Mónica Saavedra, la presidenta de la Junta Preparatoria que entra al Congreso con cuestionamientos a cuestas

Mientras la militancia y algunas de las figuras destacadas de Acción Popular celebraban los resultados a boca de urna en el local histórico del partido, Mónica Saavedra, la congresista más votada de la agrupación y que ostentaba el número 1 de la lista, se refugiaba con sus allegados en su base del distrito de Jesús María. Distante de los movimientos de su bancada, Saavedra celebraba su ingreso al Parlamento a la par que ya hacía algunos deslindes.

En una entrevista publicada el 31 de enero en El Comercio, casi una semana después de las elecciones, Saavedra dijo que Acción Popular aún no tiene dirigencia ni presidente, desconociendo así a Mesías Guevara, gobernador regional de Cajamarca y actual presidente del partido. Según la electa congresista, “él representa [al partido], pero reitero que su mandato está vencido”. “La disolución del Congreso interrumpió [lo que] iban a ser las elecciones [internas], todo quedó estancado”, añadió. Cinco días después, el 5 de febrero, Guevara era parte de la foto oficial a la salida de la reunión entre el Ejecutivo y la futura bancada.

La abogada de profesión, que obtuvo 91.656 votos válidos en las elecciones del 26 de enero, es la presidenta de la Junta Preparatoria debido a que obtuvo la más alta votación en el partido que alcanzó el mayor número de escaños. Sin embargo, hará su entrada al nuevo Congreso con cuestionamientos a cuestas.

Acusada de haber sido favorecida por municipio

El domingo 1 de marzo, el programa “Panorama” reveló que una ex trabajadora de la Municipalidad de Jesús María, identificada como Mónica Tissoni, aseguró que el actual alcalde del distrito, Jorge Quintana, pidió a los funcionarios del gobierno edil que apoyen a Saavedra en las últimas elecciones.

“El número de inscritos se incrementó notablemente y eso fue a raíz de que él nos pidió a toda la gente de campaña y a todos los que trabajábamos en la municipalidad que inscribiéramos a más personas para el partido. Eso fue al comienzo de la gestión [...] Esos inscritos iban a ser los que voten por él en las elecciones internas para la secretaría general departamental de Lima de Acción Popular [...] Esa gente que iba a ser utilizada para votar por él en las internas, pero esa coyuntura no se dio. Entonces, esa gente fue utilizada para votar por Mónica Saavedra”, dijo Tissoni.

Saavedra, quien también trabajó en este municipio como gerenta de Fiscalización, deslindó haber sido apoyada el alcalde y que usó sus “propios recursos” en la campaña. Por su parte, Quintana sostuvo que al igual que a Saavedra, el municipio apoyó a los otros 35 candidatos de Acción Popular en Lima.

“Nos dicen que el alcalde necesita apoyo para que en estas elecciones congresales cuiden los votos de Mónica Saaverdra. Se pidió apoyo y si no lo haces, tienes temor de que ellos puedan tomar represalias. Es como una coacción para mí”, dijo la ex trabajadora.

Tras conocerse esta acusación, Guevara dijo que Acción Popular evaluará la creación de una comisión para investigar a Saavedra. Añadió que lo ocurrido “golpea” la imagen del partido, por lo que les corresponde corregir estas irregularidades. “Por eso no nos quedamos cruzados de brazos y pedimos la intervención de la Contraloría y el Ministerio Público, algo que ningún partido ha hecho [...] Apostamos por la transparencia”, dijo Guevara a la Agencia Andina.

A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, Saavedra rechazó las imputaciones y que presentará todos los gastos que realizó durante la campaña electoral.

Sentencia no declarada

El 13 de enero, a pocos días de las elecciones, el Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 1 remitió al Ministerio Público el caso de Mónica Saavedra debido a que no consignó en la declaración jurada de su hoja de vida una sentencia firme en su contra por violencia familiar.

El 2013, un juzgado de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró fundada una demanda contra Saavedra y su expareja, Marko Soko, “en la modalidad de maltrato psicológico en agravio de su hijo”. El fallo judicial quedó consentido al no presentarse ninguna impugnación.

Debido a que la entonces candidata no declaró tal sentencia, el procedimiento que debía recaer en ella era la exclusión. Sin embargo, esto no fue posible porque la Corte informó sobre dicho proceso el 10 de enero, cuando el plazo de exclusión había concluido el 27 de diciembre de 2019. Por ello, el caso deberá ser revisado por el Ministerio Público.

Por su parte, Saavedra indicó que no había declarado este fallo porque “no aparecía en la ventanilla única” del JNE y que, al haber cumplido lo que disponía el juez -terapia psicológica- “consideré que ya no constituía una sentencia”.

“Habiendo sido una sentencia tutelar en el 2013 (con la ley anterior) y siendo que había cumplido a cabalidad con lo estipulado en la resolución judicial, consideré que ya no constituía una sentencia, pues ni siquiera aparecía como antecedente. Ahora las sentencias de violencia familiar son de tipo punitivo, antes no. Esta sentencia ya estaba archivada”, indicó.

Además, aseguró que fue “una víctima del Poder Judicial”. “Yo nunca mentí a mis electores, yo no tengo ningún proceso de violencia familiar ejercida hacia mi menor hijo. Fui la denunciante y de denunciante pasé a ser denunciada”, dijo en una entrevista con Canal N.

El rol “obstruccionista” propuesto por Saavedra

Durante la campaña, Saavedra no ha estado libre de cuestionamientos por sus declaraciones. En una entrevista brindada a Willax Televisión, ella dijo que en el Congreso iba a asumir un “rol obstruccionista democrático”. “[Ahorita Martín Vizcarra tiene mucha popularidad ¿no te da temor un enfrentamiento posible?] No justamente nosotros vamos a ser un gobierno obstruccionista, perdón, obstruccionista democrático. No me da ningún temor, yo estoy dispuesta a enfrentar al Ejecutivo”, dijo Saavedra.

Sin embargo, luego de esta declaraciones la hoy congresista electa reculó, dijo que fue un “lapsus” y aclaró lo que quiso decir. “Nosotros somos una opción de oposición democrática, constructiva. Vamos a fiscalizar, pero tenemos en cuenta que la ciudadanía ha dicho “basta de peleas”. Si no estamos de acuerdo con una posición [del gobierno], lo vamos a decir, vamos a conversar para [tratar de] llegar a un acuerdo final. Si no estamos de acuerdo [con alguna medida], nos podemos oponer, alzar la voz”, dijo el 31 de enero en entrevista con El Comercio.

Finalmente, otra de las declaraciones que dio Saavedra cuando aún se encontraba en campaña tuvo que ver con la disolución del Congreso el pasado 30 de setiembre. “Ha sido inconstitucional, no estoy de acuerdo con la disolución del Congreso, pero hay una parte del pueblo que pedía esa disolución, pero insisto en que no estoy de acuerdo”, declaró Saavedra en noviembre del 2019, días después de confirmarse su inclusión en la lista.

Posteriormente, en una entrevista ofrecida a El Comercio, la electa congresista sostuvo que respeta lo fallado por el Tribunal Constitucional respecto a esta decisión y se reafirmó en la “inconstitucional” de la disolución del Parlamento.

Respecto al caso de Mercedes Araoz, que presentó su carta de renuncia a la vicepresidencia y que será responsabilidad del nuevo Parlamento aceptarla o no, expresó, como opinión personal, que “si le pedimos que siga a Mercedes Araoz debemos asignarle un sueldo porque el cargo de vicepresidente no tiene remuneración y, en esa condición, ella no podría trabajar en el sector privado”.

Como presidenta de la Junta Preparatoria, Saavedra será la encargada de tomar juramento a los nuevos congresistas junto a Carlos Fernández Chacón (Frente Amplio) y María Isabel Bartolo (Unión Por el Perú).

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