Los indicadores que reflejan la inseguridad ciudadana en los distritos de Lima Metropolitana y el Callao han alcanzado picos máximos respecto a años anteriores. Según la última cifra disponible de la Encuesta Nacional de Programas Presupuestales (Enapres) elaborada por el INEI, el año pasado el 90,7% de personas mayores de 15 años en ambas ciudades consideraba que sería víctima de un hecho delictivo dentro de 12 meses, mientras que el 43% de este grupo poblacional reportó haber sufrido un evento que atentó contra su seguridad el año previo.
Frente a este escenario, los fondos recaudados directamente por las municipalidades para financiar el serenazgo aún son insuficientes. El presupuesto para patrullaje es el componente más importante dentro del gasto municipal ante la delincuencia. En lo que va del año, casi S/7 de cada S/10 dentro del pliego correspondiente a “Orden Público y Seguridad” en los municipios de ambas ciudades se han destinado a esta actividad, según el Portal de Transparencia del MEF (S/520 millones de los S/724 totales).
De enero a la fecha, las 43 comunas de Lima Metropolitana han recaudado S/286,5 millones vía arbitrios (tributos cobrados a cambio de la prestación de un servicio público) para financiar el serenazgo, cifra que representa un monto aproximado de S/29 por habitante. En tanto, la recaudación para serenazgo en los 7 municipios del Callao ha alcanzado los S/13,9 millones, aproximadamente S/12 por persona.
Según la normativa vigente, el cobro de arbitrios financia, además del serenazgo, los servicios de limpieza pública y el mantenimiento de parques y jardines en cada localidad.
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Contrastes por zonas
En lo que va del 2023, las contribuciones más altas por habitante para solventar el servicio de patrullaje se han concentrado principalmente en los distritos ubicados en el centro de la ciudad o con mayores niveles de ingresos. La lista la encabezan Santa María y San Isidro (con más de S/400 per-cápita), seguidos por Miraflores y Jesús María (con más de S/200 por persona). Lince y el Cercado de Lima, distritos declarados en emergencia desde el 10 de octubre, figuran dentro de las 12 jurisdicciones con mayores niveles de recaudación, que alcanzan los S/118 y S/82 por persona respectivamente.
La otra cara de la moneda se observa en 14 distritos de la capital, localizados principalmente en zonas periféricas y que también padecen un alta incidencia delictiva, donde los municipios han percibido menos de S/10 per-cápita. Dentro de esta lista figuran San Juan de Lurigancho y San Martín de Porres, donde el estado de emergencia está vigente desde el 19 de setiembre, pero cuyos recursos obtenidos para el serenazgo apenas llegan a S/7 y S/2 por habitante. Entre enero y abril, ambas jurisdicciones sumaron 11.129 de las 65.532 denuncias por delitos registradas por la Policía Nacional (18% del total reportado en la ciudad).
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Un escenario similar se observa en los municipios del primer puerto. Las mayores contribuciones se observan en La Punta y Carmen de la Legua-Reynoso (con S/89 y S/27 per-cápita), mientras que los montos recaudados más bajos están en distritos como Ventanilla y Mi Perú (menos de S/10 por persona). En el primer cuatrimestre de año, el primer distrito registró la segunda cifra más alta de denuncias por delitos en el Callao después del Cercado (824 denuncias).
El problema de la morosidad
Según el abogado municipal Johnny Zas, tal situación responde a la morosidad y a la realidad de cada distrito. “Hay un problema de morosidad. Eso viene unido a que un municipio puede hacer un plan muy grande que demanda costos elevados. Y no se sabe si los vecinos lo podrán pagar. A eso agrégale la desigualdad territorial entre distritos: es distinto atender San Juan de Lurigancho que atender distritos costeños”, aseveró.
En la reciente audiencia vecinal de El Comercio, el alcalde de San Juan de Lurigancho, Jesús Maldonado, declaró que su distrito enfrenta una morosidad de arbitrios del 79%.
Por ello, para Rolando Cevasco, socio de Derecho Tributario de CMS Grau, las salidas al problema de seguridad, ante la situación de recursos, deben ser articuladas.
“El tema de seguridad debe resolverse de manera integral y coordinada. No debe depender de cada municipalidad, porque la recaudación puede ser mayor o menor en función de los habitantes de cada distrito. Es contraproducente que los distritos que más recauden tengan mayor seguridad que los que menos recauden”, explicó.
