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Los procesos judiciales contra el líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, continúan su curso mientras permanece prófugo de la justicia. El Poder Judicial dictó 18 meses de prisión preventiva contra el exgobernador de Junín este lunes por el presunto delito de colusión agravada, en el Caso Antalsis.
Con esta, Cerrón suma su segunda prisión preventiva desde que pasó a la clandestinidad en octubre del 2023. La primera le fue impuesta por 24 meses en enero pasado, en la investigación que se le sigue por el supuesto delito de lavado de dinero mediante Perú Libre, con ayuda de la red criminal “Los Dinámicos del Centro”.
El caso
La nueva orden de prisión preventiva fue impuesta por el juez Jorge Chávez Tamariz, del Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria.
El magistrado revocó la comparecencia con restricciones e impuso prisión preventiva al determinar que Cerrón incumplió con las reglas de conducta que se le dictaron. Entre ellas, no ausentarse del lugar de su domicilio sin autorización del juez y pasar por control biométrico cada 30 días.
La defensa de Cerrón argumentó que este no pudo cumplir con las reglas de conducta porque enfrentó otro proceso judicial con resultados desfavorables (condena a prisión efectiva) y tuvo “que ponerse a buen recaudo”.
Agregó que “no es razonable” que a Cerrón se le exija el cumplimiento de las reglas “por las limitaciones que actualmente afronta”. Además, solicitó que se varíe la comparecencia con restricciones por comparecencia simple.
No obstante, el juez concluyó que Cerrón “muestra un total de desprecio a los mandatos judiciales, desde una concepción errónea de preservación de su libertad”.
Además, advirtió que el líder de Perú Libre incumplió las reglas de conducta incluso antes de darse a la fuga.
Desde la clandestinidad, Cerrón apeló a la victimización luego de conocer la nueva resolución en su contra.
“Politización de la justicia sin límites. Me dictan 18 meses de prisión preventiva por colusión, pese a que en la liquidación de obra no hay daño patrimonial y, por el contrario, existe saldo a favor del Gobierno Regional de Junín”, señaló mediante la red social X.
El líder de Perú Libre se mantiene activo en la mencionada red social muy a pesar de las órdenes de captura que pesan en su contra. Ha publicado más de 1700 tuits desde que se dio a la fuga.
El magistrado Chávez precisó que los 18 meses de prisión preventiva empezarán a correr cuando Cerrón sea capturado e ingrese a un penal. La defensa del prófugo señaló que apelará la resolución.
Según la tesis fiscal, el exgobernador regional de Junín estaría involucrado en presuntas contrataciones irregulares entre el 2011 y el 2014, realizadas mediante un convenio interinstitucional con la empresa SIMA, la que a su vez subcontrató a la empresa privada Antalsis para obras públicas.
En julio pasado, una sala Superior anuló la prisión preventiva de 12 meses que le dictó el juez Leodán Cristóbal Ayala por este caso y dispuso que otro juez vuelva a evaluarlo.
Por ello, la solicitud de prisión preventiva llegó al despacho de Chávez Tamariz. Durante las audiencias, el magistrado alertó de maniobras de la defensa de Cerrón para frustrar las diligencias.
Carpetas judiciales
Como ha dado cuenta El Comercio, basado en información de la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción, Cerrón arrastra 23 carpetas fiscales y judiciales por las cuales debe responder. Entre ellas están incluidas las dos condenas por el Caso La Oroya y el Caso Aeródromo Wanka.
La gran mayoría de pesquisas están vinculadas a delitos de corrupción y por proyectos de inversión en Junín durante su primer (2011-2014) y segundo gobierno (2019).
Ocho expedientes están en etapa de juzgamiento para determinar su responsabilidad, ya sea a nivel penal o en el ámbito civil. En casi la mitad de ellos, ya se tiene previsto el inicio de las audiencias en 2025, según conoció este Diario.
Entre los casos contra Cerrón se encuentran dos hospitales emblemáticos: el Hospital Manuel Ángel Higa Arakaki (Satipo), por el que la fiscalía ya formuló acusación y solicitó nueve años de prisión en su contra; y El Carmen (Huancayo), que se encuentra en la etapa de juzgamiento.
No obstante, desde la clandestinidad, continúa al mando de Perú Libre, que desde el Congreso legisla para beneficio propio, tal como ha denunciado El Comercio.
El exgobernador de Junín también cuenta con dos condenas. En marzo pasado, el Poder Judicial (PJ) restituyó la pena de cuatro años de prisión suspendida que se le aplicó en el 2019 por el delito de negociación incompatible. Esto por las irregularidades en la licitación de la obra “Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la ciudad de La Oroya”.
La segunda condena continúa vigente y le fue dictada el seis de octubre del 2023, fecha en la que pasó a la clandestinidad. Esta es de tres años y seis meses de cárcel por el delito de colusión en la concesión del proyecto “Aeródromo Wanka”.
Recientemente, la Corte Suprema rechazó un pedido de Cerrón para se suspenda el cumplimiento de la sentencia mientras se resuelve un recurso de casación que cuestiona la misma.
El líder de Perú Libre tiene un rosario de expedientes por los que aún debe responder a la justicia, mientras tanto, las autoridades han realizado más de 50 operativos para capturarlo, según el comandante general PNP, Víctor Zanabria, pero todos han sido fallidos.
El líder y fundador del Perú Libre es, en teoría, el prófugo más buscado en todo el país. La Fiscalía de la Nación investiga si ha recibido el apoyo del altos funcionarios del gobierno y particulares para mantenerse en la clandestinidad.
