Otárola sobre decisión del Gobierno de excarcelar a Fujimori: “Resoluciones del TC tienen que ser acatadas, nos guste o no nos guste”

El presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, indicó que las resoluciones del Tribunal Constitucional tienen que ser acatadas por todos, al margen si dichos fallos son del gusto o no de las autoridades. Esto tras ser consultado por el pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH), que había pedido al Gobierno se abstenga de ejecutar la excarcelación del expresidente Alberto Fujimori.

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En conferencia de prensa, el jefe del Gabinete Ministerial reiteró la posición del Gobierno respecto a que al liberar a Alberto Fujimori solo “ha cumplido” una resolución del TC, pues consideró que dichas disposiciones tienen que “ejecutarse y acatarse”.

Además, remarcó que la solicitud de la Corte-IDH será trasladada al Tribunal Constitucional para que se pronuncie sobre el tema, pero precisó que el Gobierno “no es parte de este proceso”.

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“Yo debo reiterar lo que en su momento aseveraron el ministro de Justicia (Eduardo Arana) y el ministro de Relaciones Exteriores (Javier González-Olaechea): el Gobierno ha aplicado, ha cumplido, según el mandato constitucional, una resolución expresa sobre el caso que proviene del Tribunal Constitucional porque esa es la obligación de todas las autoridades, nos guste o no nos guste las resoluciones que emita el Tribunal Constitucional. Este es el último ente de control constitucional que jerárquicamente es un alto tribunal que, lo repito, contra sus resoluciones no tienen que sino ejecutarse y acatarse”, manifestó Otárola en los exteriores de Palacio de Gobierno.

“Existió una medida de urgencia expedida por la Corte IDH, la misma que vamos a trasladar al Tribunal Constitucional para que este se pronuncie de acuerdo a sus facultades. El Gobierno, en este momento, no es parte de este proceso, simplemente ha ejecutado una disposición, una resolución del más alto del órgano de control de la Constitución sobre el caso del ciudadano Fujimori”, añadió.

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El caso

El pasado miércoles, el Gobierno de Dina Boluarte optó por seguir lo dispuesto por el Tribunal Constitucional y ejecutar la excarcelación del exmandatario Alberto Fujimori, sentenciado a 25 años de prisión por los asesinatos de Barrios Altos y La Cantuta. De esta manera, no acató así lo dispuesto expresamente desde la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH).

Tras la resolución del TC en la que se disponía expresamente en su excarcelación, el presidente de la Corte-IDH, Ricardo Pérez, requirió al Estado peruano que se abstenga de ejecutar la orden del tribunal “para garantizar el derecho de acceso a la justicia de las víctimas”, como parte del proceso de supervisión de cumplimiento de sentencias en los casos Barrios Altos y Cantuta.