Sobre el obstruccionismo de Fuerza Popular, por Martín Tanaka

Está en estos días en discusión la naturaleza del “obstruccionismo” de Fuerza Popular frente a las iniciativas del Poder Ejecutivo. En la sesión de la Comisión de Constitución del 4 de setiembre, el congresista Miguel Torres ofreció información que abre un debate interesante.

Al comparar solicitudes de interpelación presentadas y aprobadas en los períodos 2006-2011, 2011-2016 y 2016-2019, o el número de mociones de censura presentadas, el porcentaje de proyectos de ley presentados por el Poder Ejecutivo y archivados por el Legislativo, los números no parecen mostrar diferencias muy significativas.

También puede verse que en el período 2016-2019 las tres solicitudes de delegación de facultades presentadas por el Ejecutivo fueron aprobadas, y que de 213 decretos legislativos elaborados por el Ejecutivo, solo tres fueron observados en su totalidad por el Congreso.

Torres citó también declaraciones recientes del ministro de Economía, Carlos Oliva, en las que reconocía que “en el MEF hemos tenido una buena relación con el Congreso”.

A mi juicio, en lo que Torres tiene razón es en que la confrontación política actual no tiene mayor sustento programático. Recordemos que Kuczynski llamó a votar por Keiko Fujimori en el 2011, y que esta intentó integrar a Martín Vizcarra a su candidatura presidencial del 2016 (según Martín Riepl en “Vizcarra. Una historia de traición y lealtad”. Planeta, 2019).

En la misma línea, según un informe de ESAN y 50+1, la autopercepción ideológica de los parlamentarios electos de Fuerza Popular y de Peruanos por el Kambio muestra una gran cercanía (“Informe Congreso visible. Encuesta a congresistas electos, 2016-2021”, 2016).

Pero la cosa cambia cuando entramos desde una aproximación cualitativa. Para empezar, no debe perderse de vista de que hablamos de un gobierno muy débil, y de un fujimorismo que contaba por sí solo con mayoría absoluta; incluso ahora sigue siendo un actor imprescindible para cualquier decisión.

En períodos anteriores, la conducta de la oposición no genera los terremotos que causa ahora. Segundo, si miramos áreas esenciales en el ámbito de la reforma institucional, el enfrentamiento ha sido una constante: por ejemplo, en la educación. Jaime Saavedra fue censurado por la mayoría como una expresión de pura fuerza, empujada por sectores que buscaban boicotear una reforma educativa que promueve la equidad de género y la fiscalización de la educación superior.

Más adelante, cuestionamientos también desproporcionados contra la ministra Marilú Martens llevaron al pedido de confianza del presidente de Consejo de Ministros Fernando Zavala y a la caída de todo el Gabinete. Y los ataques a la reforma educativa continúan.

En otro frente crucial encontramos que la lucha contra la corrupción y el ejercicio de la función de fiscalización parece usarse desde el Congreso como herramienta política: ya sea para arrinconar al gobierno (PPK fue víctima de ello y ahora la mira parece puesta sobre Vizcarra), como para bloquear iniciativas incómodas para la mayoría, como las investigaciones contra los fiscales Chávarry y Gálvez.

La lucha contra la corrupción y la reforma judicial es la causa más importante para el actual gobierno, y en este frente no ha primado la colaboración. Llegar hasta el 2021 y evitar el adelanto de elecciones implicaría un acuerdo político que permita avanzar en la reforma educativa, en la lucha contra la corrupción, en la reforma de la justicia (y en la reforma política), además del frente económico. Si esto se asegurara, enhorabuena. Pero cabe ser escéptico al respecto.