En las entrañas del ‘club de la construcción’ | INFORME

(Con la colaboración de Giovanna Castañeda y Jorge Falen)

No cumplía ni un mes el gobierno de Ollanta Humala y al lobbista Rodolfo Prialé de la Peña le urgía reunirse con su amigo Carlos Eugenio García Alcázar. La llegada de un flamante gobierno significaba establecer nuevas conexiones para sus clientes. Prialé le explicó a García cómo funcionaba el ‘club de la construcción’, una presunta organización criminal que trascendía mandatos presidenciales: estaba integrado, según la fiscalía, por un grupo cerrado de las constructoras más poderosas que operaban en el país, las cuales se repartían las obras públicas que licitaba el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) en lugar de competir entre ellas.

Luego de la explicación, Prialé le preguntó si tenía alguna manera de llegar al recién estrenado ministro de Transportes Carlos Paredes Rodríguez. García respondió que conocía a Eduardo Sobenes, quien era socio de José Paredes, hermano del ministro y, sobre todo, amigo del presidente.

El lobbista se mostró interesado: le pidió que se concretara una reunión lo más pronto posible. En agosto del 2011, los tres personajes se reunieron en el hotel Los Delfines de San Isidro. También participó Marco Aranda Toledo, gerente comercial de la constructora Cosapi. Fue Aranda Toledo el encargado de explicar, esta vez, cómo operaba el ‘club’. Según la fiscalía, contó los mecanismos que utilizaban para ganar obras, los pagos que se hacían y en especial: la necesidad de contar con un representante en el MTC.

—Las reglas del ‘club’—

Sobenes acordó llamar a su socio. Se pactó inmediatamente un nuevo encuentro. El lugar fue el centro de esparcimiento del Jockey Club del Perú y como invitado central: José Paredes. Ahí le explicaron qué era eso del ‘club’ y cuánto dinero podía ganar. Paredes dijo que pondría al tanto de lo dicho a su hermano, el ministro.

El visto bueno de Carlos Paredes aparentemente llegó el 2 de setiembre del 2011. Ese día puso su firma para nombrar a García Alcázar asesor del Viceministerio de Transportes, despacho del que depende Provías Nacional, la principal unidad ejecutora del MTC, encargada de licitar las carreteras y puentes que se hacen en el país. A fines de ese mes, Prialé de la Peña convocó a los representantes de ICCGSA, Obrainsa, Cosapi en el Club Empresarial de San Isidro para informar sobre los avances alcanzados.

José Paredes pidió una nueva reunión para ultimar detalles. Ya era el mes de octubre. El lugar acordado fue la sede de la empresa Lual Contratistas, vinculada a Prialé de la Peña, en la Calle Luis Aldana 265 en San Isidro. Esta vez, participaron todos los mencionados. Paredes aprovechó para lanzar su oferta: quería el 5% del costo de la obra ganada en Provías a manera de contraprestación y en efectivo.

El representante de Obrainsa replicó y le dijo que debía ser el 3%, que se repartiría de la siguiente manera: 2,35% para el ministro Paredes, 0,15% para Prialé de la Peña y 0,5% para los miembros del comité de selección. Luego de ello, se fijaron ciertas reglas: no se cambiaría al personal de Provías, todas las licitaciones debían ser ganadas por los miembros del ‘club’ según el acuerdo al que estos lleguen, todas las obras tenían que ser adjudicadas con un monto superior al 100% del valor referencial y, finalmente, todos los pagos debían canalizarse a través de Rodolfo Prialé.

—Hallazgos de la fiscalía—

Lo mencionado hasta ahora forma parte de la investigación del caso del fiscal Germán Juárez, del equipo especial Lava Jato. Las reuniones fueron reconstruidas a raíz del testimonio de cuatro ex miembros de esta organización que se han acogido a un proceso de colaboración eficaz con la fiscalía.

El fiscal Juárez ha detectado 37 obras públicas, en el período que García Alcázar fue asesor II del viceministerio (2011-2014), en las que sospecha que hubo pagos a Prialé para conseguirlas. El monto total contratado por esas 37 obras fue de poco más de S/8 mil millones. De ese total, tiene registrados 18 proyectos en los que considera que existe una alta probabilidad de que se hayan pagado sobornos (ver infografía), según un documento de ampliación de la investigación al que tuvo acceso El Comercio.

El total del monto adjudicado por estas 18 obras es de S/4 mil millones 332 mil. A cambio, Prialé, según el fiscal, habría recibido pagos de las constructoras por más de S/40 millones a través de contratos ficticios, entregas en efectivo y depósitos a sus ‘offshores’. Las estadísticas también arrojan que las constructoras en general ganaron las obras con un porcentaje superior al 100% del valor referencial (lo que el Estado considera que cuesta un proyecto específico). Son S/296 millones de diferencia si a dicho valor se le resta el total del monto en el que finalmente fueron adjudicadas las 18 obras. Ello no es un dato menor: el fiscal Juárez considera que de esa diferencia salían los fondos para pagar las coimas. El llamado 3% que decían los del ‘club’.

—La regla del 107%—

Este Diario analizó una por una las 18 obras en las que la fiscalía considera “altamente probable” que hubo pago de sobornos. El análisis indica que las constructoras postularon con un promedio del 107% del valor referencial de la obra. Es decir, los postores usualmente postulaban con un precio mayor al que había establecido Provías Nacional. Generalmente, oscilaban entre el 7% y 9% del precio fijado por la entidad.

Si se toma en cuenta que los miembros del ‘club de la construcción’ pactaban previamente qué empresa ganaría la obra, los que postulaban a la licitación pública, entonces, eran parte de la operación orquestada por esta presunta agrupación delictiva, de acuerdo a fuentes de la fiscalía y expertos consultados para esta nota.

Según Jorge Barata, ex superintendente de Odebrecht en el Perú, el ‘club’ funcionaba desde el 2001. Pero Raymundo Trindade Serra, ex gerente de relaciones institucionales de la misma constructora brasileña, dice que se remonta a 1996.

El Caso ‘Club de la Construcción’ es parte del Lava Jato peruano, en el que también son investigadas otras obras públicas de mayor valor económico como la carretera Interoceánica (consorcio Conirsa integrado por Odebrecht, Graña y Montero, ICCGSA y JJC). La fiscalía evalúa ampliar el caso a años anteriores, a fin de esclarecer si efectivamente esta presunta cartelización empresarial trascendía ministros y gobiernos.

—Las respuestas de las constructoras involucradas—

Cosapi “En relación con la información que involucra a Cosapi, con investigaciones que viene realizando la fiscalía, la compañía informa que no puede hacer declaraciones ni emitir opinión acerca de temas materia de investigación. Sin perjuicio de lo anterior, la compañía ha cooperado con las autoridades y continuará haciéndolo a fin de que se esclarezcan los hechos”. La empresa respondió por correo electrónico.

Mota-Engil Perú “Tal como se viene informando, Mota-Engil Perú ratifica que ha venido atendiendo y atenderá, conforme a ley, todos los requerimientos de la autoridad competente respecto a la investigación en curso, la cual es de carácter reservado”. Respuesta de la constructora ante nuestra pregunta respecto a si tenía conocimiento del pago de sobornos a Prialé de la Peña.

Obrainsa Ante la pregunta de este Diario sobre si tenía conocimiento del pago de sobornos a Rodolfo Prialé con el fin de ganar obras públicas, la empresa respondió vía correo electrónico: “Existe una reserva en la investigación y nuestros abogados aconsejan respetarla”.

Camargo Correa “La empresa Camargo Correa ha venido atendiendo cuanta información solicita la fiscalía y así lo seguirá haciendo cada vez que lo requiera puntualmente”. Dicha respuesta fue brindada a raíz de nuestra pregunta sobre si tenía conocimiento de pagos ilegales para ganar obras públicas.

*Este informe fue publicado el 21/05/2019