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A las 9 de la mañana, el ministro de Educación, Martín Benavides, llegó al Congreso para responder el pliego interpelatorio de 33 preguntas. Esta vez no hubo una caravana de despedida como pasó dos días atrás cuando el Gabinete Martos acudió a pedir el voto de investidura.
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El pliego interpelatorio estaba centrado en las labores de Benavides como jefe de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu).
Por ello, Benavides empezó señalando que la aprobación de la Ley Universitaria y la creación de la Sunedu fueron un hito histórico en la reforma para devolverle la legitimidad académica y legalidad al sistema. Agregó que, a partir de ese momento, las universidades investigan más respecto al periodo previo.
“Del año 99 al 2010, pasamos de tener unas 65 universidades a casi 150. Pero lamentablemente esto no se vio acompañado de un crecimiento en la calidad”, señaló el ministro. “Todas las universidades tienen que ofrecer condiciones de calidad”, remarcó.
Además, describió que, al iniciar el proceso de reforma universitaria, había una gran heterogeneidad en el sistema universitario. “En el 2015 […] existían 53 universidades, 43 privadas y 10 públicas, que contaban con autorización provisional otorgada por el Consejo Nacional de Funcionamiento de Universidades”, indicó.
Benavides señaló que no se han planteado normas que beneficien a alguna universidad en particular, pues no sería sería ilegal, sino que una vez publicada, se aplicaría a todas por igual.
Negó cualquier tipo de parcialidad respecto al licenciamiento, y recordó que las resoluciones del Consejo Directivo de la Sunedu pueden ser cuestionadas ante las instancias jurisdiccionales.
“Es el mecanismo previsto a nivel constitucional, y ha sido usado por las universidades con licencia denegada […] A la fecha los jueces del poder judicial han declarado improcedentes ocho acciones de amparo promovidas por universidades a quienes se denegó la licencia”, señaló.
Ante la pregunta “¿le parece socialmente responsable que licencie una universidad sin alumnos y sin infraestructura para que ingresen 200 alumnos, mientras que se quedan fuera 250 mil alumnos y más de 42 edificios que están mucho más implementados que la UPAL?”, Benavides señaló: “Lo que no es socialmente responsable es ofrecer carreras y programas sin calidad. Eso sería engañar a los jóvenes y sus familias”.
Respecto a los cuestionamientos al licenciamiento de la UPAL, Benavides hizo varias aclaraciones. En primer lugar, indicó que las universidades pueden hacer uso compartido de los servicios complementarios deportivos.
En segundo lugar, que el objetivo de la norma que exige la exclusividad del uso de las instalaciones es garantizar la independencia respecto a otras entidades, no normar el uso interno.
Benavides también sostuvo que los integrantes del Consejo Nacional de Educación cumplen una función consultiva, y no participan del proceso de evaluación y toma de decisiones sobre el licenciamiento de una universidad. Esto fue en respuesta a las preguntas que se hicieron sobre la participación de Lea Sulmont y León Trahtemberg, directivos de la UPAL, en este organismo.
Benavides negó cualquier conflicto de intereses y que ellos tengan incidencia en las decisiones de la Sunedu. Por el contrario, defendió a los integrantes del Consejo Consultivo de esta entidad.
Licenciamiento a la UTP
Benavides también señaló que la Sunedu fue una de las principales impulsoras del proyecto para prorrogar la ley de moratoria que vencía en el 2017, que debía ser aprobado a través del Congreso. Sin embargo, fue el Legislativo el que se demoró en aprobarla hasta cuatro meses después del vencimiento de la primera moratoria.
En el mismo sentido, Benavides indicó que la Sunedu verificó que los locales licenciados de la Universidad Tecnológica del Perú contaban con la capacidad de brindar los servicios deportivos complementarios exigidos. Para ello, presentaron contratos con locales externos.
Benavides también defendió las credenciales académicas y profesionales de Fabiola León Velarde, integrante del Consejo Directivo de Sunedu y esposa del legislador Gino Costa. Señaló que ella fue parte de la comisión de selección del Consejo Directivo de la Sunedu en el 2015, cuando fue rectora de la Universidad Peruana Cayetano Heredia.
Al inicio de la sesión, el legislador Walter Rivera (Acción Popular) presentó una cuestión previa para que la Comisión de Constitución analice la constitucionalidad de siete preguntas . El presidente del Congreso, Manuel Merino, señaló que el pedido era improcedente.
Antes de empezar la sesión, el congresista Daniel Urresti (Podemos Perú) señaló que su bancada no participará del debate. Aunque no lo precisó, en anteriores ocasiones ha indicado que se abstendrán en temas educativos para evitar caer en conflictos de interés por la relación entre el líder del partido, José Luna Gálvez, y la Universidad Telesup, con licencia denegada.
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