En una nueva maniobra para evitar ser sancionado, el congresista Heriberto Benítez interpuso ante el Cuarto Juzgado Constitucional de Lima una acción de amparo en contra del presidente de la Comisión de Ética Parlamentaria, Humberto Lay, y los integrantes de ese grupo, que recomendó suspenderlo 120 días por obstaculizar el allanamiento fiscal de ‘La Centralita’.
La demanda de Benítez señala que la Comisión de Ética no lo puede sancionar por hechos ocurridos antes de jurar como legislador.
En comunicación con El Comercio, el socio político del encarcelado ex presidente regional de Áncash César Álvarez dijo que el allanamiento de ‘La Centralita’ fue el 13 de julio del 2011. Es decir, 14 días antes de que asuma oficialmente como congresista de la República.
“El amparo que he presentado es para declarar nulo el informe de la Comisión de Ética, que propone suspenderme y denunciarme constitucionalmente, porque en la época en la que sucedieron los hechos yo no ejercía ninguna función parlamentaria y, por consiguiente, no puedo ser objeto de denuncia constitucional”, refirió Heriberto Benítez.
Indicó que el grupo de Humberto Lay debe evaluar la conducta de un congresista en funciones no del electo.
“No pude haber cometido un delito de función porque no tenía función parlamentaria. Así lo ha entendido el Poder Judicial que ha admitido a trámite mi demanda y Lay tiene cinco días para dar sus descargos”, añadió.
Heriberto Benítez reconoció que si hoy se vota el informe en el pleno del Congreso y este decide respaldarlo, a él solamente le quedará acatar esta decisión. Aunque no descartó interponer una medida cautelar para protegerse.
“Al menos ya hay un elemento que me permite demostrar que en el Poder Judicial mi situación está siendo evaluada. Recordemos que al fallecido Javier Diez Canseco se lo castigo, pero luego la instancia judicial le dio la razón y anuló todo. En mi caso, puede pasar algo similar”, acotó.
EL DATO
El Poder Judicial le ha solicitado al Congreso levantar la inmunidad de Heriberto Benítez y de Víctor Crisólogo por el Caso ‘La Centralita’. Ambos son acusaciones por los presuntos delitos de asociación ilícita para delinquir, receptación, violencia contra la autoridad para impedir el ejercicio de sus funciones y encubrimiento real en agravio del Estado.
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— Política El Comercio (@Politica_ECpe) noviembre 6, 2014