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El reglamento que restringe la contratación de personal tercerizado en las áreas nucleares de los negocios entrará en vigencia el 23 de agosto. Ante la cercanía de este hecho, y debido a los cuestionamientos que ha desatado la medida, diversas empresas vienen tomando acciones legales para poder evitar los efectos de la misma.
En primer lugar se encuentran las demandas de acción popular, que cuestionan el reglamento por sus presuntos vicios de inconstitucionalidad. Según Jorge Toyama, socio de estudio Vinatea & Toyama, hay al menos 10 demandas de este tipo interpuestas en Lima. “La acción popular es un juicio que busca derogar la ley. En Lima hemos identificado 10 demandas de acción popular. Estas fueron presentadas por empresas, asociaciones, etc”, afirma.
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La primera demanda de este tipo fue interpuesta por la Asociación de Contratistas Mineros del Perú (Acomipe) en mayo pasado. Según Carlos Bernal, su gerente general, apela a la medida judicial porque la norma contradice a lo establecido en la ley de tercerización y podría afectar a 70.000 empleos en el sector minero. “El Decreto Supremo 001-2022 TR atenta contra la libertad de empresa, contra la libertad de contratación y va a generar problemas para el empleo mismo”, señaló en entrevista con RPP.
El Decreto Supremo N° 001-2022-TR regula la tercerización laboral, impidiendo la contratación de personal bajo esta modalidad en áreas nucleares del negocio, además de otras restricciones. Asimismo, la medida eleva las barreras para la contratación de personal tercerizado, lo que puede terminar reduciendo las contrataciones a través del mecanismo, según especialistas consultados. Las demandas interpuestas buscan que un juez determine la ilegalidad de esta ley y que deje de tener vigencia.
A pesar de esto, es un proceso que demanda por lo menos seis meses, es decir, se daría luego de que el reglamento sea aplicado. “Las resoluciones de las demandas de acción popular van a demorar algunos meses en publicarse, pero es una vía que da efectos generales para todas las empresas. Es decir, la resolución no es a favor de una empresa, sino de todas”, agrega Toyama.
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Debido a ello y al retraso en el debate del proyecto de ley que busca derogar estas restricciones, las empresas vienen optando por presentar demandas ante la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas del Indecopi. Estas buscan demostrar que la ley va en contra de la inversión privada y mientras se realizan las investigaciones, las empresas pueden acceder a medidas cautelares para que no se les aplique el reglamento que impide la contratación de personal tercerizado en las áreas nucleares mientras se da el proceso.
“La eliminación de barreras burocráticas se da bajo el entendido de que las disposiciones reglamentarias que se imponen cambian las reglas de juego de las empresas y las limitan de contratar libremente en un sistema de libre mercado como el nuestro [...] Pero hay que resaltar que estos procedimientos son realizados por cada empresa y los efectos son individuales para cada unas de ellas”, explica Katy Noriega, Asociada Principal del estudio Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uria.
A pesar de que estos procesos también demoran varios meses antes de llegar a un veredicto, las empresas ya están recibiendo recibiendo medidas cautelares a su favor. ”Este camino ya ha rendido frutos. Las acciones populares están en camino y las eliminaciones de barreras burocráticas. Cada vez hay más empresas que se suman a estas últimas porque ven que las medidas cautelares sí se están entregando”, añade Noriega.
Según Toyama más de 50 empresas que obtuvieron medidas cautelares a través del Indecopi y hay aún un grupo que se encuentra a la espera de las mismas.
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Un tercer proceso al que pueden acceder las empresas son las acciones de amparo. Según las empresas sostienen, el nuevo reglamento vulneraría la libertad de empresa y la libertad de contratación. “Esta medida cautelar tiene como objetivo neutralizar el daño que podría sufrir el administrado como consecuencia de un proceso que le dé la razón”, indica Noriega.
Congreso
Según el diario Gestión, la presidenta de la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera del Congreso, Silvia Monteza, se comprometió con representantes sindicales a no iniciar el debate de la ley que busca derogar las restricciones a la tercerización. El Comercio buscó el testimonio de la parlamentaria a través de su equipo de comunicaciones, pero no obtuvo respuesta.
