El presidente del Congreso de la República, José Williams (Avanza País), se mostró a favor de que el Poder Ejecutivo observe la norma aprobada por la representación nacional que limita la colaboración eficaz.
En declaraciones a los periodistas, justificó la decisión de los exprocuradores César Azabache, José Ugaz y Luis Vargas Valdivia de presentar un escrito a la presidenta Dina Boluarte solicitando la observación de dicha ley.
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“Están en su derecho. Pienso que esa ley –en lo personal- debe ser observada, volver al Congreso y debatirse algo más porque ha ocasionado opiniones diversas”, expresó.
Para Williams Zapata, el plazo de la colaboración eficaz debería oscilar entre los 25 y 30 meses, pero también indicó que los procesos no deben ser “eternos” y que no se puede recortar la labor de los fiscales en la investigación del delito.
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“Hay algunos que piensan que el plazo debe estar enmarcado en los 36 meses, que es lo que dura la fase de la investigación preparatoria. Otros consideran que pueden ser 8 meses llevados a 16 para casos de organización criminal”, manifestó.
“En lo personal creo que debe haber un plazo, probablemente pueda estar entre 25 y 30 meses por allí, pero es cuestión de decidirlo. No pueden ser eternos también, si alguien va a colaborar, pues que lo haga, pero tampoco se le puede recortar a los fiscales porque entiendo que la información se las da el que pretende ser colaborador eficaz, sino que tiene que buscarla en otras fiscalías, en otras regiones y también en el extranjero. Eso amerita más tiempo”, agregó.
Cabe indicar que la ley, que modifica los artículos 473, 476-A y 481-A del nuevo Código Procesal Penal, recibió el respaldo de 84 congresistas, 24 en contra y cinco abstenciones. El Parlamento remitió el documento al Ejecutivo el último lunes 3.
Entre las nuevas disposiciones incluye que, a quien se acoja a la colaboración eficaz, se le denominará “aspirante” y ya no “colaborador”. Además, los fiscales tendrán tiempo limitado para cerrar el proceso de colaboración.
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En tanto, el Ministerio Público contará con 8 meses de plazo y solo podrá prorrogar por 4 meses más. Solo en los casos de crimen organizado podrá aplazar procedimiento por 8 meses más.
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