¿Un Congreso sin ética? Suman 26 blindajes por casos éticos en dos años de gestión

Estos se refieren a todos los casos donde existían informes que recomendaban abrir investigación o sanciones contra un congresista, y los miembros de la Comisión de Ética o el pleno decidieron desestimar las conclusiones y archivar la denuncia para salvar al cuestionado parlamentario.

La Comisión de Ética Parlamentaria cuenta con una secretaría técnica, la cual se encarga de elaborar los informes de calificación (mediante los cuales se establece si procede investigar un caso), así como los informes finales (que determinan, tras la indagación, si procede una sanción).

Tras una revisión de los expedientes publicados en el portal web del Congreso, este Diario identificó que los miembros de la Comisión de Ética rechazaron 18 informes de calificación que recomendaban abrir investigación. Es decir, desestimaron la posibilidad de indagar denuncias contra sus colegas.

Alejandro Soto no es el único miembro de la actual Mesa Directiva que se ha visto beneficiado con las decisiones políticas de la Comisión de Ética. Rosselli Amuruz (Avanza País), antes de ser tercera vicepresidenta, fue denunciada por realizar una fiesta de cumpleaños en época de pandemia del COVID-19.

En el informe, la secretaría técnica recogió todos los artículos del Código de Ética y de su reglamento por los que se debía investigar a Amuruz. Pese a ello, la comisión archivó el caso.

Ahora afronta cuestionamientos por una fiesta en Lince, donde una persona fue asesinada.

En esta instancia también se tiene el Caso ‘Los Niños’, en el que la comisión rechazó el informe de la secretaría técnica que recomendaba abrir indagación contra cuatro de los seis legisladores involucrados.

Lo mismo sucede con los informes finales. Cinco legislado

res se salvaron de una sanción debido a que los miembros de la comisión rechazaron las conclusiones de la secretaría técnica que proponía –tras una indagación– la sanción que debía remitir el pleno. En este rubro se encuentran los informes finales por tres denuncias de casos de mochasueldos.

La secretaría técnica recomendó suspender por 120 días a Magaly Ruiz, Rosio Torres (ambas de APP) y Heidy Juárez (Podemos), pero la comisión cambió el informe y solo emitió una “recomendación pública”.

El pleno del Congreso no se escapa de los blindajes. Al caso de Luis Cordero se suman los de Jorge Luis Flores y Elvis Vergara (ambos de Acción Popular), investigados a nivel fiscal por el Caso ‘Los Niños’ .De los seis implicados, fueron los dos únicos contra los cuales se aprobó iniciar investigación y, finalmente, se autorizó recomendar una suspensión por 120 días. El problema fue cuando el caso se elevó al pleno del Congreso, puesto que los informes finales fueron rechazados por la mayoría.

El especialista en temas parlamentarios Carlos Maguiña advirtió que estos casos de blindaje “afectan la imagen del Congreso ante la opinión pública, reforzando la percepción de la frase otorongo no come otorongo”.

“La idea del código de ética es que se respete la investidura y se eviten actos faranduleros. A eso se debe apuntar”, dijo Maguiña.

1

Pendiente I

Caso Katy Ugarte

La Comisión de Ética recomendó suspender por 30 días a Katy Ugarte (Unidad y Diálogo) por despedir a una trabajadora gestante. 

2

Pendiente II

Caso María Cordero

El pleno debe debatir dicho caso y el informe que recomienda suspender a María Cordero (no agrupada) por recortar sueldos a sus trabajadores.

Columna de opinión

Control ético parlamentario: ¿tolerancia o transparencia?

Por Martin Cabrera, abogado especialista en asuntos parlamentarios 

“La política es un acto de equilibrio entre la gente que quiere entrar y aquellos que no quieren salir”. Esta frase atribuida al clérigo francés Jacques-Bénigne Bossuet refleja el dilema actual del control ético en nuestro Parlamento.

De los 133 casos analizados en la Comisión de Ética Parlamentaria este período, apenas 30 concluyeron en informe (14 archivados y 16 recomendaron sanción). Solo dos parlamentarios, Freddy Díaz y Enrique Wong, fueron sancionados por graves acusaciones (violación y tráfico de influencias, respectivamente).

Comparativamente, períodos anteriores evidencian una tendencia decreciente en acciones disciplinarias. Entre el 2016 y 2021, 16 informes proponían sanciones y ocho parlamentarios fueron sancionados. Entre el 2011 y 2016 se suspendió a 18, y entre el 2006 y 2011, a 13.

Más allá de los escándalos, el real desafío para el Congreso de la República de estos tiempos es su respuesta ante la inmoralidad. El declive en sanciones podría reflejar una creciente tolerancia.

¿La solución? Más transparencia: las denuncias y sus evaluaciones deben ser accesibles al público. Es esencial también establecer plazos definidos para la presentación, investigación y aprobación de informes en la Comisión de Ética Parlamentaria.

Ello contribuiría a que las decisiones no sean cuestionadas por falta de integridad. Los escándalos no son exclusivos de este período parlamentario, la tolerancia sí y, precisamente, eso es lo que más afecta la legitimidad de la función parlamentaria.