Pleno suspendió segunda votación de reforma sobre impedimentos ante cambio de postura de Podemos y UPP

El pleno del Congreso 2020-2021 no pudo ratificar, en segunda votación, la reforma constitucional que impide a las personas sentenciadas en primera instancia por delitos dolosos postular a cargos públicos. Esto debido a que las bancadas de Podemos Perú y Unión por el Perú cambiaron sus posturas respecto a la primera votación, y no se alcanzaban los 87 votos requeridos.

La segunda votación no se pudo concretar debido a que las bancadas lideradas por Daniel Urresti y José Vega mostraron su oposición, pese a que en la sesión plenaria del domingo 5, respaldaron la norma en la primera votación. Al cierre del debate, no se tenían los 87 votos requeridos, por lo que el presidente Manuel Merino (Acción Popular, Tumbes) suspendió la sesión hasta “una próxima oportunidad”. “Tenemos una responsabilidad histórica y tenemos que marcar la diferencia de otros Parlamentos”, dijo.

“Ninguna persona (sentenciada), a partir de las próximas elecciones, podrá postular a cargo de elección popular. No podrán postular a la presidencia de la República, vicepresidencias, Congreso, Parlamento Andino, tampoco a cargos de gobernadores o alcaldes. Es un paso importante en la lucha contra la corrupción”, refirió Omar Chehade (Alianza para el Progreso, Lima), presidente de la Comisión de Constitución, tras enfatizar que no se podía cambiar nada en la fórmula aprobada en la primera votación.

Martha Chávez (Fuerza Popular, Lima) presentó una cuestión previa tras cuestionar que se priorice este tema por encima de la reforma constitucionalidad sobre la eliminación de la figura de la inmunidad. “[Martín] Vizcarra pidió que se apruebe este tema [impedimentos] para allanar el camino de quienes serán sus salvadores. Primero hemos debatido inmunidad y luego vino lo de impedimentos”, acusó la legisladora fujimorista e insistió en que se debate primero la reforma sobre la inmunidad.

A este discurso se sumó Daniel Urresti (Podemos Perú, Lima), quien acusó un acuerdo entre el Poder Ejecutivo y el Congreso. “Acá solo quieren que postulen Acción Popular y App, y si es solo AP, mejor”, acusó. Ante los cuestionamientos, Luis Valdez (Alianza para el Progreso, La Libertad), encargado de la conducción del pleno en su calidad de primer vicepresidente, recordó que fue la Junta de Portavoces -con 79 votos- la que incluyó el tema en la agenda del pleno.

Por su parte, Lenin Checco (Frente Amplio, Apurímac) refirió que esta reforma era vital para la lucha contra la corrupción. Gino Costa (Partido Morado, Lima) también enfatizó la urgencia de concretar la segunda votación con el fin de que se pueda aplicar el impedimento para las elecciones generales del 2021, además de recordar que en la primera votación, ocho de nueve bancadas respaldaron la fórmula legal.

“Esta norma tiene 16 meses de maduración elaborado por un grupo de especialistas, recogida por el Ejecutivo y presentada al Congreso anterior. Se votó pero no se pudo ratificar [la disolución del Congreso]. Este período ha enriquecido la norma”, explicó Costa.

Toda la oposición a la reforma provino desde las bancadas de Fuerza Popular y Podemos Perú. El fujimorista Carlos Mesía (Lima) insistió en que se está vulnerando el principio de la presunción de inocencia. “Si una persona es sentenciada en primera instancia y se le impide postular, pero luego es absuelta en segunda instancia, va a ir a la Corte Interamericana a pedir indemnización como lo hicieron los terroristas. Por culpa de este Parlamento, el Estado va a terminar pagando millones”, dijo.

“Una esposa puede denunciar por alimentos a una persona y en dos meses estará sentenciado, por lo que no podrá ser candidato”, ejemplificó Carlos Almerí (Podemos Perú, Lima Provincias), mientras que su colega Cecilia García (Podemos Perú, Lima) pidió priorizar el debate de otros temas como el congelamiento de deudas en los bancos y la liberación de fondos de la ONP.

La respuesta llegó desde la bancada del Frente Amplio. “Podemos está siguiendo el discurso de Fuerza Popular. Están anteponiendo sus intereses personales porque está en tela de juicio su participación en las elecciones del 2021″, manifestó Lenin Bazán (La Libertad).

Roberto Chavarría (Unión por el Perú, Junín) dijo que la norma en cuestión podía dejar “desamparados” a los dirigentes sociales que tienen derecho de representar a través de un cargo público. El vocero de UPP, José Vega (Lima), incluso acusó de que la reforma no había sido consultada ante juristas. “Creen que van a ganar las elecciones con esta reforma, ya hay leyes que frenan a las sentenciados y no ha parado la corrupción. Nosotros queremos una reforma total de la Constitución”, agregó.

Al bordear las 10:00 p.m., las proyecciones arrojaban que no se tenían los 87 votos para la segunda votación. Esto debido a que varios congresistas se encontraban de licencia. En el debate quedó claro que Fuerza Popular, Podemos Perú y Unión por el Perú votarían en contra de la reforma. A sabiendas de que los votos no alcanzaban, Urresti retó a la Mesa Directiva a someter la reforma a la segunda votación.

Ricardo Burga (Acción Popular, Lima) criticó la “desesperación” de Urresti. “Lo que usted tiene es miedo y temor de enfrentarse a la justicia. Usted ya se enfrentó a Acción Popular y le ganamos [en las elecciones municipales 2018], y estoy seguro de que si nos volvemos a enfrentar, le volveremos a ganar”, sostuvo,

Sin barreras

En la polémica sesión del pasado domingo 5, la referida reforma constitucional obtuvo 111 votos a favor y 14 en contra. Para que se convierta en ley y entre en vigencia en el proceso electoral 2021, se necesita que el Parlamento lleve a cabo una segunda votación con mayoría calificada de 87 votos.

La reforma aprobada señala que “están impedidas de postular a cargos de elección popular, la personas sobre quienes recaiga una sentencia condenatoria emitida en primera instancia, en calidad de autoras o cómplices, por la comisión de delito doloso”.

Asimismo, se especifica que “están impedidas de ejercer la función pública, mediante designación en cargos de confianza, las personas sobre quienes recaiga una sentencia condenatoria emitida en primera instancia, en calidad de autoras o cómplices, por la comisión de delito doloso”.

En el dictamen original, que la Comisión de Constitución presentó ante el pleno, la fórmula planteaba que el impedimento solo para las personas condenadas, en primera instancia, por delitos dolosos con penas superiores a los cuatro años. En el pleno del domingo 5, esta barrera de los cuatro años fue retirada a pedido de la bancada de Somos Perú y otras que la secundaron.

Resistencia previa

En un inicio, las bancadas de Alianza para el Progreso, Podemos Perú, Unión por el Perú y Fuerza Popular bloquearon el debate de esta reforma en el pleno. Fue en la sesión del viernes 3 de julio, donde los voceros de las cuatro bancadas se negaron a firmar la exoneración virtual para que el texto sea incluido en la agenda del pleno.

El bloqueo de los referidos grupos parlamentarios se mantuvo a lo largo de toda la sesión que se extendió hasta las 7:30 a.m. del día siguiente, sábado 4 de julio. Tal como reportó este Diario, a lo largo de toda la jornada primaron las negociaciones y los cálculos políticos, como APP que condicionó su firma a cambio del respaldo a su proyecto de reforma constitucional que disponía una inversión del 6% del PBI para el sector educación. Al final, ninguno de los dos proyectos fue aprobado ese día.

Toda reforma constitucional requiere de una votación calificada (87 votos) en dos legislaturas consecutivas. En este caso, se requería que las dos votaciones se produzcan entre la primera legislatura -que acababa el 5 de julio- y la segunda -que arrancaba el 6 de julio-. En marzo, el pleno aprobó una norma donde se establece que el Congreso puede introducir cambios electorales solo hasta setiembre, por lo que si la primera votación de la reforma de impedimentos no se daba hasta el 5 de julio, los plazos no alcanzarían.

Contra el reloj, esta reforma fue aprobada a las 11:09 p.m. del domingo 5, a menos de una hora del cierre de la primera legislatura.

Pero esta no es la primera resistencia. La reforma ya había sido aprobada en primera votación, en julio del 2019, por el anterior Congreso disuelto. La segunda votación debió darse en la siguiente legislatura que arrancó en agosto del mismo año, pero hasta el 30 de setiembre, en el que se produjo el cierre del Parlamento, el texto nunca fue puesto al debate en el pleno.