Según el diagnóstico de brechas de infraestructura o acceso a servicios del sector salud 2023 elaborado por el Ministerio de Salud (Minsa), al cierre del 2022 se debieron de implementar 1.760 nuevos establecimientos de salud de primer nivel de atención para llegar a los 4.041 que se requieren para cubrir satisfactoriamente las prestaciones para toda la población. Las regiones que tienen más pendientes en este aspecto son Lima (832) y La Libertad (108).
La brecha en el sector no se centra únicamente en la falta de infraestructura, sino también en la baja calidad de atención que tienen las que operan actualmente. La entidad estimó que el 94,47% de centros de salud en el país tienen capacidad instalada inadecuada, es decir, que sus instalaciones hospitalarias tienen funcionalidad limitada y su infraestructura devino en obsolescencia tras décadas de uso.
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En Madre de Dios, por ejemplo, 98 de sus 99 infraestructuras no calificaban como adecuadas; en Tacna 94 de 98 no superaron los estándares. Solo en Amazonas (86%), Ayacucho (84%), Cusco (89%) y Moquegua (67%) no se supera el 90%.
Para Zulema Tomás, exministra de Salud y directora general del Instituto Nacional del Niño de San Borja (INSN San Borja), las deficiencias del sector al momento de elegir empresas para la construcción y remodelación de centros de salud es la principal explicación del deterioro.
“El problema no es la adjudicación, sino que se adjudique a empresas que aseguren oportunidad, calidad y seguridad de los hospitales. No es un problema netamente del Minsa, porque presupuesto tenemos. También, al momento de lanzar las licitaciones públicas algunos postores presentan tachas o impugnaciones que entorpecen la entrega del presupuesto para la construcción en las fechas establecidas”, explicó.
La operación privada como opción
Una de las estrategias del Estado para reducir las brechas es el diseño, construcción, operación y mantenimiento de hospitales a través de Asociaciones Público Privadas (APP). En junio pasado Proinversión y EsSalud adjudicaron la construcción y operación de bata gris y bata verde de los hospitales de Piura y Chimbote a IBT Group por US$323 millones. Las obras iniciarán el próximo año y culminarán a fines del 2026.
Cabe recordar que un hospital que se opera a través de la bata gris implica que el privado que lo construyó se encargará de brindar servicios no asistenciales como alimentación, vigilancia, mantenimiento, lavandería, entre otros. En tanto, en los de bata verde la empresa involucra servicios de análisis clínico, como los servicios de laboratorio y diagnóstico por imágenes.
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Actualmente Proinversión tiene en su cartera de proyectos la construcción del Nuevo Hospital Militar y del Nuevo Hospital Hipólito Unanue -este último contará con operación de bata verde y gris-. En tanto se tiene planificado licitar este modelo de operación en el Hospital Especializado de Cajamarca, el Nuevo Hospital de Emergencia de Villa El Salvador y el INSN San Borja.
Según Javier Illescas, exdirector ejecutivo de Proinversión, las APP son mejores opciones para la gestión de hospitales en comparación a los acuerdos Gobierno a Gobierno (G2G) y la obra pública.
“Las ventajas de una APP son superiores a la contratación pública simple y los G2G porque aseguran la operación y mantenimiento, porque hacen mejor el análisis de riesgo y porque tienen obligaciones del nivel de servicios dentro del contrato. Eso no lo tienes en los otros casos”, señaló.
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En tanto, Tomás destacó el servicio de bata gris y verde que brinda el consorcio peruano-español Gestora Peruana de Hospitales en el INSN San Borja. Resaltó que el nivel del servicio es mucho más alto en comparativa con centros operados por el sector público.
“Yo he sido directora general del Instituto Nacional de Salud del Niño de Breña y hoy lo soy en el de San Borja. He visto la operación sin APP y con APP, y puedo decir con seguridad que la APP trae muchos beneficios desde la calidad y seguridad. Eso influye en la eficiencia para la gestión y para la transparencia. Se ahorra en procesos de selección, en reparaciones de equipos, entre otros”, explicó.
Además, destacó que en el 2024 se lanzaría la licitación pública para elegir a la empresa encargada de operar el INS a través de bata gris y verde por los próximos 20 años.
Sin embargo, todavía la cartera de este tipo de APP sigue siendo reducida para las necesidades del sector.
“Hay posibilidades de que se aprueben más proyectos de bata verde y bata gris, pero hay necesidad de que se tengan más en cartera para cerrar las brechas”, indicó Illescas.
¿Y la bata blanca?
Además de la bata verde y la bata gris, existe la operación de bata blanca. Esta agrupa los servicios de las primeras dos y brinda, además, los servicios clínicos. Los hospitales Alberto Barton (Callao) y Guillermo Kaelin (Villa María del Triunfo) tienen operación de bata blanca en el Perú.
Según una fuente de El Comercio, el sector público en general no está a favor de este modelo. Y es que de aplicarse en los centros de salud actuales, esto obligaría a trasladar a otras plazas al personal contratado a través del régimen 276, ya que estos no necesariamente serían contratados una vez ingrese el operador privado. Temen que su implementación pueda propiciar despidos masivos.
“Cuando tienes una bata blanca en el Estado la pregunta es dónde pondrías a la gente que hoy labora en esos centros y hospitales. Casi todos están contratados bajo el régimen 276, es decir, son propietarios de sus puestos. Evidentemente ningún Estado quiere dejar desempleados a sus trabajadores. Por ejemplo, el presidente de EsSalud podría estar de acuerdo con licitar hospitales de bata blanca, pero eso [le] abriría un frente político en su contra”, cuestionó la fuente.
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Illescas coincidió en que la operación de bata blanca puede ser mucho más eficiente que sus pares de bata gris y verde, pero afirmó que es complicado que se puedan impulsar estas medidas debido al referido desplazamiento del personal.
“El sector tiene miedo por el desplazamiento que podría implicar a los médicos del seguro o del Minsa y por eso es que se tiene resistencia”, añadió.
En tanto, Tomás confirmó que es verdad que tendría que aplicarse “una serie de mecanismos” para reasignar al personal en caso se quiera implementar la operación de bata blanca en centros de salud del Estado, pero indicó que antes de dar ese salto debería de reformularse la política de recursos humanos del sector.
“Hay mucha gente nombrada y en bata blanca tendría que cambiarse todo el esquema de los recursos humanos del sector salud para que funcione”, concluyó, y añadió que considera que las gestiones de bata gris y bata verde pueden ser eficientes por cuenta propia.
