Seis polémicas por ascensos en la Policía y las FF.AA. en los últimos 20 años

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Las situaciones no solo se enmarcaron en decisiones presuntamente arbitrarias sobre las comandancias generales, para las cuales los presidentes tienen la facultad de elegir entre una terna de generales y tenientes generales, sino también sobre puestos inferiores dentro del escalafón. No obstante, el caso de Castillo destapa indicios mucho más serios.

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Esta semana, se conoció que el Ministerio Público halló mayor evidencia sobre el grado de participación del encarcelado expresidente en favorecimientos personales dentro del Ejército. De acuerdo con la pericia grafotécnica, practicada sobre un escrito de Castillo, este buscó destacar al coronel Ciro Bocanegra –hijo de un amigo suyo– a la Casa Militar de Palacio de Gobierno.

La nueva información se complementa con las declaraciones de José Vizcarra, excomandante general de la institución armada, quien señaló que Castillo lo habría presionado para ascender a Bocanegra y al también coronel EP Carlos Sánchez al rango de generales. Por este caso, y presuntos sobornos y movidas en favor de otros oficiales de la Policía Nacional y la Fuerza Aérea, la Fiscalía de la Nación ha presentado una denuncia constitucional contra el expresidente y el exministro de Defensa Walter Ayala.

Con diferencias de lado, durante otros regímenes existieron sendos señalamientos por presuntas irregularidades para posicionar a oficiales afines bajo la figura de la confianza. “Con Castillo, ya la cosa estaba desbandada”, refirió a El Comercio el exministro del Interior José Luis Pérez Guadalupe.

Subir de grado en el Ejército, la Marina de Guerra, la Fuerza Aérea y la Policía Nacional implica mayores beneficios y aumentos salariales. De acuerdo con información proporcionada por el Ministerio de Defensa a este Diario, dichas instituciones castrenses y de orden público cuentan con una escala remunerativa equiparada, que va –en el caso de oficiales– desde los S/ 2.204 hasta los S/ 8.573. Sin embargo, a estos montos se le suman otros por servicios especiales y bonificaciones. Además, existen pagos adicionales por concepto de combustible vehicular, que puede superar los S/ 4 mil mensuales.

Línea delgada

De acuerdo con el artículo 167 de la Constitución Política, quien ejerce la presidencia de la República también ejerce la jefatura suprema de las fuerzas armadas y policiales. A partir de este precepto, los gobernantes poseen la facultad de designar a los más altos mandos de cada institución. Sin embargo, los lineamientos adicionales en razón de antigüedad no siempre se han respetado para los ascensos.

Para el ex director de la Escuela Nacional de Inteligencia y analista en temas de Defensa, Andrés Gómez de la Torre, resulta lógica la propensión de los gobiernos en buscar lealtad y cercanía en estos sectores. Sin embargo, advierte que ello conlleva a una, a veces muy notoria, desnaturalización de otros principios, como la meritocracia.

“Definitivamente, los jefes de los institutos castrenses ya dejan de ser técnicos para ser una suerte de bisagras entre el poder político y la institución militar. Hay que generar fuertes equilibrios entre la facultad del Ejecutivo y la designación de comandantes en jefes. Ahí hay un tema que parte del profesionalismo militar y también de la política”, dijo el especialista.

A su turno, el exministro del Interior, Pérez Guadalupe, señaló que el poco margen entre lo político y lo técnico puede crear peligrosos espacios para el compadrazgo, la corrupción o la “compra” de ascensos, como se vio en el gobierno de Castillo.

“Suelto una frase que me dijo un exministro: en la Policía el estudia aprende y el que tiene plata asciende. Mira cómo se había colado esa tradición de que para ascender tenías que pagar. Entonces, eso es, no viene solamente de ahora, sino de antes”, añadió.

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