Las otras fichas inestables del Gobierno: Ejecutivo cambia viceministros cada 5 días en promedio

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Con el flamante funcionario, ya suman 100 los viceministros que, en total, han sido nombrados por la actual administración en apenas 16 meses. En este tramo, las remociones alcanzan las 66. Ello quiere decir que, en promedio, cada 5 días es cambiado un viceministro de entre las 37 oficinas de dicho nivel del Ejecutivo.

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Como consecuencia de la alta rotación, 22 de los titulares no superan los 140 días en funciones. Además, tres despachos se mantienen bajo la dirección de funcionarios interinos o encargados. En tanto, al menos 17 de los viceministros designados en la era Castillo han tenido cuestionamientos, ya sea por alertas de la Contraloría o la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir) o por revelaciones periodísticas que ponían en duda su idoneidad técnica o ética.

Retrocesos

En diálogo con El Comercio, Karla Gaviño, profesora de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico, advirtió que el rol viceministerial tiene un peso tanto técnico como representativo y hasta político de cada sector. Por lo tanto, el impacto negativo de la volatilidad es múltiple para el Estado.

“Hay un daño directo en el trabajo sectorial cuando los viceministros no tienen la experiencia adecuada o la idoneidad y los rotan constantemente. Los cambios continuos no permiten que las direcciones generales de los ministerios trabajen con tranquilidad ni que se consolide una orientación fija de las políticas públicas”, agregó la especialista.

María Elena Sánchez, experta en Gestión Pública y profesora de la PUCP, recalcó que la volatilidad entre los altos cargos del Ejecutivo siempre retrasa la ejecución presupuestal a nivel de inversión.

“El Estado no puede funcionar con personas que desconocen los rubros de trabajo. Esa insistencia en colocar funcionarios inadecuados pone en peligro el valor público. [Con la ley de idoneidad], ya existen los perfiles y estándares para los puestos, pero vemos que, continuamente, desde el Ejecutivo se prefiere ‘premiar’ a personas poco idóneas con esos cargos de confianza”, cuestionó.

Samuel Rotta, director ejecutivo de Proética, estima que recomponer al Estado de este problema tomará más de un esfuerzo, además de años y compromiso.

“Algo habíamos avanzado en materia de tecnocracia y servicio civil. Revertir el serio retroceso que hoy vemos es complicado. La ley de idoneidad es un elemento importante, pero quizá sea necesario ajustar mucho más el control. Mientras se mantenga la lógica predatoria y de copamiento desde el Ejecutivo, lamentablemente seguirá creciendo la lista de funcionarios cuestionados y la inestabilidad”, dijo.

Estándares mínimos

A inicios de año, entró en vigencia la Ley Nº 31419, cuyo reglamento ha reforzado la auditoría sobre nombramientos en mandos medios del Estado. La norma impacta en puestos viceministeriales, exigiendo 8 años de experiencia general y 5 de experiencia específica como requisitos mínimos para ejercer esos cargos.

El domingo 20 de noviembre, el programa “Punto Final” reveló que la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir) había emitido observaciones con respecto a la experiencia consignada por las actuales dos viceministras de Cultura en sus hojas de vida.

Según la entidad, tanto Rocilda Nunta –titular de Interculturalidad– como Janie Gómez –titular de Patrimonio e Industrias Culturales– no habrían acreditado el tiempo mínimo requerido de formación laboral en el rubro del sector que hasta hace poco era dirigido por la hoy jefa del Gabinete Betssy Chávez.

Tanto Nunta como Gómez se mantienen en sus puestos, luego de que el ministerio difundiera un comunicado que defiende su idoneidad. No obstante, la Defensoría del Pueblo instó al Mincul, a través de sus canales de redes sociales, a atender la recomendación de remover a las funcionarias.

Otros casos similares se han producido en el ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. En dicha cartera –cuya titular era, hasta el último sábado, la vicepresidenta Dina Boluarte– se mantuvo hasta setiembre a los ahora exviceministros María Tarazona (Políticas y Evaluación Social) y William Contreras (Prestaciones Sociales). Esto, pese a que la Contraloría General de la República y Servir habían informado públicamente sobre la falta de experiencia de ambos. Tarazona y Contreras renunciaron luego de que el programa “Cuarto Poder” consignara en un reportaje que los dos habían colocado información falsa para inflar sus hojas de vida.

“Ya desde hace un tiempo se tenían acuerdos o estándares tácitos sobre el perfil de un funcionario apto para un puesto de suma responsabilidad como lo es un viceministerio. Pero lo curioso y lamentable es que, a partir de este gobierno, se ha tenido que publicar una ley que expresamente exija esos puntos que deben ser de sentido común”, comentó Samuel Rotta, de Proética.

La especialista en Gestión Pública, María Elena Sánchez, destaca que existan controles para el seguimiento de designaciones inadecuadas, pero a la vez estima que el daño a la imagen del Estado es complejo de revertir.

“Lo que la ciudadanía observa [con esta proliferación de nombramientos no calificados] es o un Estado inmóvil –que no ejecuta– o un Estado que no tiene buenas prácticas. Es claro que se necesita algo urgente y las consecuencias las tenemos a la vista, en el sistema sobre ejecución del gasto público. Es importante que la ciudadanía cumpla un rol de vigilancia, al igual que entidades y organismos dispuestos para ese fin”, indicó.

La también experta en Gestión Pública, Karla Gaviño, agrega que la ley de idoneidad no debe ser tomado por los altos funcionarios como un elemento de recomendación, puesto que las políticas sectoriales son sensibles y requieren de cuadros realmente calificados. Además, recuerda que el incumplimiento de la norma genera responsabilidades administrativas.