Desde hace dos años, la Primera Fiscalía de Extinción de Dominio, a cargo del fiscal Hamilton Castro Trigoso, comenzó una investigación contra el empresario israelí Moshe Rothschild Chasín -socio del exasesor Vladimiro Montesinos- para identificar el rastro del dinero que habría recibido al participar en la irregular adquisición de 36 aeronaves de guerra.
Finalmente, las pesquisas que lo condujeron por las Islas Bahamas, Panamá y terminaron en una cuenta en Suiza. Se trata de US$ 8 millones, cuyo proceso de recuperación se inició esta semana luego que el Poder Judicial admitió la demanda de extinción de dominio formulada por el fiscal Castro, según documentación fiscal y judicial a la que accedió El Comercio.
El caso, es uno de los primeros bajo el Decreto Legislativo 1373, que permite realizar procesos de extinción de dominio autónomos y separados del proceso penal que se pueda seguir contra los involucrados.
Moshe Rothschild fue procesado junto Claus Corpancho, Enrique Venero y Enrique Benavides, quienes eran conocidos como el “Grupo de los Cuatro”.
Todos ellos fueron procesados por un contrato con Bielorrusia para adquirir 18 MIG 29 y 18 SUKOI 25 para la Fuerza Aérea Peruana y que terminó costando US$ 402’052,420.00.
Por dicho contrato, el grupo recibió una comisión ilícita el 12% ascendente a US$ 48 millones. Las investigaciones y procesos judiciales llevaron a la sanción de tres de ellos y se determinó que cada uno recibió US$ 5 millones.
Solo Moshe Rothschild permanece prófugo de la justicia y sin sanción. Sin embargo, gracias a la nueva norma, el dinero que salió de las arcas públicas podrá ser recuperado pese a que no existe una condena contra el mencionado empresario.
El dinero -ubicado en Suiza- se encuentra desde el 2001 a nombre de la compañía Rovno, cuyo titular es el empresario Moshe Rothschild; y si, inicialmente fueron US$ 5 millones, con el transcurrir de los años, los intereses han determinado que el monto total ascienda a US$ 8’488,919.18.
“Hemos presentado una demanda nueva, ante el Poder Judicial para recuperar más de ocho millones de dólares de la cuenta Rovno cuyo beneficiario económico es un ciudadano israelí muy conocido en el Perú llamado Moshe Rothschild. La particularidad es que esta demanda que ha sido presentada ante el Poder Judicial y que ya ha sido admitida, se da dentro del marco de una nueva normativa que regulan el Decreto legislativo 1373, sobre la nueva figura de extinción de dominio y su reglamento”, explicó el fiscal Castro.
En la entrevista, autorizada por la Fiscalía de la Nación, el fiscal Castro informó que su despacho concluyó una investigación preliminar en la que “se han reunido un conjunto de elementos indiciarios que básicamente están relacionados con documentos bancarios y financieros”.
Además, de otros elementos extraídos de los procesos judiciales donde varios personajes fueron condenados por delitos de colusión relacionados con la adquisición irregular y fraudulentas de las aeronaves de guerra en 1996, que el Estado Peruano adquirió a través de contratos denominados “Escorpio” y “Vulcano” a Bielorrusia.
“Fue una trama financiera que involucró a un grupo de socios de (Vladimiro) Montesinos. Venero, Moshe y otros personajes que fundaron estructuras off shore en Bahamas y abrieron cuentas para recibir sus comisiones ilícitas”, anotó.
Castro remarcó que, durante casi 20 años, las autoridades Suizas y peruanas, en el marco de los procesos penales sobre los casos Alberto Fujimori-Vladimiro Montesinos, congelaron dicha cuenta, pero en todo este tiempo el Estado Peruano no pudo repatriar los fondos.
“Debido a que no hay sentencia penal contra Moshe Rothschild, dado que este señor es prófugo de la justicia tiene la condición de reo ausente y por tanto, en el proceso penal no podía producirse un decomiso final de estas cuentas. En ese sentido la figura de extinción de dominio es ideal para este tipo de situaciones”, sostuvo.
Ahora, el siguiente paso es que el Poder Judicial vía cooperación judicial emplace al empresario Moshe Rothschild, quien según el fiscal Castro se encontraría en Israel.
“El plazo es de 30 días, vencidos estos 30 días lo que se realizará es una audiencia inicial de ofrecimiento de pruebas y de presentación del caso. Una segunda audiencia de actuación probatoria y finalmente, la sentencia”, explicó.
Cuando la sentencia quede firme, el Estado Peruano informará de ello a la justicia Suiza para ejecutar la sentencia de recuperación del dinero.
-Dos años en espera-
De otro lado, Castro Trigoso informó que desde hace 2, la justicia de Suiza está a la espera de que Perú pueda repatriar cerca de US$ 35 millones que mantiene congelados producto de otros procesos judiciales de extinción de dominio del caso Fujimori-Montesinos.
Se trata de casos vinculados a con el extestaferro de Vladimiro Montesinos, Alberto Venero; Antonio Ibárcena Dworzak, hijo del excomandante general de la Marina Américo Ibárcena, el traficante de armas James Stone Cohen, entre otros casos.
Explicó que, pese a que se formó un comité multisectorial integrado por el Ministerio de Justicia, Relaciones Exteriores, Poder Judicial y el Ministerio Público, para realizar la repatriación de dicho dinero, hasta el momento no se materializa.
Es decir, el Perú ha ganado los juicios y Suiza ha congelado el dinero para devolverlos, pero los casi US$ 35 millones aún no ingresan a las arcas del erario nacional.
¿Por qué? Para materializar la devolución del dinero, la justicia Suiza requirió al Perú que realice un informe indicándole en qué actividades para la lucha contra la corrupción y crimen organizado internacional, usará el dinero que debe ser devuelto.
“No puede pagar planillas, por ejemplo. Sobre todo, atendiendo a experiencias negativas anteriores donde el Estado no ha hecho buen uso de estos fondos y los ha destinado al pago de haberes y remuneraciones, como por ejemplo Pronabi. El dinero debe servir y redituar en la lucha contra la criminalidad que tienen que ver con la gran corrupción funcionarial y el crimen organizado”, explicó.
Castro explicó que en estos casos, la justicia Suiza pudo haberse quedado con el dinero puesto que se usó el sistema bancario de dicho país para tratar de ocultar el dinero ilícito, pero que; sin embargo, Suiza decidió devolverlo al país víctima, es decir el Perú.
“Por tanto, el Estado Peruano debería afinar sus esfuerzos para que realmente cumplamos con esto que es materia de acuerdos con la autoridad suiza. Me gustaría invocar a las autoridades para que de una vez cumplamos con estos requisitos que no son inalcanzables”, concluyó.