Evo Morales: ¿Qué medidas debe tomar el gobierno peruano contra el expresidente boliviano y sus operadores?

Especialistas consultados por este Diario señalaron que la Superintendencia Nacional de Migraciones debe tomar medidas para impedir el ingreso de Morales y sus operadores al país. Ello en el marco del artículo 48 del Decreto Legislativo 1350 (Ley de Extranjería), que regula la política migratoria interna del Perú.

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El exviceministro de Relaciones Exteriores Eduardo Ponce Vivanco calificó esta situación que involucra a Morales de “muy seria” y dijo que amerita un trabajo conjunto de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) y la Policía Nacional para ubicar a los “agitadores” y, si están dentro de territorio nacional, deportarlos.

A criterio de Ponce Vivanco, la Cancillería debe “instruir drásticamente a Migraciones” para “prohibir terminantemente” el ingreso del exgobernante boliviano. Asimismo, para que haga un trabajo más efectivo en la frontera con el vecino país.

“Estas personas entran a Perú como en su casa porque en Bolivia siempre ha habido un libre tránsito por Desaguadero y aprovechan en entrar para hacer lo que están haciendo”, agregó.

El exvicecanciller consideró también que la canciller Ana Gervasi debe convocar al embajador de Bolivia en el Perú, Carlos Aparicio, para entregarle una “severa nota diplomática de protesta”.

Además, mantener a la embajada peruana en La Paz “a nivel de un encargado de Negocios hasta lograr una adecuada corrección de Bolivia en su política de constante intromisión en el Peru”.

Para Ponce Vivanco, ”el problema no solo toca a Evo Morales sino al gobierno de Bolivia” porque es en la gestión del presidente Luis Arce “en la que se hacen y se permiten estas cosas”.

Finalmente, el ex vicecanciller indicó que “sería lo más eficaz” pedir al gobierno de Arce que reprima a Morales “en beneficio de las buenas relaciones que quisiéramos tener con Bolivia”.

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El exministro de Relaciones Exteriores Luis Gonzales Posada tuvo una opinión similar. “Cancillería debe recomendar a Migraciones que se impida el ingreso al señor Evo Morales”, expresó.

“Estamos llegando a una situación deplorable, con un personaje que se mete y que inventa versiones para dañar al Perú, como, por ejemplo, decir que en nuestro país se han constituido bases norteamericanas. Ese azuzamiento ha alimentado la violencia en la zona sur y merece una respuesta categórica”, aseveró.

Para Gonzales Pozada, “evidentemente el señor Evo Morales no solo es la parte central del gobierno de Bolivia sino que es el jefe político del partido que está en el poder (MAS) [...] de tal manera que las actitudes que él ha tomado no están desvinculadas del régimen”.

En consecuencia, dijo el exministro, “la canciller debe llamar al embajador de Bolivia en el Perú para expresarle su rechazo por estos hechos”. “En forma adicional explicarles que hay operadores políticos de Morales, movilizándose por las regiones del sur [...] De no prosperar, solo debe dejarse al encargado de negocios en Bolivia”, agregó.

Gonzales Posada añadió que el Ministerio Público también debe abrir una investigación a quienes resulten responsables “de plantear la independencia de parte de nuestro territorio para ser parte de la Runasur”.

“Están violentando el artículo 43 de la Constitución, que dice que el Estado es uno e indivisible y el artículo 325 del código penal, que señala que quienes pretenden independizar territorio tendrán una condena de 15 años”, finalizó.

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A su turno, Gattas Abugattas, profesor de derecho internacional de la PUCP, indicó que en el marco de la Ley de Extranjería, sí se pueden tomar acciones directas contra Evo Morales como impedir su ingreso al país.

“Sí se pueden tomar acciones si se demuestra que tiene un proyecto separatista. Si comete algún tipo de conducta que afecte la soberanía nacional, el orden público o que ponga en riesgo la integridad del territorio del Estado. Esto está normado en la ley de extranjería”, subrayó.

El especialista indicó que esto “significa que, en primer término, es el Ministerio del Interior, a través de Migraciones, quien debe disponer la salida obligatoria, la expulsión o impedimento de ingreso [de Morales y los otros extranjeros involucrados]”.

“En caso de una expulsión, se encontrarían prohibidos de ingresar al país por 15 años. Estas medidas se pueden aplicar a cualquier extranjero”, apuntó también el docente de la PUCP.

Abugattas señaló que la Cancillería también podría declarar a Morales como persona non grata, pero “no es necesario”.

Para el especialista esta situación no debería transcender a niveles diplomáticos debido a que Morales “no es autoridad”. Sin embargo, calificó la situación de “sui generis” porque se trata del líder del partido de gobierno.

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Según el artículo 48. 1, inciso b, de la Ley de Extranjería, Migraciones impide el ingreso a territorio nacional a los extranjeros que “que supongan una situación de peligro o amenaza para la seguridad nacional, el orden público, el orden interno, la protección de los derechos y libertades de otras personas, prevención de infracciones penales o las relaciones internacionales del Estado Peruano o de otros Estados, sobre la base de las obligaciones internacionales suscritas sobre la materia”.

El inciso g añade también que se impide su ingreso “cuando se detecten en el país sin justificar sus actividades en el Perú, al momento de efectuar el control migratorio”.

Finalmente, el artículo 48.2 señala que se puede prohibir el ingreso de un ciudadano extranjero cuando “se cuente con información de organismos de inteligencia nacionales o extranjeros en la cual se califique a la persona como riesgosa para la seguridad nacional”.