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La Fiscalía de la Nación presentó una denuncia constitucional contra el congresista de Acción Popular Jorge Flores Ancachi, uno de los legisladores que ha sido acusado de ser parte del caso “Mochasueldos”
El caso se encuentra a cargo del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, y considera que Flores Ancachi habría cometido el presunto delito de concusión en grado de tentativa.
Según la denuncia, los hechos se refieren al presunto abuso del cargo por parte del parlamentario para pedir parte de los salarios a trabajadores de su despacho y de la Comisión de Energía y Minas que presidió en el periodo 2022-2023.
Se defiende
En declaraciones a Canal N, Flores Ancachi dijo que no le sorprendía la noticia por las dos denuncias que interpuso contra el fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena, y atribuyó la acusación a una “venganza”.
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“Yo esperaba este actuar del fiscal en vista de que yo antes también le había puesto dos denuncias constitucionales. Entiendo que puede ser una situación de venganza. Sin embargo, no sé si él tiene interés de ser candidato más adelante, ser diputado o senador. Es lo que percibo”, manifestó.
El parlamentario del partido de la lampa indicó que no se ha podido demostrar la autenticidad de los audios ni las declaraciones de los testigos. No obstante, remarcó que demostrará su inocencia ante el Poder Judicial.
El caso
El Ministerio Público inició las diligencias preliminares el 12 de julio del 2023 por 60 días. Luego, en setiembre amplió el proceso por 60 días, en noviembre por otros 30 y en diciembre del 2023 declaró el proceso como complejo y dispuso que la investigación preliminar sea por 8 meses.
En febrero de este año, la Fiscalía de la Nación amplió excepcionalmente la investigación por 60 días adicionales, ante lo cual el Poder Judicial estableció el 4 de abril que se proceda a concluir con la investigación y se determine si procede a la etapa preparatoria o si se archiva.
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“La investigación tomó 8 meses y 16 días, plazo que resulta razonable para esta investigación, pues se trata de un alto funcionario (congresista de la República) y actos de investigación (pericia fonética) que resulta técnica y necesaria; en ese sentido, debe declararse fundada la solicitud de control de plazo de la defensa, al haberse superado el plazo legalmente fijado”, estableció en esa fecha el juez supremo de investigación preparatoria, Juan Carlos Checkley.
