Los potenciales conflictos de intereses de Guillermo Aliaga de Somos Perú como vocal del Consejo de Minería

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Guillermo Aliaga, excongresista y actual vocero de Somos Perú (el partido del presidente José Jerí), acaba de ser nombrado vocal titular del Consejo de Minería del Ministerio de Energía y Minas, órgano encargado de resolver en última instancia administrativa recursos sobre asuntos mineros, incluso vinculados a la formalización.

Pero El Comercio identificó que su historial en el sector podría llegar a representar conflictos de intereses debido a una serie de vínculos con mineros informales.

En noviembre de 2022, Aliaga ejerció como abogado de CIA Minera Katze S.A.C. Así quedó registrado en un documento presentado ante el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (INGEMMET).

A la fecha, la empresa cuenta con dos inscripciones vigentes en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), relacionadas a derechos mineros en Áncash. Su gerente general, Omar Falcón Álvarez, también cuenta con una inscripción vigente en la misma región.

Asimismo, desde el 2015 hasta 2020, el excongresista fue gerente general de Esperada S.A.C., una empresa dedicada a la extracción de minerales metalíferos no ferrosos.

El portavoz de Somos Perú fue accionista de esta empresa hasta el 3 de octubre del presente año, es decir, un mes antes de su designación, según ha consignado en su declaración jurada para la gestión de conflictos de intereses.

Actualmente, Esperada S.A.C. también cuenta con una inscripción vigente en Reinfo por un derecho minero en Huarochirí, Lima.

En diálogo con este Diario, Aliaga explicó que su vínculo con CIA Minera Katze S.A.C. fue para apoyarla en gestiones vinculadas a una concesión minera dentro de la “vía ordinaria”, y no para ningún proceso de formalización a través del Reinfo.

Sobre su gestión en Esperada S.A.C., señaló que fue para encargarse del proceso de formalización de la planta de beneficio de la empresa, que terminó siendo aprobado.

“Yo no asesoré a una empresa para que simplemente utilizase el proceso de formalización para estar en esta suerte de limbo en la cual están los mineros en proceso de formalización”, aseveró.

Sobre las acciones que tenía en la empresa, dijo: “Como parte de mi convenio, se me dio menos del 1%. Y renuncié para que no se genere ningún tipo de conflicto. No [me refiero a] conflicto con un minero en proceso de formalización, sino con una planta formal”.

Además, aseguró que si algún caso relacionado con estas empresas o sus representantes llegara al Consejo de Minería, se inhibirá “por decoro”.

El excongresista también tuvo una inscripción en Reinfo, vinculada al derecho minero Patricia CR, también en Áncash.

Sin embargo, terminó excluido por el mismo Consejo de Minería, del cual hoy es vocal, por encontrarse dentro del área natural Parque Nacional Huascarán. Según dijo, fue cesionante de dicha concesión y nunca realizó actividad minera en el lugar.

Para el experto en temas mineros César Ipenza, esto configura un hecho irregular, pues el Reinfo fue creado para ayudar a pequeños mineros y mineros artesanales a formalizarse. “Es para aquellos mineros que venían operando, no para los nuevos. Para ellos, existe otro proceso ordinario”, dijo.

Ante ello, Aliaga acotó que se inscribió cuando el procedimiento solo exigía poner “las coordenadas donde se iba a consignar un trabajo minero”.

Su posición sobre el Reinfo

En octubre, durante una entrevista en el podcast Tenemos que Hablar, de El Comercio, Guillermo Aliaga consideró que, hacia fin de año, el Congreso terminará planteando una ley MAPE "mal estructurada y que no va a generar consenso ni en los mineros en proceso de formalización ni en las grandes empresas".

"El otro escenario es ampliar el Reinfo por un plazo razonable, pero poniendo algunos candados que puedan dar la seguridad de que se cumplirán metas a corto plazo en el tema de la formalización", indicó. 

Actualización

Tras la publicación de este informe, el excongresista Aliaga se comunicó con este Diario para añadir a sus descargos que, según la Ley Nº 31564, para la prevención y mitigación del conflicto de intereses en el servicio público, no tiene “ningún conflicto de intereses”.

“La norma señala que tendría que haber brindado asesoría hasta hace tres años, que yo conociera alguna causa para que se genere un conflicto de intereses”, acotó.

Cabe resaltar que Aliaga fue abogado de CIA Minera Katze S.A.C. en noviembre de 2022, plazo menor a tres años, y accionista de Esperada S.A.C. hasta hace un mes.