La lucha de Manuela Camacho, Trilce Reyes, Ximena Carrasco y María Fernanda Montenegro todavía no ha terminado. Aunque su acosador, Hialmar Laynes Sánchez, ha sido condenado a cinco años de prisión efectiva por el Poder Judicial, la justicia les ha llegado a medias.
“Primero, porque Hialmar Laynes continúa en libertad. Desde el día 16 de agosto, en que se revocó la prisión suspendida y se ordenó la captura a las 10 de la mañana, hasta hoy, miércoles [21 de agosto], la captura aún no se hace efectiva. También seguimos esperando la orden de allanamiento para que la policía pueda detenerlo. Segundo, porque Laynes viene siendo condenado por desacato a la autoridad. No por el acoso sexual cometido durante meses. No pararemos nuestra lucha hasta que la justicia lo condene por lo que es, un acosador”, apunta Camacho, en diálogo con esta revista, al cierre de nuestra edición.
“Es como seguir estando a ciegas, no sabemos si Hialmar sigue encerrado en su casa o si luego de tantos días ya fugó. No tenemos ni idea”, agrega.
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Aunque ella es uno de los rostros más destacados del caso, la periodista recalca la valentía de sus colegas Trilce, Ximena y María Fernanda para continuar con un proceso que desde sus inicios pintaba desalentador. Destaca su fuerza para afrontar no solo la violencia impartida por Laynes durante casi año y medio, sino también para transitar en un sistema revictimizante y bajo las miradas de una sociedad que aún cuestiona a las víctimas y no al agresor.
“El acoso es un delito muy reciente en el Código Penal (2018). Por eso, siento que nuestras instituciones y sistema judicial aún no están capacitados lo suficiente ni tienen las herramientas necesarias para ver la magnitud que constituye este tipo de delito. El ciberacoso es tan real como aquel acoso que atraviesa una mujer que es violentada en el transporte público o que es perseguida en la calle”, sentencia Camacho.
Aunque ella hizo pública su denuncia en junio de este año, Laynes ya contaba con dos procesos abiertos por acoso sexual. Trilce Reyes, en marzo de 2023, fue la primera en poner evidencia del acoso cibernético perpetuado por el hombre de 55 años. A ellas, se sumarían las periodistas María Fernanda Montenegro y Ximena Carrasco, sin contar a otras tantas agraviadas que eran agregadas en chats grupales donde Laynes difundía mensajes amenazantes, insultándolas y amedrentándolas también con contenido pornográfico.
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"El acoso sexual fue introducido en nuestro Código Penal en setiembre del año 2018. Sin embargo, hasta la fecha, aunque los casos son frecuentes, aún no existen sentencias ejemplares, relativizando muchas veces estos casos, cuando deberían ser tratados como una alerta para delitos graves como el feminicidio o asesinato de las víctimas.
En el marco local, el delito de acoso se encuentra regulado en el Art. 151 A del Código Penal, mientras que el Art. 176 B sanciona también el delito de acoso sexual, que se configura cuando el sujeto activo de cualquier forma, vigila, persigue, hostiga, asedia o busca establecer contacto o cercanía con una persona sin su consentimiento para llevar a cabo actos de connotación sexual, reprimiendo con tres a cinco años de PPL (persona privada de libertad).
Poner énfasis en este tipo de delitos es crucial, pues más allá de su naturaleza, en que se viola la libertad personal del agraviado, conllevan también a una perturbación del ámbito psicoemocional de forma permanente y sistemática. Lo mínimo que debería obtener la víctima de parte del Estado son mecanismos de aseguramiento y protección, en lugar de más violencia y revictimización"//
La violencia del caso no solo golpeaba a Manuela con un promedio de 80 mensajes diarios, sino también con la indiferencia de un sistema preparado para revictimizar.
“Oímos decir: ¿por qué no denunció antes?, pero no cuestionamos las múltiples formas de violencia sistemática que se ejercen en nuestro país. Cuando nosotras fuimos a poner las primeras denuncias, los policías mostraban mucha indiferencia. Nos decían: ‘perro que ladra no muerde’, ‘no creo que se vaya a acercar a ustedes’... La sensación que te queda luego de eso es que pareciera que estuvieran esperando que haya un cuerpo con moretones o ensangrentado para tomar acción, cuando hay casos tan emblemáticos como el de Eyvi Ágreda, que fue asesinada por un excompañero de trabajo que la acosaba. ¿Qué están esperando entonces? El acoso es un delito grave que puede conducir al feminicidio”, recalca con indignación Camacho.
Pero ahí no acaba todo. En un país donde al menos se procesan cinco denuncias por acoso sexual al día, los mecanismos para sentar una denuncia siguen dejando mucho que desear. La lógica parece no tener lugar en la mesa.
“Luego de sentir que los policías desestiman lo que dices, si logras ser escuchada, viene un camino desgastante, agotador y costoso. Jamás olvidaré que en una de mis pericias psicológicas me hicieron leer uno a uno los mensajes que esta persona me había enviado y describir las imágenes pornográficas. Para el informe, necesitaban que yo lo narre. Así lo dicta la justicia. Me sentí revictimizada con cada palabra, leyendo que un sujeto me decía ‘te voy a descuartizar’, ‘te vas a desangrar’, ‘te voy a matar’”, confiesa la periodista. A ello, además, se suma que en la primera lectura de sentencia (de prisión suspendida), el Poder Judicial cometió una negligencia grave: en el documento de sentencia, precisan los datos completos de Camacho, su dirección, su teléfono. “Era algo que yo había tratado de proteger por todos los medios y en un segundo él ya podía saberlo. Me sentí vulnerable, indignada”.
En un camino que ni ella ni sus colegas piensan abandonar, Manuela Camacho toma un momento para extender su solidaridad a las mujeres que viven lo mismo. “No permitan que nadie dude de sus denuncias. El acoso es violencia. Tomen medidas para salvaguardar su vida y no atraviesen esto en soledad. En mi caso, Ximena, María Fernanda y Trilce han sido pilares valientes para poder salir adelante”, concluye, aguardando, con una fuerza inquebrantable, que se haga justicia. //