Rafael Vela fue destituido de sus cargos por la Fiscalía. (Foto: Andina)
Rafael Vela fue destituido de sus cargos por la Fiscalía. (Foto: Andina)
Redacción EC

, Capítulo peruano de Transparency International, se mostró en contra de la decisión tomada por el Ministerio Público de dar por concluida la designación de , Fiscal Superior Titular Especializado en Delitos de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio (Sede Lima).

LEE: Ejecutivo promulga ley que prohíbe el matrimonio infantil

La suspensión del fiscal Rafael Vela, coordinador del Equipo Especial de Lava Jato, por parte de la Autoridad de Control del Ministerio Público, no solo desconoce los estándares internacionales de libertad de expresión de magistrados, sino que desestabiliza los esfuerzos de las últimas décadas, el cual involucra a expresidentes, líderes políticos y grandes empresas. Además, Vela coordina las fiscalías de lavado de activos, las cuales investigan una larga lista de autoridades en ejercicio”, se lee en el comunicado difundido en redes sociales.

“Las dilaciones, errores estratégicos y excesos del Equipo Especial deben valorarse y corregirse según criterios técnicos; no manipularse para garantizarle impunidad a los procesados removiendo fiscales incómodos atropellando la institucionalidad”, agregan.

También señala que el Ministerio de Justicia decidió suspender al procurador general del Estado, Daniel Soria, “quien venía impulsando investigaciones a altas autoridades en ejercicio, incluyendo casos de este gobierno, reeditándose una arbitrariedad similar a la realizada por el expresidente Pedro Castillo y su primer ministro Aníbal Torres cuando su despacho promovió investigaciones por corrupción en contra de aquel”.

MÁS: Promulgan ley para que Reniec y ONPE depuren mensualmente nombres de fallecidos del padrón electoral

Por otro lado, resaltan que las decisiones tomadas “se suman a una serie de ataques a los avances sostenidos en la dimensión punitiva de la lucha contra la corrupción”. Finalmente solicitan que las autoridades competentes respeten “la institucionalidad vigente” y que la ciudadanía “debería mantenerse alerta para defender el Estado de derecho en nuestro país”.

Contenido sugerido

Contenido GEC