Crisis en Perú: la trastienda del documento de respaldo a Pedro Castillo que impulsó el Gobierno junto con México, Bolivia y Colombia

En la intimidad de la quinta de Olivos, el presidente Alberto Fernández transmitió el domingo sus dudas en relación al reconocimiento de Dina Boluarte, la vicepresidenta de Perú que la semana pasada asumió el poder luego del fallido autogolpe encarado por su compañero de fórmula, Pedro Castillo, destituido por el Congreso y detenido horas más tarde.

A través del canciller Santiago Cafiero, que le facilitó el teléfono de la vicepresidenta peruana, Fernández habló con ella mientras ya diseñaba junto con sus pares de México, Colombia y Bolivia una postura conjunta, que se dio a conocer recién anoche.

“Alberto no estaba muy convencido, estaba muy reacio a apoyar a Boluarte”, contó un dirigente que habló con el Presidente por esas horas, aunque su postura se fue modificando luego de los contactos con sus pares, el mexicano Andrés Manuel López Obrador, el boliviano Luis Arce, y sobre todo, el colombiano Gustavo Petro, quien lo convenció (a él y a sus pares) de contar también “el hostigamiento previo” al que Castillo fue “sometido por los medios y la oposición” antes de tomar una decisión, según contaron a La Nación altas fuentes del Gobierno.

Los contactos vía chat y teléfono entre los presidentes fueron claves para la confección del comunicado en defensa de “los derechos humanos” de Castillo, que según otra alta fuente oficial fue obra exclusiva de los presidentes sin intermediarios.

Diferentes posturas

“Alberto no lo consultó con nadie, decidieron los presidentes”, comentó otro funcionario que se enteró de los detalles. En la previa, una reunión vía zoom del grupo de Puebla (que componen expresidentes latinoamericanos) había mostrado disidencias en torno al autogolpe protagonizado por Castillo, su intención de disolver el Congreso y la asunción de Boluarte.

“Estuvo dividido. Mitad quería condenar a Castillo, mitad no”, comentó un participante del zoom, protagonizado por exmandatarios, muchos de los cuales (como la brasileña Dilma Rousseff, el español José Luis Rodríguez Zapatero y el uruguayo José Mujica) estarán el lunes en el CCK para apoyar a la vicepresidenta Cristina Kirchner.

Finalmente, el comunicado de los presidentes hizo mención al “respeto a la voluntad popular”-en el Gobierno reiteran que esa frase no puede leerse como un apoyo a la restitución de Castillo-y al “hostigamiento” contra el ya expresidente de Perú. “Le pidieron el juicio político y lo acusaron de traidor a la Patria sólo por hablar de la salida al mar de Bolivia”, afirmaron desde el Palacio San Martín, a modo de justificación parcial del accionar de Castillo. “Había que contar la película entera, no sólo la última parte”, agregaron las fuentes.

“Nunca avalamos el accionar de Castillo, sólo pedimos que se respeten sus derechos humanos”, afirmaron desde la Cancillería. “Y también hay que alertar sobre el sistema en Perú, porque esto que pasó a Castillo le pasó a los anteriores y le puede pasar al próximo presidente”, comentaron muy cerca del Presidente.

Distinta postura tuvo la organización Human Right Watch, que a través de su directora para la región Juanita Goebertus consideró “lamentable que los gobiernos de Argentina, Bolivia, Colombia y México respondan a la grave crisis en Perú victimizando a Castillo, quien intentó disolver el Congreso en medio de investigaciones por corrupción. América Latina debe apoyar a Perú defendiendo el estado de derecho”, sostuvo Goebertus.

Luego del comunicado, desde el Gobierno esperan que la presidenta en funciones-aún no reconocida por sus pares latinoamericanos-”logre estabilizar la situación”. “En definitiva, lo que buscamos fue respetar la continuidad democrática”, afirmaron cerca del Presidente, aunque la condena directa y pública de la Argentina a Castillo-un aliado de la Patria Grande a quien Fernández buscó acercarse en su año y medio de mandato-seguirá brillando por su ausencia.

Por Jaime Rosemberg