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Era enero de 1964 y los peruanos iniciaban el nuevo año con la noticia de un hecho fatal, el cual acaparó las portadas de la prensa. El escenario de la tragedia: la propia Corte Superior de Justicia de Apurímac, y los protagonistas: magistrados encargados de impartir justicia envueltos en una disputa.
Era enero de 1964 y los peruanos iniciaban el nuevo año con la noticia de un hecho fatal, el cual acaparó las portadas de la prensa. El escenario de la tragedia: la propia Corte Superior de Justicia de Apurímac, y los protagonistas: magistrados encargados de impartir justicia envueltos en una disputa.
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El infausto suceso ocurrió al promediar las 12:40 p.m. del 31 de diciembre de 1963, en el último día del año y mientras la sala plena de la corte culminaba una ceremonia de juramentación de un fiscal de una de las provincias de Apurímac.
El hecho fue confuso y dramático. Juan Pablo Castro Medina, en ese momento presidente de la sala civil, sacó una pistola de su bolsillo y disparó a quemarropa contra el magistrado Antonio Palacios Murillo, quien fallecería pocos días después, y contra Emilio Vega Centeno, este último presidente de la corte y quien quedó gravemente herido, pero salvó la vida.
El incidente dejó a los magistrados presentes en absoluto desconcierto, quienes fueron testigos de excepción. Pero no repararon en lo que vendría después. “¡El honor no se mancilla!”, se escuchó esbozar a Castro Medina, mientras dejaba la sala. Se dirigía a uno de los baños de la corte.
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“En medio de la confusión general, el agresor fue rápidamente al cuarto de baño, encerrándose, mientras los alguaciles pugnaban por ingresar para desarmarlo. Se escuchó entonces un disparo y, al forzar la puerta, hallaron al vocal muerto en el suelo”, reseñó El Comercio en su edición del día siguiente de ese fatal último día del 63.
Detrás de este insólito suceso hubo agravios, pero también una disputa por el poder. El hecho es narrado por Carlos Ramos Núñez en “Historia de la Corte Suprema de Justicia del Perú” (2008).
Al parecer, Castro aspiraba a ocupar la corte de Apurímac, y atribuía a su colega Palacios el haber sido relegado. Ese día de la juramentación, Castro tuvo un cruce de palabras con Palacios, quien respondió con una grave injuria sobre su honor, que el primero consideró insalvable y –no obteniendo satisfacción– abrió fuego.
La Sala Plena de la Corte Suprema tomó conocimiento de este grave acontecimiento y encargó en comisión al destacado jurista Domingo García Rada, entonces vocal. Él viajó a Abancay, en donde estuvo durante ocho días reconstruyendo los hechos y emitió un informe para la sala suprema, donde halló una serie de irregularidades.
No se pudo conocer a detalle su contenido. Sin embargo, García Rada aborda brevemente el caso en su libro “Memorias de un juez” (1978). Menciona, justamente, que no se eligió como presidente de la Corte de Apurímac al vocal que correspondía por orden de antigüedad, y que halló como responsable de los hechos al vocal Vega Centeno, quien fue el único que logró sobrevivir.
García Rada no dejó de mostrar su disconformidad porque, en lugar de disponer la separación o, por lo menos, la suspensión del citado vocal, la sala plena se limitó a imponer un apercibimiento. Ambigüedades de la justicia.