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Ocho jueces supremos titulares de la Corte Suprema solicitaron al presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, convoque con carácter de “urgencia” a una Sala Plena Extraordinaria para analizar y tomar acuerdos ante lo que consideran una afectación a la autonomía del Sistema de Justicia.
Ante ello, el PJ convocó a la Sala Plena para este miércoles 28 de junio a las 12.30 horas en Palacio de Justicia.
“En esta se deliberará la solicitud que contempla los últimos acontecimientos relacionados con la inhabilitación política de la fiscal suprema titular Zoraida Ávalos Rivera”, se indicó en el comunicado.
La reunión se da casi una semana después de la decisión del Congreso de la República de inhabilitar y acusar constitucionalmente a la exfiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, por haber suspendido la investigación que había dispuesto contra el expresidente Pedro Castillo en enero del 2022.
La solicitud de los magistrados se formalizó el 22 de junio a través de un oficio, dirigido a Arévalo y firmado por los jueces supremos César San Martín, Elvia Barrios, Janet Tello, Carlos calderón, César Proaño, Ulises Yaya y Víctor Castillo.
El pedido para la reunión, según fuentes judiciales, fue promovido por la magistrada suprema Elvia Barrios.
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“Tenga bien convocar, con carácter de urgente, a Sala Plena Extraordinaria de la Corte Suprema de Justicia de la República, en la que como órgano de deliberación de esta máxima Instancia judicial, luego de los últimos acontecimientos relacionados con la inhabilitación política de una fiscal suprema titular, debemos debatir y tomar acuerdos sobre una probable afectación a la independencia y autonomía del Sistema de Justicia”, indicaron en el documento al que accedió El Comercio.
Este viernes, a través de las Normas Legales, el Parlamento publicó la Resolución 024-2022-2023-CR, oficializando la inhabilitación vía juicio político de Ávalos Rivera, al considerar que cometió infracción a la Constitución Política del Perú en su artículo 159. También publicó la Resolución 025-2022-2023-CR en la que dispone acusarla por el presunto delito de omisión.
