El Poder Judicial reanuda las audiencias del juicio oral por el Caso Cócteles contra Keiko Fujimori y sus otros coimputados por el presunto delito de organización criminal este miércoles 7 de agosto.
El Tercer Juzgado Colegiado de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada determinó que el proceso seguirá adelante con la evaluación de la situación de dos acusados: Luis Mejía Lecca y Efraín Goldenberg.
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Los abogados de estos procesados han pedido que sean excluidos del caso por motivos de salud, motivo por el cual los jueces han evaluado informes de Medicina Legal para llegar a una conclusión.
Esto como parte de la primera etapa del juicio oral contra Keiko Fujimori y otros implicados en la supuesta trama de recepción de fondos ilícitos de campaña de Odebrecht y otros empresarios en los años 2011 y 2016, en la cual los jueces han escuchado los alegatos iniciales, tanto del Ministerio Público como de los abogados de los investigados.
La sala penal también tiene agendado resolver un pedido de prescripción planteado por la defensa de Vicente Silva Checa.
Luego de concluir con todos los alegatos iniciales, se espera que los jueces consulten directamenet a cada uno de los 42 investigados en este caso, incluyendo a Keiko Fujimori, si aceptan o no los cargos para dar paso a un proceso de terminación anticipada.
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En la más reciente audiencia del Caso Cócteles, realizada el 24 de julio, 15 acusados expusieron sus argumentos iniciales, incluyendo a personas vinculadas a los aportes de campaña, a los que se proceso por lavado de activos, y abogados a los que se les imputa el delito de obtrucción a la justicia.
El fiscal José Domingo Pérez, del equipo especial Lava Jato del Ministerio Público, ha denunciado a la presunta organización criminal liderada por Keiko Fujimori de lavar más de US$ 17 millones, principalmente mediante aportes a sus campañas del 2011 y 2016. Además, de intentar obstruir las indagaciones fiscales en su contra.
Para la lideresa de Fuerza Popular y su presunta ‘cúpula’, se ha solicitado en la denuncia penal 30 años y 10 meses de prisión.
