Ollanta Humala es acusado por compra valorizada en US$ 21 millones: las claves del caso por el que se piden 10 años de condena

El Comercio tuvo acceso a la acusación firmada por el fiscal Hugo Minaya Paulino, del Primer Despacho de la Fiscalía Anticorrupción de Lima Sur. El documento de más de 300 páginas detalla el caso por el que se acusa en total a cuatro personas: Ollanta Humala, el exdirector general de la DINI Víctor Gómez Rodríguez, el exjefe del gabinete de asesores de la DINI Iván Kamisaki Sotomayor y Shafrir Paz, representante de la empresa israelí Verint Systems.

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El caso gira en torno al proceso para que la DINI -durante el gobierno de Ollanta Humala- compre un equipo de interceptación telefónica legal, valorizado en $21,6 millones, como parte del denominado “Proyecto Pisco”. Para los cuatro se piden 10 años y 6 meses de prisión como condena.

Según el Ministerio Público, el entonces presidente habría intercedido para que Gómez Rodríguez concerte con el representante de la empresa para adquirir el producto. Luego, el equipo fue donado al Ministerio del Interior para uso de la Dirección de Inteligencia (Dirin) de la Policía Nacional del Perú. Asimismo, advirtieron que el ‘Proyecto Pisco’ nunca comenzó a operar.

La fiscalía considera a Gómez Rodríguez el autor del delito, mientras que sus coacusados son señalados como cómplices. Según la acusación, existe la sospecha simple de que el exdirector de la DINI habría cometido el delito de colusión agravada por haber concertado con Shafrir Paz para la compra del equipo del sistema de interceptación legal ‘Pisco’, valorizado en US$ 21,6 millones.

Ese equipo “a la fecha no se encuentra en ninguna de las instalaciones de la DINI, sino que fue donado al Ministerio del Interior” para que sea usado por la Dirin. Esto ocurrió en el 2015. Pese a ello, la fiscalía también advierte que el Proyecto Pisco “nunca ha funcionado”.

La presunta participación de Ollanta Humala parte desde que nombró como director general de la DINI a Rodríguez Minaya, de su promoción en la Escuela Militar de Chorrillos, a pocos días de iniciar su mandato. Luego de esto, comenzó a “llamarlo innumerables veces a fin de que realice la adquisición del sistema.

El 16 de octubre del 2012, Gómez firmó una primera orden de compra y comprometió a la DINI a pagar los US$ 21,6 millones, a pesar de que el presupuesto de su institución de ese año era de S/ 20 mil. Así, de acuerdo con la fiscalía, Ollanta Humala para “darle una aparente legalidad, habría estado planificando” aumentar ese presupuesto a S/ 110 millones, a pesar de que el Ministerio de Economía solo proponía S/ 47 millones.

También postulan que el entonces director de la DINI recurrió a su jefe del gabinete de asesores, Kamisaki Sotomoyor, para “afinar la concertación ilegal”. En lugar de recurrir a los órganos institucionales para determinar la necesidad o justificación de la compra, lo acusan de haber acudido ante este funcionario para elaborar un documento que sirvió para justificar la adquisición a pesar de “estar plagado de deficiencias”.

A Ollanta Humala se le acusa de haber colaborado, como cómplice, en la presunta concertación ilícita entre Gómez Rodríguez y el representante de la empresa. El documento detalla que el entonces presidente lo nombró en la DINI a cinco días de iniciada su gestión y poco después le “ordenó que debe adquirir un equipo de interceptación legal”, alegando que era necesario ante el incremento de la delincuencia y porque solo había un sistema de ese tipo: el Constelación.

La comunicación entre ambos con ese propósito, alegan, se inició en la segunda mitad del 2021. Al año siguiente, Ollanta Humala “insistió a Víctor Gómez Rodríguez para que averigüe” sobre estos sistemas, ante lo que este ordenó Kamisake Sotomayor que “proceda ante el requerimiento presidencial”.

El Ministerio Público también señala que la DINI no tenía el presupuesto adecuado para una compra de esa magnitud. En mayo del 2012, Gómez Rodríguez reportó a la oficina de Planificación y Presupuesto de la DINI que el monto de “recursos especiales”, requerido para el 2013 era de S/ 20 millones. A su turno, el MEF dispuso en junio asignarles un total de S/ 47 millones, de los cuales solo 12 eran para los “recursos especiales”.

Sin embargo, la fiscalía advierte que en agosto del 2012, Ollanta Humala firmó el proyecto de Ley de Presupuesto para el 2013 para presentarlo al Congreso. Allí, la DINI vio incrementado su propuesto total a S/ 110 millones, casi S/ 63 millones más que lo planteado el MEF. De ese aumento, S/ 55 millones correspondían a la denominación genérica de “adquisición de activos no financieros”.

Finalmente, en la Ley de Presupuesto promulgada para el 2013, esos S/ 55 millones fueron trasladados al rubro de “otros gastos”, monto que “en su totalidad habría sido asignado a los ‘recursos especiales’, para la presunta ejecución de actividades de inteligencia”.

Con todo ello, la fiscalía señala que Ollanta Humala ordenó adquirir el sistema para el ‘Proyecto Pisco’ sin contar aún con el presupuesto del 2013 y que la DINI comprometió recursos antes de que el Congreso aún los apruebe. Fue en octubre del 2012 cuando Gómez Rodríguez aceptó la propuesta de la empresa Verint Systems por un valor de US$ 21,6 millones, al emitir una orden de compra por US$ 3,6 millones. La ley de presupuesto se promulgó en diciembre, casi dos meses después.

La segunda orden de pago por el sistema de interceptación se emitió el 17 de abril del 2013 por U$ 18 millones.“Se ha trasgredido el principio de equilibrio presupuestario y [...] la Ley del Sistema Nacional de Presupuesto Público, que señalaría que los funcionarios y servidores públicos realizan compromiso dentro del marco de los créditos presupuestarios aprobados en el presupuesto para el año fiscal”, sostiene la acusación.

La acusación fiscal se sostiene en 101 elementos de convicción recogidos durante la investigación y presentados dentro de la acusación, entre testimonios y documentos. Entre estos están los registros de los pagos realizado por el sistema entre el 2012 y el 2015, por un total de 21,6 millones de dólares, equivalentes a S/ 60,1 millones. También se analiza la responsabilidad de cada acusado y se determina que les correspondería penas de 10 años y 6 meses.

En tanto, se ofrecen 97 pruebas para el eventual juicio: son 80 documentos y la declaración de 17 testigos. Entre estos destacan el actual defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, en su condición de legislador y presidente de la Comisión de Presupuesto del Congreso en el 2012; y Juan Jiménez Mayor, presidente del Consejo de Ministros en esa época y encargado de sustentar el presupuesto en cuestión ante el Parlamento.

La acusación fue presentada formalmente el 31 de agosto y antes de que llegue a juicio, debe pasar por el control de acusación. La Corte Superior de Justicia de Lima Sur ya programó la audiencia de control de acusación para el próximo 13 de noviembre.

En esa fase, el juez deberá determinar si la acusación cumple los requisitos de forma y de fondo para pasar a juicio oral, y determinar qué pruebas serán admitidas para esa etapa final. De ser así, el caso pasará a otro juzgado que será el encargado de determinar si el expresidente y sus coacusados son culpables o inocentes de la acusación.

El Comercio llamó a Martín Cubas, quien figura en la acusación como abogado del expresidente en este caso, para conocer la postura de la defensa. Sin embargo, se excusó de declarar porque estaba en una reunión y pidió que se le llame después. Luego, no contestó otra llamada ni mensajes enviados por WhatsApp.

Wilfredo Pedraza, otro de los defensores de Humala, explicó que no lo representaba en este caso.

Durante su gobierno, Ollanta Humala justificó la inversión en el ‘Proyecto Pisco’ luego de una publicación de este Diario sobre el tema. “El Perú no ha tenido un equipo de interceptación telefónica, como lo tienen todos los países, lo que hemos tenido es un equipo prestado por la embajada norteamericana, ese equipo no era del Estado, sino de la embajada. A nosotros no nos parecía correcta esa situación”, dijo a la prensa en el 2015.

Además, afirmó que la compra estaba dentro de la Ley del Presupuesto del 2012, que fue aprobada por el Congreso. “Lo que ha hecho el Gobierno es ejecutar la Ley del Presupuesto, que es un obligación ejecutarla”, declaró.

El Comercio también envió mensajes a los abogados consignados respecto a los otros acusados. Máximo Valenzuela, quien figura como representante de Gómez Rodríguez y Kamisaki Sotomayor, replicó que no era defensa legal de ellos “desde el año pasado” y que no sabía quiénes eran sus abogados actuales.

La abogada Danae Beteta, defensa de Shafrir Paz, se excusó de dar declaraciones sobre el caso, pero mencionó que “sería importante que se tenga en cuenta el escenario completo”. “Lo expuesto en medios no representa el accionar de nuestros clientes ni mucho menos los hechos por los cuales se han investigado, ni se indican los medios de prueba que a la fecha se tienen”, afirmó.

“Representamos a una empresa líder en el sector con protocolos de prevención y compliance sólidos. Debido a que la investigación es reservada no podemos compartir información de la carpeta, pero el análisis completo claramente les permitiría concluir que lo circulado no es fidedigno”, añadió.