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Una nueva denuncia vuelve a poner bajo los reflectores en el hermano de la presidenta Dina Boluarte. El último domingo, “Cuarto Poder” dio a conocer que el distrito de Nanchoc (San Miguel, Cajamarca) recibió, en octubre pasado, 20 millones de soles para obras públicas días después de que su alcalde, Nixon Hoyos, visitara a Nicanor Boluarte.
Mientras la mandataria salió en defensa de su hermano, congresistas de distintas bancadas demandaron que la Comisión de Fiscalización inicie una investigación y cite a Nicanor Boluarte y al mencionado burgomaestre, incluso, compararon este caso con las visitas irregulares a la casa del Jirón Sarratea durante la gestión de Pedro Castillo.
Además, la Procuraduría Anticorrupción “acopia” “información” sobre el caso y, en ese contexto, solicitó al Ministerio de Economía y Finanzas el envió de documentación “sobre la norma legal que formaliza la transferencia presupuestaría a la Municipalidad Distrital de Nanchoc, así como los informes técnicos que sustenten la aprobación presupuestaria”.
En tanto, abogados penalistas consultados por El Comercio consideraron que el Ministerio Público podría abrir una pesquisa al hermano de la mandataria y al burgomaestre cajamarquino por este caso.
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En Palacio de Gobierno, la presidenta Dina Boluarte aprovechó una actividad pública con Comités del Vaso de Leche -que transmitía en vivo TV Perú- para señalar que su familiar “no trabaja para el Estado” y que “está en su total libertad de recibir a quien se le pegue la gana”.
“La persona, el familiar a quien mencionaron anoche (domingo en Cuarto Poder), no trabaja para el Estado y él está en su total libertad de recibir, discúlpenme el término criollo, a quien se le pegue la gana. Es su cumpleaños. Lo raro sería que en ese cumpleaños se pactara cosas ilícitas, situación que no ha sucedido”, afirmó.
La jefa de Estado calificó de “infamia” la denuncia e intentó minimizar indicando que lo único que se le ha encontrado a su hermano son visitas el día de su cumpleaños.
“Han querido deslizar que un alcalde y sus 20 millones. Que se investigue, para eso está el Ministerio Público. Seguramente ya habrá la disposición de que le abran la carpeta fiscal a mi familiar y seguramente lo van a hacer, pero así como estoy parada frente a ustedes y las mujeres tenemos palabra de honor y no somos mentirosas, mi hermano se sabrá defender ante el Ministerio Público sobre esa infamia que le han querido inventar”, agregó.
En otro momento dijo, que fue demasiado “atrevimiento” de la prensa “comparar” esta situación con los actos de corrupción ocurridos en el gobierno de Pedro Castillo, del que ella fue parte como vicepresidenta y titular del Ministerio de Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.
Horas después, el premier Alberto Otárola también salió en defensa del hermano de la mandataria. “Evidentemente el tema del seguimiento no lo hemos sostenido nosotros, lo ha dicho el propio medio de comunicación que ha estado nueve meses siguiendo al señor Nicanor Boluarte a quien yo conozco, considero que es una persona decente”, declaró a los medios de comunicación.
“Él en ningún momento a mí me ha solicitado absolutamente nada y creo que en su momento estos temas se deberán aclarar en respeto a la verdad de los hechos y de la verosimilitud de las hipótesis de los periodistas”, subrayó.
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¿Cuáles son los posibles delitos que podría investigar la fiscalía?
En diálogo con El Comercio, el ex viceministro de Justicia Gilmar Andía, el ex procurador anticorrupción Antonio Maldonado y el abogado penalista Andy Carrión señalaron que el caso amerita una investigación de la fiscalía contra el hermano de la presidenta y el alcalde de Nanchoc, Nixon Hoyos.
Para Andía, se trataría de un caso de tráfico de influencias y que, pese a que la única evidencia que “tiene hasta el momento” son “las visitas”, en “política no hay coincidencias”.
Consideró que el reportaje de “Cuarto Poder” sería la punta del iceberg, por lo que no descartó que la pesquisa pueda extenderse a los presuntos delitos de colusión y cohecho; sin embargo, indicó que aún no existen indicios suficientes para indagar dichos delitos.
“Los indicios llevan a decir que está trabajando de una manera poco correcta o llevando sus relaciones amicales para poder influenciar en decisiones al interior del Gobierno [...] No creo que el cumpleaños haya sido el momento clave, quizás las coordinaciones previas se vienen dando desde hace tiempo porque una determinación de presupuesto no se hace en nueve días. Tiene que investigarse todo el proceso previo”, expresó el exviceministro.
Por su parte, Maldonado dijo que “hay elementos para la conformación de uno o más posibles delitos” que el Ministerio Público debe investigar al hermano de Boluarte y quienes resulten responsables con la misma proactividad que se tuvo con la gestión de Pedro Castillo. Entre ellos están tráfico de influencias, colusión y cohecho.
Opinó que existen similitudes entre este caso y el de Yenifer Paredes, la cuñada del expresidente Castillo. A su juicio, se estarían repitiendo patrones que ya habían sido observados en la era castillista.
“Estamos ante un patrón similar al de Pedro Castillo, un personaje cercano a la presidenta. La fiscalía debe investigar con la misma proactividad y lógica como la que tuvo con el antecesor de Boluarte. No investigó los casos como hechos aislados sino como un paquete, que derivó en la creación del equipo especial contra la corrupción en el poder”, agregó.
Maldonado no descartó que las eventuales pesquisas puedan alcanzar a la presidenta. “Se tiene que ver qué hay detrás y qué es lo que se permite desde la Presidencia de la República. Paredes significaba un símbolo del poder al igual que Nicanor Boluarte”, concluyó.
El penalista Andy Carrión también encontró un parecido entre este caso y lo que pasaba en el Gobierno de Castillo. “Existen modalidades parecidas, por ejemplo, con lo que pasó con el exalcalde de Anguía, José Nenil Medina, y otros investigados en la red de corrupción que operaba en el Ministerio de Vivienda [...] La utilización de familiares es también una modalidad parecida”, aseveró.
Carrión coincidió con Maldonado respecto a los supuestos delitos de cohecho y tráfico de influencias, pero no descartó que se amplíe a otros posibles delitos.
“Recordemos que muchas pesquisas del Gobierno de Castillo se iniciaron así y luego abrieron por otros delitos [...] La investigación podría alcanzar a funcionarios del Poder Ejecutivo e incluso a la presidenta de la República, si es que se manejan los mismos criterios usados en la era Castillo”, dijo.
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Reacciones
El vicepresidente de la Comisión de Fiscalización, Eduardo Salhuana (Alianza para el Progreso), anunció que envió un oficio al titular del grupo de trabajo, Wilson Quispe, para que se inicien las investigaciones.
“Es grave, que se investigue, no podemos repetir Sarratea [...] La presidente debe cortar tajantemente estos hechos. Si hay hechos delictivos, que la fiscalía investigue como corresponde [...] La familia debe estar totalmente apartada del ejercicio del poder”, manifestó.
Una postura similar tuvo Héctor Ventura (Fuerza Popular), quien también es integrante esta comisión. “¿Estamos ante un nuevo caso Sarratea? ¿Hasta dónde llega el poder de Nicanor Boluarte? El hermano de la presidenta de la República tiene mucho que aclarar. Por ello, he solicitado a la Comisión de Fiscalización que tanto él, como el alcalde de Nanchoc, sean citados”, anunció en Twitter.
Asimismo, en diálogo con Exitosa dijo que presentó la solicitud a “efectos de que informen cuáles han sido las reuniones y cómo se tramitaron los montos”.
Se sumó al pedido el congresista José Cueto (Renovación Popular). “Si el informe [periodístico] es cierto, creo que debe haber una investigación [en la Comisión de Fiscalización] porque lo que señalan es grave”, expresó.
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Antecedentes
En junio, la Unidad de Investigación de El Comercio dio a conocer que el hermano de la presidenta promueve la organización del partido político Ciudadanos por el Perú, en el cual participan funcionarios de los sectores del Interior y de Desarrollo e Inclusión Social.
En dicho informe este Diario mostró conversaciones de WhatsApp, que evidencian coordinaciones de febrero último, cuando la mandataria Boluarte tenía dos meses en el cargo.
Como parte del proceso de inscripción en el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), el 31 de enero pasado se presentó una solicitud para reservar la denominación Ciudadanos por el Perú, como partido político de alcance nacional.
En el chat grupal del mencionado partido, en el cual el hermano de Dina Boluarte aparece como el administrador, este Diario pudo identificar entre sus integrantes a prefectos y subprefectos de diferentes zonas del país, nombrados por la Dirección General de Gobierno Interior. También a funcionarios del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), del que Dina Boluarte fue ministra hasta noviembre del 2022.
En la lista de prefectos está Noriel Chingay, prefecto de Cajamarca, cuyo hermano Jorge fue colaborador de la jefa de Estado durante su campaña del 2021, cuando era integrante de la plancha de Perú Libre.
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En noviembre de 2022, este Diario reveló que la Contraloría General de la República recomendó denunciar penalmente a Nicanor Boluarte por contratar con la Municipalidad de Pueblo Libre en 2021, luego de declarar que no estaba impedido de trabajar para el Estado pese a que la ley lo prohibía.
