerada como tal, esto podría tener efectos en este tipo de casos, principalmente, respecto a los delitos de menor nivel y actores secundarios de la presunta organización criminal.

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“Va a tener impacto en los casos, pero va a ser un impacto limitado. Tampoco significa que saquen la norma y mañana se vayan a archivar todos los casos por organización criminal. Eso no va a pasar. Pero sí tendrían que perfilar mucho mejor la organización, habría personas que, de todas maneras, solicitarían quedar fuera”, remarcó Carrión a El Comercio.

Sin embargo, a su juicio, si bien hay diagnóstico certero de que hay abuso de la figura de organización criminal por parte del Ministerio Público y del Poder Judicial, también remarcó que “el problema es que la solución es más grave que la enfermedad”.

Este Diario buscó comunicarse con el presidente de la Comisión de Justicia, Américo Gonza (Perú Libre), pero no respondió a las llamadas y mensajes. En tanto, Waldemar Cerrón evitó responder las preguntas y cortó la comunicación.

Por otro lado, el congresista Jorge Montoya (Honor y Democracia), quien votó a favor de la fórmula en la Comisión Permanente, rechazó que se busque debilitar la lucha contra el crimen organizado y dijo que esta figura se creó con una finalidad positiva, pero que “se ha empleado mal”, incluso con excesos.

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“Ahora a todo lo ponen la etiqueta de organización criminal (...) Lo que se está tratando de hacer es mejorar. Si es que hay alguna dificultad que ve el Ejecutivo, las observará, y veremos la forma de solucionarlas. Pero, en ningún momento, en ese proyecto de ley hay impunidad, por el contrario, hay garantía para todos los peruanos de que van a ser tratados iguales”, aseveró.

El decano del Colegio de Abogados de Lima (CAL), Raúl Canelo, dijo a El Comercio que pedirán al Ejecutivo que observe la norma y que, de llegar a ser ratificada, incluso llegarán a recurrir al Tribunal Constitucional (TC).

“El colegio va a exigir por ahora que el gobierno rechace esta propuesta, a través de sus atribuciones, y de no hacerlo, nosotros plantearemos una acción de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional”, expresó en dialogo con este Diario.

A su juicio, la norma es inconstitucional y “lo que está pretendiendo es favorecer al crimen organizado”. Cuestionó que no se haya requerido la postura técnica del gremio para este tema. “Están tomando un conjunto de decisiones sin mayor fundamento técnico jurídico”, puntualizó.

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