Antauro Humala no paga reparación civil por el ‘Andahuaylazo’: el testimonio del padre del fallecido capitán Cahuana

Luego de 19 años, la herida aún no cierra. Y los familiares de los policías que fueron asesinados a sangre fría en el ‘Andahuaylazo’ todavía siguen sin alcanzar justicia. Antauro Humala Tasso, condenado por homicidio, secuestro y rebelión, está ahora en libertad. No ha cumplido con pagar el íntegro de la reparación civil que la justicia le impuso. Y, desde hace unas semanas, estrena un partido con su nombre.

“Desde que partió mi hijo no hemos alcanzado nunca justicia. Es más, nos hemos visto agraviados, maltratados, por diferentes actos de las autoridades judiciales y penitenciarias que permitieron la salida de este sujeto que, como primer acto al salir del penal Ancón, fue sentirse orgulloso de haber victimado a cuatro policías”, dijo a El Comercio Adolfo Cahuana Marquina, padre del fallecido capitán PNP Carlos Cahuana.

La madrugada del 1 de enero del 2005, un grupo de etnocaceristas encabezados por Antauro Humala irrumpió en la comisaría de Andahuaylas (Apurímac), levantándose en armas contra el entonces gobierno de Alejandro Toledo, a quien le pedían su renuncia.

No culminó hasta el día cuatro, luego de que la noche anterior Humala fue aprehendido mientras negociaba su rendición y envió una carta a sus huestes para que depongan las armas. Pero fue en el día dos de los enfrentamientos cuando todo se agravó, y fueron asesinados cuatro efectivos policiales al ser emboscados. Uno de ellos fue el capitán PNP Carlos Cahuana, quien entonces tenía apenas 29 años.

Los otros policías victimados fueron el teniente PNP Luis Alex Chávez Vásquez, el técnico de tercera PNP Abelardo Cerrón Carbajal y el técnico de segunda PNP Ricardo Rivera Fernández.

“Estamos seguros que se ha ido luchando, ofrendando su vida, dando su sangre precisamente para luchar contra estos violentistas. Porque este movimiento [etnocacerista] siempre fue catalogado como violentista, nunca democrático”, remarca el padre del capitán PNP, quien considera que Humala jamás debió vestir el uniforme del Ejército.

Desde aquel fatídico enero de 2005 se inició toda una travesía ante los tribunales para los familiares. Humala llegó a ser condenado a 25 años de prisión por el ‘Andahuaylazo’ en 2009. Pero su condena fue disminuida en 2011 tras una revisión de la Corte Suprema, imponiéndosele una pena de 19 años y por la cual debió ser excarcelado recién este año.

Sin embargo, durante el gobierno de Pedro Castillo fue liberado antes bajo la figura de redención de la pena por el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), una decisión que los familiares sostienen que fue “política” y que “no tiene sustento legal”.

Pero además de sus 19 años de cárcel, la justicia también le impuso a Antauro Humala el pago de un total de S/1′283.000 por el concepto de reparación civil. De ese monto, S/1′120.000 es el dirigido a los herederos legales de los cuatro policías fallecidos, por el daño irreparable causado (S/280.000 reparación civil a favor de cada uno, siendo solidaria solo en un caso).

El resto se distribuye de la siguiente manera: S/63.000 de forma solidaria a los agraviados del delito de secuestro (S/3.000 a cada uno de los 21 integrantes de la Policía y del Ejército) y otros S/100.000 de forma solidaria a favor del Estado, por los delitos de rebelión, daños agravado y sustracción de arma de fuego. Este último monto ya fue abonado en su totalidad, según indicó a este Diario la Procuraduría del Ministerio del Interior.

Pero distinta es la situación para los familiares, tal como lo confirmó el propio Adolfo Cahuana: “No ha pagado ni un centavo”.

Mencionó que lo único que buscan es “que se cumpla la ley”. “Y si la ley ya ha dictaminado que esté 19 años en la cárcel, debió estar de 19 años. Y si la ley determina que ese señor tiene que pagar una reparación civil al Estado y a los familiares, tiene que cumplir. Lo cumplió con el Estado, pero no con la familia”, apunta.

Agregó que, ante unas declaraciones recientes de Humala sobre sus ingresos económicos, van a iniciar acciones legales para que cumpla con su obligación

A todo esto, se suma la decisión de hace unas semanas del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de rechazar una tacha y allanar el camino para la inscripción del partido A.N.T.A.U.R.O. (Alianza Nacional de Trabajadores, Agricultores, Universitarios, Reservistas y Obreros), lo que los familiares consideran como “vergonzoso y agraviante”.

Humala no figura como dirigente de este partido, pero sí como militante. Y desde que salió de prisión, viene haciendo cruzadas en las regiones del país buscando posicionar su discurso. Sin embargo, hay un debate respecto si podría llegar a postular en las siguientes elecciones, y el pago de la reparación civil es un factor clave.

El penalista Andy Carrión incidió en que Humala “es un condenado que ha cumplido su pena, pero que no ha sido completamente rehabilitado”. Y precisó que “la rehabilitación implica el cumplimiento integral de una sentencia. Y aquí se ha cumplido una parte de la misma, que es la pena, pero no el pago de la reparación”.

Bajo esa premia, Michell Samaniego, exsecretario general del JNE, considera que Humala no podría inscribir una candidatura dado una modificación en el artículo 69 del Código Penal realizada en el 2018 respecto a la rehabilitación. “Si él ha cumplido la pena, pero no ha pagado la reparación civil, no estaría rehabilitado y, en consecuencia, no podría ser candidato para el proceso electoral”, indicó Samaniego a El Comercio.

Sin embargo, el JNE tendrá la última palabra.