El sector minero-energético despertó ayer con un baldazo de agua fría. Luego de una intensa semana en la que el presidente Pedro Castillo se abocó a brindar todo tipo de garantías a sus inversiones desde Washington y Nueva York, un amenazador tuit del primer ministro Guido Bellido los devolvió a la realidad.
“Convocamos a la empresa explotadora y comercializadora del gas de Camisea, para renegociar el reparto de utilidades a favor del Estado, caso contrario, optaremos por la recuperación o nacionalización de nuestro yacimiento”, escribió el funcionario.
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La amenaza de recuperar Camisea no hizo menos que arreciar las aguas en una industria que ya comenzaba a respirar tranquila tras los mensajes conciliadores del mandatario.
“El tuit (de Bellido) es contradictorio con lo dicho por el presidente Castillo en su gira reciente (a EE.UU.). Entendí que decía bienvenidas las inversiones, y esto es exactamente lo contrario: es espantar a las inversiones”, apunta el ex ministro de Energía y Minas, Carlos Herrera.
En su opinión, el mensaje es “totalmente desatinado”, en tanto revela un pobre desconocimiento del tema tributario y de lo que el Gobierno persigue, que es ‘inclinar la torta del reparto de utilidades’ en favor del Estado.
De acuerdo a la tesis gobiernista, el Consorcio Camisea se lleva la mayor parte de sus beneficios fuera del país.
Sin embargo, la información oficial revela que “Camisea deja aproximadamente el 65% de sus utilidades al Gobierno”, aclara el ex ministro de Economía y Finanzas, David Tuesta.
¿Cómo descifrar, entonces, el mensaje de Guido Bellido?
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¿PETRO-PERÚ EN CAMISEA?
Para el ex ministro de Energía y Minas, Gonzalo Tamayo, la intención es clara: se trata de evitar que el presidente Castillo se ‘humalice’, es decir, que opte por abandonar la bandera de lucha que enarboló en la lid electoral.
“¿Es una bomba puesta al interior del gobierno para forzar definiciones? ¿Las frases del SPR de “construir confianza” en NY [Nueva York] fueron, para Cerrón, el detonante? ¿Es casual la presencia de EVO [Morales] en AQP [Arequipa] este fin de semana? ¿Qué empresa será la siguiente? De aquí no se vuelve”, escribió el exfuncionario.
A entender de éste, el tuit de Bellido no solo estaría relacionado con la reciente visita de Evo Morales, ex presidente de Bolivia que impulsó en su país la nacionalización de los recursos naturales, sino también con la extraña y sorprendente poda de toda la plana gerencial de Petro-Perú, realizada el pasado viernes.
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El objetivo, sospecha, es alinear a la empresa estatal para que acceda de buena gana a tomar el control de Camisea, en caso de que el Consorcio no se allane a los requerimientos del Gobierno.
Esa es también la impresión de Carlos Herrera.
“De lo dicho por Bellido se entiende que se trataría de estatizar Camisea, lo cual implica llegar a un acuerdo y comprar la empresa. Y eso son varios miles de millones de dólares. ¿Pero quién la operaría? ¿Petro-Perú?”, se preguntó ayer en Canal N.
Anotó que será muy difícil que la petrolera estatal pueda cumplir bien con ese encargo porque “hace años que no participa en la explotación petrolera” y nunca ha tenido experiencia en explotación de gas, y menos en un campo gasífero tan especializado y difícil de operar como Camisea.
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EL COSTO DE LA NACIONALIZACIÓN
Más allá de todo eso, a los especialistas en hidrocarburos les queda claro que la decisión sobre algo tan delicado no le corresponde a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) sino al Ministerio de Energía y Minas (Minem), como ente encargado de guiar la política de hidrocarburos del país.
“En segundo lugar, el responsable de negociar y renegociar los contratos de hidrocarburos es Perú-Petro y no la PCM”, advierte Carlos Gonzales, especialista en gas y petróleo.
De hecho, hoy 27 de setiembre, Guido Bellido y el ministro de Energía y Minas, Iván Merino, se dirigieron en horas de la mañana a las oficinas de Pluspetrol -líder del Consorcio Camisea– para formalizar el inicio de la renegociación de su contrato.
De acuerdo al mandatario de la República, esta se dará “con respeto irrestricto al Estado de derecho”.
De no ser así, las consecuencias serían incalculables. La Sociedad Peruana de Hidrocarburos estima que la eventual toma de control de Camisea costaría al país US$30 mil millones en indemnizaciones a los miembros del Consorcio.
“Al Perú, le costará más cara la lavada que la camisa porque significa que deberá de pagar a los productores de gas (Consorcio Camisea) toda la inversión que hicieron y a los exportadores (Peru LNG) toda su inversión en la planta de licuefacción”, anota Gonzalez. Pero las consecuencias van más allá.
“Por ejemplo, las inversiones mineras, como la de Newmont en Yanacocha Sulfuros (US$2.000 millones) , ya no se va a dar, con los cual los supuestos del Presupuesto de la República, de 5% el próximo añose van a caer”, advierte Tamayo.
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