Candidatos no cumplen protocolos sanitarios: ¿Quién es el responsable de regular las actividades de campaña electoral?

Fuentes del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) adelantaron a El Comercio que se alista una iniciativa, aunque no relacionada al establecimiento de un protocolo o la emisión de un nuevo reglamento adicional a los ya establecidos.

Y es que los ejemplos han aparecido antes del fin del 2020 y en los primeros días de este año. Es el caso de actividades de Daniel Salaverry, Hernando de Soto, César Acuña y Yonhy Lescano, candidatos presidenciales de Somos Perú, Alianza para el Progreso (APP), Avanza País y Acción Popular, respectivamente.

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Las normas

Dichas actividades se han realizado pese a que el Ministerio de Salud (Minsa) ha dispuesto medidas sanitarias para toda la población.

Entre ellas, cubrirse la boca y nariz con una mascarilla, mantener más de un metro de distancia siempre que sea posible, evitar los espacios cerrados muy concurridos, lavarse las manos con frecuencia o usar algún desinfectante de manos con al menos un 60% de alcohol.

Además, el reciente decreto supremo que ha prorrogado el estado de emergencia nacional establece que “se encuentran suspendidos los desfiles, fiestas patronales y actividades civiles, así como todo tipo de reunión, evento social, político, cultural u otros que impliquen concentración o aglomeración de personas, que pongan en riesgo la salud pública”.

Incluso hay multas normadas por el Gobierno. Por ejemplo, según el Decreto Supremo N°006-2020-IN, el desarrollar actividades sociales, recreativas, culturales, religiosas de aglomeración o concurrencia masiva o no en la vía pública es considerada una infracción muy grave y se sanciona con una multa de S/396. Para quienes no usen mascarillas en la vía pública, la penalidad es de S/352.

Fiorella Krapp, médico infectóloga de la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH), considera prudente que se establezcan lineamientos para las campañas electorales, “dado que estamos en un rebrote y nuestra capacidad hospitalaria todavía es frágil y puede verse rápidamente sobrepasada”.

“Siendo los que están postulando los que deberían decirle a la ciudadanía ‘nosotros vamos a asumir el cargo en medio de una pandemia’, deberían definitivamente dar el ejemplo de responsabilidad y cuidado de la salud. Ese ya es un signo de alarma. A pesar de que se sabe que las aglomeraciones puedan causar transmisión, lo vienen haciendo”, cuestiona.

¿De quién es la responsabilidad?

Cuando aparecían las primeras movilizaciones de candidatos que generaban aglomeraciones, este Diario dio cuenta de que el Perú no tiene un protocolo para prevenir el COVID-19 en actividades de campaña electoral, como recientemente ha aprobado Ecuador de cara a sus elecciones generales de febrero. Ello, además, pese a que la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) elaboró una “Guía para organizar elecciones en tiempos de pandemia”, que contempla una serie de medidas para procesos electorales, incluyendo las campañas.

Una de las recomendaciones fue “elaborar un protocolo para la realización de actividades de campaña político-electoral dirigida a las organizaciones políticas, en el que se informe sobre las disposiciones sanitarias para la realización de eventos”.

“Es determinante el compromiso de las organizaciones políticas para el cumplimiento de las disposiciones emitidas por las autoridades de la salud. La respuesta contra la pandemia requiere de acciones colectivas, de la voluntad y del compromiso de los líderes políticos para generar los niveles de conciencia necesarios entre sus seguidores”, dice el documento.

En el caso del Perú, es el Ejecutivo, a través del Minsa, el que ha emitido medidas generales para toda la población. En cuanto a los organismos electorales, el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, señaló que no está entre sus atribuciones emitir protocolos para campañas electorales.

Por otro lado, una fuente del pleno Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ratificó en que la autoridad competente para dictar medidas sanitarias es el Minsa y que, en todo caso, pueden realizar exhortaciones a los partidos y candidatos, “pues no le corresponde al Jurado hacer reglamentos” respecto a actividades de campaña.

Iván Lanegra, secretario general de Transparencia, cree, sin embargo, que el JNE pudo haber precisado qué actividades están prohibidas en el contexto de la emergencia, más allá de indicar en su reglamento sobre publicidad y propaganda electoral: “Las actividades que desarrollan las organizaciones políticas con motivo del proceso electoral, que importen reuniones en un determinado espacio físico, deben realizarse bajo las disposiciones que establezca el Ministerio de Salud, en el contexto de la pandemia del COVID-19”.

Y aunque si bien repara en que los organismos electorales no tienen un marco legal que los faculte a regular las campañas electorales y que las actuales medidas limitativas por la emergencia sanitaria implican restricciones de derechos, considera que estos sí pueden brindar recomendaciones usando las normas que el Ejecutivo ha establecido.

“Los límites de lo que está restringido está en esas normas legales. La ONPE y el JNE no podrían establecer nada más exigente de lo que está en esas normas, porque no tiene mandato para establecer una restricción de derechos adicional a lo que está establecido en las normas, salvo que una ley le hubiera dado ese mandato. Eso no existe. El marco legal, lo que da la obligación de cumplir con las reglas está en las normas de emergencia. Y es un campo del Ministerio de Salud el establecer con precisión dichas reglas”, explica.

Precisamente, el último domingo, la primera ministra Violeta Bermúdez manifestó en RPP: “Desde el Ministerio de Salud, como entidad rectora en materia de protección de salud de las personas, podemos emitir opiniones que alcanzaremos a los órganos electorales, pero son ellos a quienes corresponde tomar las decisiones respecto a cómo se van a llevar a cabo las campañas electorales, algunos lineamientos que quizá ellos [Minsa] puedan dar. Nos corresponde como Ejecutivo alertar sobre los peligros en general para la población y esto es conocido universalmente”.

Este Diario intentó comunicarse con representantes del Minsa para conocer si había algún avance respecto de lo planteado por Bermúdez o alguna medida a tomar, pero hasta el cierre de este informe no hubo respuesta.

Es decir, aunque hay responsabilidades compartidas, la pelota va de un lado al otro y, al momento, ninguna entidad del Estado toma la batuta para la implementación rápida de medidas sanitarias, sea un protocolo o no, para las actividades de campaña electoral, en donde participan ciudadanos de a pie. Sin embargo, hay una alternativa.

El Pacto Ético como alternativa

Por el momento, fuentes del JNE adelantaron a este Diario que la opción que se maneja es incluir en el Pacto Ético Electoral lineamientos para que los partidos y candidatos respeten las normas sanitarias establecidas.

“Incluiremos en el Pacto Ético Electoral algunas cláusulas sobre ello. Teniendo en cuenta lo dispuesto por el Minsa”, dijo una de las fuentes. En ese contexto, acotó que se prevé iniciar la próxima semana reuniones con representantes de las agrupaciones políticas, que los partidos suscriban el acuerdo en febrero y que, luego, se instale el Tribunal de Honor, una entidad que en las elecciones congresales del 2020 estuvo integrado por 5 miembros ad honorem, entre ellos la actual primera ministra Violeta Bermúdez.

Otra fuente refirió que en el pleno del JNE se planteó y aprobó en noviembre, entre distintos puntos referidos a las elecciones, que se conforme el Tribunal de Honor. Añadió que los órganos técnicos de la institución están avanzando en el tema y en la propuesta de los lineamientos a incluir, los cuales serán aprobados finalmente por dicho cuerpo encargado de velar por el cumplimiento de los compromisos del Pacto Ético, y facultado a emitir exhortaciones y amonestaciones públicas.

Lanegra se expresó de acuerdo con dicha alternativa, para que la salvaguarda de la salud sea parte del comportamiento ético de los candidatos. “Hay una responsabilidad de los partidos con toda la ciudadanía respecto al tema sanitario. Si entra en el pacto, habría un compromiso de todos los partidos de respetar esas normas mínimas sanitarias”, señala.

En la misma línea se manifiesta Percy Medina, jefe de IDEA Internacional en el Perú. “Los marcos generales ya están dados. Es cuestión de adecuarlos a la campaña con ejemplos concretos de lo que no se debe hacer para garantizar una campaña presidencial sin riesgo sanitario”, opina.

De igual forma, Oswaldo Hundskopf, expresidente del Tribunal de Honor en las elecciones del 2020, sostiene que el acta del Pacto Ético podría reforzarse con cláusulas en torno a la emergencia sanitaria. “Es necesario firmar un acta del Pacto Ético, incorporarse por lo menos un par de cláusulas, entre ellas el compromiso, la obligación de respetar las medidas en función a la ciudadanía y la salud. Y precisar las sanciones”, refiere.

Las medidas

Lanegra coincide en que de no cumplirse las normas del Pacto Ético deberían implicar una amonestación pública del Tribunal de Honor. “Son personas que están presentándose para ocupar puestos de responsabilidad pública. Y sería muy contradictorio que aquel que supuestamente busca servir al interés público sea el primero en ir contra ese interés”, indica.

“Si es que lo que más les interesa a ellos es ganar votos y demostrar que son capaces de gobernar un país a través de una pandemia, probablemente una amonestación pública importante que demuestre que no está cumpliendo”, dice Krapp.

Para Medina, la amonestación sería significativa, pues iría acompañada de una muestra de irresponsabilidad en los candidatos y sus partidos. “Aquellos candidatos que no sigan esos lineamientos están mostrando que no son responsables. Están desnudando sus carencias para asumir un cargo de responsabilidad pública”, afirma.

Entre las medidas sanitarias, Krapp considera que se debería limitar la cantidad de personas en las actividades de campaña, realizar estas solo en ambientes amplios y al aire libre y buscar el riesgo de transmisión a través de, por ejemplo, caravanas vehiculares.

“Sabemos que hay cuatro ambientes críticos que favorecen la transmisión: ambientes cerrados, poca ventilación, el no uso de mascarillas y el contacto de largo tiempo. Esos cuatro aspectos se tienen que tomar en cuenta y, en base a eso, proponer diversos escenarios”, apunta.

A juicio de Lanegra, debería incidirse en las prohibiciones de realizar actividades en lugares cerrados o sin distanciamiento social y evitar consumir alimentos en grupo.

“No debería haber entrega de cualquier cosa que pudiera significar que se genere aglomeración, que se estén pasando cosas de mano en mano”, añade Medina.

Entre las recomendaciones de la OEA están establecer límites para la cantidad de asistentes a eventos y reuniones presenciales, conforme a disposiciones nacionales por la pandemia; desalentar la participación de personas de alto riesgo en eventos presenciales; promover la higiene respiratoria y etiqueta de tos; procurar la realización de actividades al aire libre o en espacios con buena ventilación; disponer de espacios físicos amplios para el distanciamiento en caso se realicen reuniones en lugares cerrados.

También promover el uso mascarillas y el lavado de manos durante los eventos de campaña; reducir el traspaso físico de materiales (folletos, papeles, etc.) entre asistentes; evitar el uso de vehículos compartidos para trasladar simpatizantes; difundir ideas a través de plataformas digitales para no exponer a simpatizantes y generar buenas prácticas en dichos espacios para la igualdad de condiciones.

En el protocolo aprobado en Ecuador solo se han permitido caminatas con un límite de entre 100 y 200 personas, y caravanas de entre 20 y 50 vehículos, de acuerdo a la cantidad de electores por jurisdicción. Asimismo, entre las medidas establecidas están: uso obligatorio de mascarillas por parte de candidatos y simpatizantes, distancia mínima de 2 metros entre cada persona durante los eventos y portar alcohol en gel.

“De organizar actividades electorales no planificadas, las organizaciones políticas o sociales serán sancionadas conforme la normativa de salud. En ese marco, serán los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales autorizarán los recorridos y dictarán los lineamientos propios de la organización urbana”, indica un comunicado del Consejo Nacional Electoral (CNE) de dicho país vecino.

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