Le explicamos en seis puntos cómo operaba la presunta red criminal que encabezaba el hoy detenido presidente regional de Áncash, César Álvarez, de acuerdo a la investigación policial y fiscal, la misma que permitió la detención preventiva de 30 personas:
1. Según testigos y colaboradores, César Álvarez es el jefe de una organización criminal que opera principalmente en Áncash. El modus operandi era mantener el control de las licitaciones de las obras públicas en la región y la Municipalidad Provincial del Santa entre el 2010 y 2014, cuyas ganancias pecuniarias se daban a través de 'diezmos' (o cupos) que correspondían al 10% del valor de una licitación por obra. Una de las personas que denunció estas irregularidades fue el ex consejero regional Ezequiel Nolasco, quien fue asesinado por ello.
2. El crimen de Nolasco fue planeado y ordenado con la participación de Luis Arroyo Rojas (alcalde del Santa por el partido de Álvarez), Víctor López y Modesto Mondragón. Estos últimos actuaban en su condición de dirigentes de Construcción Civil y se encargaron de contactar a los presuntos sicarios.
3. Los presuntos sicarios que actuaron contra la vida de Nolasco el pasado 14 de marzo fueron: Juan Garay y Christian Cruzate. Fue Jorge Luis Burgos, asesor de Álvarez, el encargado de realizar pagos a quienes servían al grupo delictivo. Además era quien preparaba y pagado el local donde funcionaba 'La Centralita', presunto centro de chuponeo montado por Álvarez para espiar a sus opositores.
4.- De acuerdo al documento, en 'La Centralita' se reunían los miembros de la organización para planear los homicidios, entre ellos el de Nolasco. Allí también se convocaba a periodistas para distorsionar la realidad de los atentados, a cambio de dinero. Se ha determinado que el gerente general de la región, Hernán Molina, era quien acudía a los lugares donde se perpetraban los crímenes para desaparecer documentación y evidencias comprometedoras.
5.- A los funcionarios regionales y dirigentes de construcción civil se sumaron los sicarios al servicio de los primeros. Entre ellos, Rubén Moreno, Erick Cruz, Carlos Pacheco, Edwin Fajardo, Leslie Pobles y Elvira Mayo. Ellos se encarcaban de ejecutar a los opositores del régimen. En un cuarto grupo figuran los miembros de la Policía que se habrían coludido brindando seguridad a los integrantes de la organización y parcializándose en las investigaciones que los involucraban.
6.La fiscalía también consigna en su informe que el fiscal superior Hugo Farro recibió hasta S/.30 mil mensuales para impedir investigaciones y buscar impunidad a los delitos que se atribuían a la organización. Farro está ahora suspendido.