Martín Vizcarra: ¿Qué impacto tendrá recurso ante la CIDH contra proceso en el Congreso?

Esta semana Vizcarra informó que también presentó su caso ante la Comisión de Observadores de la Comunidad Europea.

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Por un lado, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó el informe del congresista Jim Ali Mamani, en el que plantea la inhabilitación de Martín Vizcarra por 10 años como sanción por el caso de la vacunación irregular, denominado como ‘Vacunagate’.

El documento deberá ser debatido ahora por la Comisión Permanente y luego por el Pleno.

Carlos Pérez Ochoa, presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales informó el viernes que remitió a la presidencia del Congreso el informe final donde se recomienda inhabilitar por 10 años a Vizcarra por el caso ‘Vacunagate’.

En este caso se están incluyendo los presuntos delitos de falsa declaración en procedimiento administrativo, organización criminal, tráfico de influencias, cohecho pasivo propio, malversación, así como negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, entre otros.

Mira aquí la sesión completa de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales

Vizcarra también afronta una acusación constitucional y otro pedido de inhabilitación por 10 años por el caso ‘Richard Swing’. El informe final será debatido el próximo 13 de abril en el Pleno del Congreso.

Los argumentos

El requerimiento ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos fue presentado por el abogado Oscar Quintanilla Ponce de León y está dirigido a Joel Hernández García, presidente de dicho organismo.

“Quien suscribe la presente y cuya identidad prefiere que se mantenga en reserva, se dirige a la Ilustre Comisión Interamericana de Derechos Humanos a fin de solicitar la adopción de Medidas Cautelares por parte del Estado de Perú a favor del señor Martín Alberto Vizcarra Cornejo, ex presidente de la República y ahora candidato al Congreso de la República del Perú”, se lee en el documento.

En el petitorio, el abogado señala que en atención al artículo 25.1 del Reglamento de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, solicita como medida cautelar “el pronunciamiento urgente” de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Además que se “ordene el archivo de los procesos de acusación constitucional iniciados por el Congreso de la República en contra del ex presidente Martín Vizcarra por afectar las garantías del 4 debido proceso reconocidas en el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos”.

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En el documento, el abogado sostiene la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales vulneró el debido proceso y los plazos para evaluar las denuncias contra Vizcarra, así como el periodo para elaborar su defensa técnica.

Añade que se observa “persecución” en contra del exmandatario, al dar trámite inmediato, “cuando existen casos menos complejos que han sido llevados por años en el Congreso y que incluso siguen pendientes de resolver”.

Según se indica en el documento en el caso de Vizcarra cabe la necesidad de un pronunciamiento de la CIDH, al configurarse cuatro elementos: gravedad de la situación, urgencia, daño irreparable y que el Estado peruano no puede garantizar el respeto a los derechos procesales vulnerados.

“Por tanto, excelentísimo presidente urge que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se pronuncie mediante un Comunicado (u otro medio que considere pertinente) y ordene la paralización de los procesos de acusación constitucional”.

Pedido sería declarado improcedente

Consultados por este Diario, el abogado constitucionalista Luciano López consideró que existen “pocas posibilidades” de que el pedido de Martín Vizcarra sea acogido por la CIDH.

“Me parece difícil que la Comisión Interamericana pueda meterse a evaluar esto con el sentido de urgencia. Lo veo complicado, es cierto que la comisión actúa de manera discrecional, pero veo pocas posibilidades”, dijo.

López explicó que en la medida cautelar es una medida preventiva, y que, al agotarse la jurisdicción interna y considerar que se ha violando derechos humanos, se podría presenta una denuncia contra el Estado.

El especialista recordó el caso de Gustavo Petro, exalcalde de Bogotá, quien, ante su destitución, recurrió a la CIDH solicitando una medida cautelar. López indicó que se trató de un proceso que se extendió por varios años donde le dieron la razón y se emitió una sentencia contra el Estado colombiano. En el 2014, la Comisión Interamericana le otorgó una medida cautelar.

“En el caso de Vizcarra veo ciertos problemas de procedimiento, Vizcarra no ha sido destituido, está poniendo curita donde no hay herida, se ha iniciado un procedimiento que de acuerdo a la Constitución es competencia del Congreso, él está presentando diversos recursos ante el propio Parlamento porque considera que se está violando sus derechos en el trámite de ese procedimiento, veo sumamente prematuro (el pedido)”, sostuvo.

La celeridad con la que se resolverá el pedido de medida cautelar dependerá del sentido de urgencia que encuentre la CIDH en este caso.

Óscar Urviola, expresidente del Tribunal Constitucional, consideró que el pedido de Vizcarra ante la CIDH “no es procedente” y denota desconocimiento de temas jurídicos.

“La jurisdicción convencional de la Comisión de los Derechos Humanos, como de la Corte, es una jurisdicción residual, primero se tiene que agotar la vía interna, no puede hacer este salto este señor, que me parece desconoce el ordenamiento jurídico”, apuntó.

Urviola señaló que la Comisión no tardaría mucho tiempo en responder a Vizcarra “porque no podría pronunciarse sobre los aspectos de fondo, sino de forma”.

“La CIDH le va a decir que agote la vía interna, no lo ha hecho y tendría que plantear todos los recursos que reconoce el ordenamiento jurídico nacional, lo que plantea es absolutamente improcedente, es un proceso en trámite donde supuestamente se está respetando el debido proceso”, agregó.

Defensa

Hace unos días, el mismo Martín Vizcarra fue el encargado de informar sobre la presentación del recurso ante entes internacionales para buscar frenar las acusaciones constitucionales en su contra.

“Se ha presentado adicionalmente a la Comisión de Observadores de la Comunidad Europea, aquí está la recepción, donde el 27 de marzo, con el número MC-269-21, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recibe la solicitud de una medida cautelar precisamente donde se denuncia todos los hechos que está cometiendo de manera irregular e ilegal los congresistas de la República”, dijo.

A través de una transmisión en Facebook añadió que: “Ya está en la comisión europea, en la Comisión Interamericana, y también tendremos que usar los mecanismos internos de Perú a través de amparo, no puede ser que los congresistas quieran actuar como que el congreso es su chacra, y no pase nada”.

Vizcarra insistió en que buscan “afectar su candidatura”, y que también trataron de impedir su postulación a través de tachas en su contra.

Al mismo tiempo, cuestionó que el Congreso trabaje “con tanta rapidez” el procesamiento de las denuncias constitucionales que tienen como fin su inhabilitación para ejercer cargo público.

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