Durante la primera vuelta electoral, el 19 de marzo pasado, el candidato presidencial Pedro Castillo (Perú Libre) habló de desactivar la Defensoría del Pueblo, institución autónoma que tiene como visión velar por el cumplimiento de las obligaciones del Estado y defender a los sectores más vulnerables.
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“Hay que desactivar la Defensoría del Pueblo. Ustedes conocen. ¿La Defensoría del Pueblo ha defendido a Espinar? Pero cuánto se lleva”, dijo aquella vez durante un mitin en la provincia de Espinar, Cusco.
Este martes, ya en su campaña por la segunda vuelta, evitó despejar las dudas sobre el futuro de la Defensoría del Pueblo si es elegido mandatario.
Ante la insistencia de la prensa, que le recordó dicha propuesta, el candidato prefirió el silencio. Previamente, se había limitado a desautorizar una cuenta en Twitter que difundió sus declaraciones contra la institución: “Hay páginas falsas que se atribuyen lo que no les compete”.
El abogado Luciano López señaló a este Diario que sería inconstitucional la medida. “La Defensoría del Pueblo es un órgano constitucional autónomo. El presidente no tiene atribuciones para tocarle ni un pelo”, dijo.
López añadió que si Castillo intentara desactivarla, correría el riesgo de ser destituido por el Congreso.
El abogado Alejandro Rospigliosi añadió que “la propuesta que ha lanzado Castillo demuestra un desconocimiento total de la Constitución”.
“El presidente no puede cambiar ni eliminar la defensoría. Podría, en todo caso, presentar un proyecto de reforma constitucional al Congreso”, dijo.
La Defensoría del Pueblo informó a El Comercio que no se pronunciará sobre las declaraciones de Castillo “por respeto al principio de neutralidad”.
En los últimos días, el postulante a Palacio de Gobierno había planteado “desactivar” el Tribunal Constitucional (TC), la Superintendencia de Transporte Terrestre, Carga y Mercancías (Sutrán) y la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU). Además, anunció que en un eventual gobierno suyo iban a corregir la Superintendencia Nacional de Educación Superior (Sunedu).
Este martes, en el distrito de Ignacio Escudero, la comitiva de Castillo hizo una parada en una losa deportiva. Allí Castillo realizó un discurso desde la tolva de su camioneta, pero no hizo más aclaraciones sobre la posibilidad de que su gobierno intente desactivar la Defensoría del Pueblo.
Según consigna en su página web, la Defensoría del Pueblo es una institución que tiene como misión defender y promover los derechos de las personas y la comunidad, con autonomía y énfasis en los grupos poblacionales en condiciones de vulnerabilidad, mediante la supervisión al cumplimiento de las obligaciones del Estado.
La Constitución, en su artículo 161, precisa que el defensor del Pueblo es elegido y removido por el Congreso con el voto de los dos tercios de su número legal. Goza de la misma inmunidad y de las mismas prerrogativas de los congresistas.
Para ser elegido Defensor del Pueblo se requiere haber cumplido 35 de edad y ser abogado. El cargo dura cinco años y no está sujeto a mandato imperativo. Tiene las mismas incompatibilidades que los vocales supremos.
El artículo 162 de la Constitución señala: Corresponde a la Defensoría del Pueblo defender los derechos constitucionales y fundamentales de la persona y de la comunidad; y supervisar el cumplimiento de los deberes de la administración estatal y la prestación de los servicios públicos a la ciudadanía. El Defensor del Pueblo presenta un informe al Congreso una vez al año, y cada vez que éste lo solicita. Tiene iniciativa en la formación de las leyes. Puede proponer las medidas que faciliten el mejor cumplimiento de sus funciones. El proyecto de presupuesto de la Defensoría del Pueblo es presentado ante el Poder Ejecutivo y sustentado por un titular en esa instancia y en el Congreso.
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