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Frente a la ola de manifestaciones que se vive a nivel nacional, Cayetana Aljovín, presidenta de la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP) señaló, en conversación con El Comercio, que nos estamos enfrentando a protestas cada vez más violentas y vandálicas.
- ¿Cómo están afectando las protestas, que ya llevan varias semanas, a la imagen del país?
Las protestas, lamentablemente, se han tornado en violentas y vandálicas, donde no existe ningún interlocutor que se pueda sentar a una mesa para buscar una solución. Por ello, parece que persiguen intereses que solo buscan la destrucción.
La reputación de nuestro país se ve obviamente afectada por las imágenes que dan la vuelta al mundo. Sin embargo, existe un gran reto que se traduce en cambiar la narrativa que se viene imponiendo en el exterior porque no se condice con la realidad que todos los peruanos y peruanas estamos viviendo.
Así, por ejemplo, el papel de las embajadas es fundamental para que el exterior pueda conocer de primera mano lo que sucede, como la carta que envió el embajador peruano en Reino Unido, Juan Carlos Gamarra, a “The Guardian”, señalando todas las inexactitudes que contenía su reportaje debería ser la regla y no la excepción.
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-¿Cómo se han visto afectados los diferentes sectores?
Ello impacta no solo al sector pesquero, pues genera inestabilidad, sino a todos los sectores tales como minería, la agroindustria, el turismo, que se ven afectados por el bloqueo de carreteras, ataques a la propiedad privada, la toma de aeropuertos, entre otros actos violentos perpetrados por los manifestantes.
Sin embargo, lo que más preocupa es que afectan a las personas, sobre todo a las más vulnerables. Afectan al taxista que no puede salir por temor a que quemen su auto, a la señora del puesto del mercado amenazada si lo abre, a los guías que no pueden trabajar porque no hay turismo, al ama de casa que ve cómo los precios suben en el mercado.
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- ¿Qué medidas debe adoptar el gobierno al respecto?
La mayoría de peruanos queremos la paz en nuestro país. El gobierno debe tomar en cuenta las necesidades postergadas de miles de ciudadanos y la frustración que ello conlleva y así plantear soluciones concretas.
Una alternativa sería fomentar un diálogo sincero, sin amenazas de ninguna de las partes, mesas de acción cuya única función sea atender estas necesidades asignando no solo recursos sino responsabilidades y predeterminando fechas de ejecución y entrega de los servicios.
